Vox abre una ofensiva contra las leyes LGTBIQ+ autonómicas en un desafío al PP

Una sucesión de propuestas anti LGTBIQ+ han iniciado su tramitación en siete parlamentos regionales en los últimos días. Todas a instancia de Vox. La amplia mayoría de proposiciones del partido de extrema derecha ―seis de ellas― reclaman derogar las leyes regionales LGTBI+ y trans. Así ha ocurrido en Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia. A estas seis comunidades ―todas gobernadas por el PP menos Castilla-La Mancha― se suma Cantabria, donde la cámara regional sacó adelante, con el apoyo de los populares, un veto a las mujeres trans en el deporte de élite. “Va a ser muy interesante saber si el PP sigue en su estrategia de estafar a los que les confían sus votos”, anunciaba el 17 de febrero José Antonio Fúster, portavoz nacional del partido ultra.

Desde ese anuncio, las proposiciones (de ley y no de ley) se han sucedido con un argumentario casi calcado. Con ataques al presidente del PP ―”Feijóo tiene una oportunidad de oro para cumplir su programa electoral derogando la ley LGTBI en la Región de Murcia”―; instrumentalizando la protección de la infancia como excusa para el recorte de derechos, en el caso de Extremadura; hablando de un supuesto “borrado de las mujeres”, en La Rioja; o de la “nociva ideología de género y woke”, en Castilla-La Mancha. El PSOE castellanomanchego va a tumbar la propuesta, según adelantan fuentes del Gobierno: “Lo importante es ver qué hace el PP”, remarcan.

La utilización de los derechos de las personas LGTBIQ+ por parte de Vox como arma arrojadiza contra el PP se enmarca en una estrategia más amplia de los ultras, cuya finalidad es alentar la confrontación entre Génova y los barones regionales. Muchos de estos no cuentan con mayoría suficiente para aprobar nuevos presupuestos, por lo que se han visto obligados a prorrogar los del año pasado. Así, si quieren nuevas cuentas, van a tener que hablar con la extrema derecha.

Justamente, en Murcia, donde la propuesta se debatió este martes, la formación ultra deslizó que su apoyo a las cuentas pasaba por dotar con “cero euros” a las políticas de apoyo a las personas LGTBI+. Entre interrupciones y críticas, el PP rechazó la derogación de la ley LGTBI+ ―que fue impulsada hace 9 años por ellos mismos― porque “no responde a una necesidad de la sociedad murciana, sino a una irresponsable estrategia política que juega con los derechos de las personas”, en palabras de la diputada popular María Casajús.

Las maniobras divisivas de Vox contra los conservadores se escenificaron también la semana pasada en la Asamblea de Madrid. En esa cámara, la extrema derecha demandaba derogar la ley trans madrileña, aprobada también en 2016 por los populares, con Cristina Cifuentes como presidenta. El PP ―que cuenta con mayoría absoluta en la asamblea madrileña y que ya recortó esa norma el año pasado― también se opuso tras otro debate bronco y lleno de reproches.

En España hay 19 leyes autonómicas que protegen al colectivo: 12 para las personas LGTBI+ y siete específicas para la realidad trans. Excepto Castilla y León y Asturias ―donde “antes de que termine la legislatura, tendrá ley LGTBI”, en palabras del consejero de derechos ciudadanos asturiano―; el resto de comunidades tienen alguna (Andalucía, Madrid, Valencia y Aragón, ambas). Las primeras fueron aprobadas en 2012; las últimas en 2022. Un año después se aprobó la norma nacional (para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como ley trans).

“Nosotros, el grupo popular, hemos advertido de los peligros de las leyes sectarias, como la ley trans nacional, que borra a las mujeres, que deja desprotegida la infancia. Y hemos actuado, hemos modificado la ley sobre la que tenemos competencia”, afirmó la diputada conservadora Mónica Lavín en la asamblea madrileña el 20 de febrero, cuando se trató el asunto.

“No vengan a escenificar una pugna contra el Partido Popular. Una cosa es estar en contra de la ley trans nacional y otra muy distinta, reclamar la derogación total de la ley madrileña, que es justa y necesaria y de cuya reforma, les recuerdo, votaron a favor hace tan solo un año y con mucho entusiasmo”, continuó la también portavoz en la comisión de familia y asuntos sociales, además de secretaria de familia del PP madrileño.

“Como aves de rapiña, vienen a llevarse los jirones [de la ley] que ha dejado el Partido Popular”, replicó Carla Antonelli, diputada por Más Madrid. Aunque las personas trans representan entre el 0,3 y el 0,5% de la población mundial, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, “afirman sin pudor que somos un peligro para la sociedad: nos quieren convertir en las villanas del mundo. Su objetivo es nuestra desaparición. Quieren borrarnos, exterminarnos”, añadió la también senadora.

“Siembran odio para que una turba luego se encargue de nosotras. Con esta [petición de] derogación buscan dar cobertura legal a la violencia contra las personas trans. Quieren que los niños y las niñas sean acosados, minados hasta el extremo del suicidio. Ustedes forman parte de la internacional reaccionaria, son una caricatura grotesca de la maldad y una aberración democrática. Han hecho de nuestros cuerpos su saco de boxeo. El lugar donde descargan su furia, sus frustraciones y su miseria moral. Somos su cortina de humo perfecta”, argumentó con contundencia Antonelli, cuya intervención en la Asamblea se ha viralizado esta semana (concretamente, la idea: “[Las personas trans] No vamos a volver a los márgenes”).

Al igual que en Madrid y Murcia, el bronco debate se replicará, previsiblemente, en el resto de parlamentos autonómicos, según se vayan tratando las propuestas de la extrema derecha. “Feijóo [ha dicho que] derogará la ley trans del Gobierno cuando sea presidente. Lo normal es que ustedes ayuden al señor Feijóo a cumplir esa promesa y deroguen su ley autonómica”, argumentó Fúster durante el debate en la asamblea madrileña, pues también es diputado regional de la extrema derecha. Y añadió un dardo: “Salvo que la indisimulada ambición nacional de la señora Ayuso rechace la idea de que Feijóo sea presidente”.