El Supremo de EE UU se inclina por tumbar una ley que prohíbe las “terapias de conversión sexual” para menores

Kaley Chiles es una terapeuta de Colorado que trata a menudo a menores en su consulta. También es cristiana evangélica, y le gustaría poder sacar de su error a esos adolescentes que la vienen a ver con dudas sobre su orientación sexual o su identidad de género. Una ley estatal prohíbe hablar con los menores de esos asuntos a los médicos con licencia y los profesionales de la salud mental como ella. Chiles considera que esa norma ataca su derecho a la libertad de expresión, y por eso ha llevado su caso hasta el Tribunal Supremo, cuyos nueve magistrados escucharon este martes esos argumentos en la primera vista oral de gran impacto mediático del nuevo curso judicial.

Tras una sesión de una hora y media, los seis jueces conservadores del alto tribunal, que conforman una supermayoría que está cambiando las reglas de la sociedad estadounidense, dieron la impresión de estar listos para tumbar esa ley de Colorado. Se trata de uno de los 23 Estados de la Unión con normas contra esas “terapias de conversión“, que buscan convencer a los adolescentes de que no son homosexuales o que la ”disforia de género" que sienten pasará con el tiempo.

Esas terapias vivieron su edad dorada, sobre todo en las comunidades evangélicas, en los años ochenta y noventa. Fue al final de esa década cuando algunas de las principales organizaciones médicas estadounidense comenzaron a oponerse a ellas. Las consideran falsas, ineficaces y potencialmente dañinas.

Dos de esas entidades, las asociaciones estadounidenses de Psicología y de Psiquiatría, están en este caso del lado de Colorado, y han aportado un informe que asegura que “los esfuerzos por alterar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de un paciente no cumplen los criterios de un tratamiento terapéutico legítimo”.

La sentencia no se conocerá hasta el final del curso, en junio. Pero lo que decidan los jueces puede tener efectos más allá de Colorado, porque podría determinar la inconstitucionalidad de esas leyes en el resto de Estados que las tienen. Los magistrados también pueden conformarse con devolver este caso en concreto a las instancias inferiores. Esta opción es la preferida por las tres jueces liberales del Supremo, que así se expresaron en la audiencia de este martes. De ellas, fue Ketanji Brown Jackson, la última en ser nombrada, la que más decididamente se puso en contra de la demandante.

Idea o tratamiento

Las posturas enfrentadas sobre los efectos de esas terapias consumieron buena parte de la discusión en la sede del Supremo en Washington. Los jueces también se enfrentaban a un dilema esencial: si consideran que lo que hace Chiles en su consulta es expresar una idea, entonces, la Primera Enmienda la protege. Si entienden que forma parte de una terapia, la ley que Colorado aprobó en 2019 puede seguir aplicándose.

El presidente del Supremo, el conservador John Roberts, pareció este martes inclinarse por la primera de las dos teorías. “Solo porque [la demandante] esté trabajando no significa que sus palabras no estén protegidas [por la Primera Enmienda]”, afirmó John Roberts.

En el documento de la demanda, Chiles asegura que su intención no es “curar” a nadie, si no “reducir o eliminar atracciones sexuales no deseadas, cambiar comportamientos o fomentar armonía con el propio cuerpo físico”. Según Jim Campbel, el abogado de la asociación cristiana que la representa, la norma impugnada prohíbe a su cliente “ayudar a los menores”, solo por motivos políticos, y censura “opiniones ampliamente aceptadas sobre cuestiones morales y religiosas y sobre las que el debate científico está abierto”. El juez Samuel Alito, uno de los más conservadores del tribunal, se alineó rápidamente con esa idea, al considerar que Colorado está “discriminando flagrantemente ciertos puntos de vista”.

Chiles contra Salazar (por Patty Salazar, una funcionaria de Colorado) no es el único caso de este curso judicial en el Supremo estadounidense que afecta a los derechos LGTBIQ+. Los jueces también tienen previsto ocuparse de la legalidad de las normas que prohíben a las personas transgénero participar en deportes femeninos en escuelas y universidades.

En uno de los casos más importantes del curso pasado, el alto tribunal permitió a los Estados prohibir los tratamientos de género a los menores trans. En una votación de seis contra tres, sus nueve jueces dieron la razón a Tennessee y, también a los al menos 26 Estados gobernados por el Partido Republicano que han prohibido desde 2021 la administración de esos cuidados hasta los 18 años, aunque medie el consentimiento de los padres y asesoramiento médico.

La liberal Jackson se retrotrajo a ese caso para argumentar que, si entonces el tribunal se puso de parte de los Estados, “sería extraño que esta vez fuera diferente”. Cuando a eso del mediodía de Washington el presidente del Supremo levantó la sesión, quedó la impresión de que sí, de que esta vez será distinta.