Hacinados en sótanos y obligados a pagar por el transporte y la comida: así vivían 322 migrantes en fincas agrícolas de varias provincias

Hacinados en sótanos, sin apenas ventilación y en pésimas condiciones de higiene y salubridad. Así malvivían —el poco tiempo que descansaban— los 322 migrantes auxiliados por la Guardia Civil y la Policía Nacional en una macroperación contra el tráfico ilícito de trabajadores extranjeros en varias provincias. La Operación Franciskan-Everest, bautizada así por el origen nepalí de la mayoría de las víctimas, se ha saldado con 11 detenidos pertenecientes a una organización criminal que introducía a ciudadanos extranjeros de varias nacionalidades para su explotación laboral en fincas agrícolas de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza. El grueso de la operación se ha desarrollado en Albacete, con ocho registros en los municipios de Villalgordo del Júcar y La Roda.

Los trabajadores llegaban a España con visados de turista desde varios países del espacio Schengen. Una de las ramificaciones del grupo era la encargada de trasladarlos a las zonas de trabajo y de proporcionarles el alojamiento; auténticos zulos en los que dormían en colchones a ras de suelo, sin apenas ventanas y en condiciones de vida, ha explicado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, “totalmente indignas e inhumanas”. La delegada ha detallado la operación desde Albacete, acompañada por varios mandos policiales y miembros de la Inspección de Trabajo. “Una operación de enorme alcance y trascendencia que demuestra, una vez más, la capacidad, la coordinación y el compromiso de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado contra la inmigración y el tráfico ilícito de mano de obra”.

Las víctimas, 294 de ellas en situación irregular, eran trasladadas a las fincas agrícolas en furgonetas, “algunas sin reunir las debidas condiciones de seguridad”, lo que, según la delegada, provocó varios accidentes de trabajo, en los que incluso llegó a fallecer un trabajador de origen nepalí. Las víctimas pagaban “comisiones abusivas” por los desplazamientos, pero también, ha detallado Tolón, “por las viviendas que realquilaban e incluso por la comida facilitada en los lugares de trabajo”. Las jornadas laborales superaban, en muchos casos, las 12 horas y algunos trabajadores tardaban meses en cobrar algún tipo de prestación económica, suplida hasta entonces, “por una alimentación muy básica”. “Lo que hoy presentamos es la fotografía de una auténtica red de abuso laboral”, ha resumido la delegada.

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La operación policial que desmanteló una red de explotación en Albacete

Tolón ha trasladado que algunos de los trabajadores auxiliados durante la operación han sido reubicados en localidades en las que tenían lazos familiares y otros, los más desprotegidos, han iniciado su regularización en España. “Nuestro objetivo, como siempre, es proteger, acompañar y restablecer la dignidad de las personas afectadas”, ha subrayado Tolón, que ha agradecido la colaboración, en esta labor humanitaria, de la Embajada de Nepal, de asociaciones de ciudadanos nepalíes y de mediadores culturales. También de Cruz Roja y del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han proporcionado alimento y ropa de abrigo. En la operación se han intervenido teléfonos móviles, dinero en efectivo, talonarios, material informático y documentación fraudulenta, además de 12 vehículos, dos de ellos de alta gama.

Seis de los 11 detenidos por formar parte de este entramado, y a los que se suman otros dos investigados, han ingresado ya en prisión provisional y sin fianza decretada por el Juzgado de Instrucción de La Roda, que se ha hecho cargo de las actuaciones. A todos se les imputan los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y tráfico ilícito de mano de obra. “Contamos con fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado con una coordinación y una capacidad operativa ejemplares, con inspectores e inspectoras de Trabajo que realizan una labor incansable, y con un sistema judicial que actúa con determinación”, ha remarcado Milagros Tolón. “La defensa de los derechos humanos es una prioridad para el Gobierno de España y seguiremos trabajando para que ninguna persona sea explotada en nuestro país”, ha insistido.