Los abortos en España siguen subiendo y rozan su récord histórico

El número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) sigue subiendo en España. Según los datos del Ministerio de Sanidad, presentados este miércoles, en 2024 se registraron 106.173 abortos, unos 3.000 más que en 2023. En términos relativos, es una tasa de 12,36 por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, rozando el récord histórico (12,47), en 2011. La tendencia al alza es sostenida desde hace más de una década, y solo bajó durante el primer año de la pandemia (2020).

En estos últimos años también ha crecido notablemente el porcentaje de mujeres que abortan en las primeras ocho semanas de la gestación, hasta alcanzar la máxima cifra (76,5%) el año pasado. “Esto muestra que las mujeres están accediendo de forma temprana al sistema sanitario”, ha recalcado la ministra de Sanidad, Mónica García.

Los datos se refieren al primer año en el que estuvo plenamente en vigor la modificación de la ley del aborto, publicada en el BOE el 1 de marzo de 2023. Uno de los principales cambios fue bajar la edad del derecho a adolescentes de 16 años sin el consentimiento de sus padres o representantes legales (antes necesitaban este consentimiento).

La ley también pretende garantizar la prestación en los centros hospitalarios, por lo que insta a las administraciones a que dispongan de recursos humanos suficientes para la garantía “del derecho en todo el territorio en condiciones de equidad”.

Sin embargo, la gran mayoría de los abortos (79%) se siguen realizando en centros privados concertados con la administración, algo también contemplado en la ley. Supone, eso sí, un avance en los practicados en la red pública (en términos relativos): un 21%, tres puntos más que el año anterior.

“Sabemos que muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte. El ministerio va a ser contundente para exigir planes claros para dar la vuelta a esta situación”, ha dicho García.

La ministra ha puesto el ejemplo de Madrid, donde en los últimos 10 años se han practicado más de 162.000 IVE y apenas 177 se han realizado en hospitales públicos. “Esto es inaceptable, incumple la ley de 2023 y muestra que queda mucho camino por recorrer”, ha añadido.

La mayoría de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos por motivos no médicos son remitidas directamente a centros concertados. Y estos casos suponen un 94,6% del total. Un 2,6% fueron por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; un 2,4% por riesgo de graves anomalías en el feto y un 0,2% por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

Métodos anticonceptivos

La tasa de IVE se mantiene prácticamente idéntica entre las menores de 19 años. En el grupo de edad en la que se practican más abortos, entre 20 y 29, baja ligeramente, y crece, también de forma tenue, entre las que tienen 30 años o más.

En opinión de Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), más que una subida, los 3.000 abortos adicionales indican una estabilidad. “Hay que trabajar para que ese mantenimiento se convierta en bajada”, ha comentado a EL PAÍS.

Más educación sexual

Para ello, la experta aboga por hacer cumplir la ley: que la educación sexual llegue a todos los niveles educativos como una materia, “algo que no se ha conseguido”, y facilitar el acceso a la anticoncepción.

El informe muestra que una de cada dos mujeres que se sometieron a un aborto no usaba ningún método anticonceptivo. “Esto alerta de que no basta con garantizar el derecho, sino que debemos intensificar la salud sexual en todos los ámbitos; mejorar acceso a los anticonceptivos y eliminar barreras económicas y sociales, sobre todo en más jóvenes”, ha dicho la ministra.

El Ministerio de Sanidad trabaja para garantizar preservativos gratuitos en las farmacias entre jóvenes de entre 14 y 22 años. “Porque esta es la mejor forma de prevenir los embarazos no deseados”, ha agregado García.

La ministra se ha referido también a la medida aprobada el martes por el Ayuntamiento de Madrid a instancias de Vox, que consiste en informar a las mujeres que quieran abortar del “síndrome postaborto”, una etiqueta sin evidencia científica que según sus defensores causa depresión, alcoholismo o anorexia, entre otras dolencias.

“Es un síndrome que no existe como diagnóstico clínico. Lo que hay es una violencia camuflada por parte del Partido Popular y de Vox, que son indistinguibles”, ha dicho la ministra, que ha defendido el derecho de abortar a las mujeres sin coacciones y ha equiparado la medida al “hostigamiento y el acoso que se hace a las mujeres a las puertas de las clínicas cuando van a abortar”.

Sanidad va a estudiar jurídicamente la legalidad de la acción “de acoso y desinformación”, si se pone en marcha. García ha advertido que su departamento “todas las herramientas” para frenarla.