Gobierno y comunidades logran un acuerdo para mejorar la atención temprana en menores de seis años

Gobierno y comunidades han alcanzado un acuerdo estatal para mejorar la atención temprana a menores de seis años con problemas en su desarrollo y reducir los tiempos de espera, para que sean intervenidos en 45 días como máximo desde que se detecta un caso.

Los ministerios de Derechos Sociales y de Sanidad se han reunido este viernes con los gobiernos autonómicos en una Conferencia Multisectorial, en la que se ha aprobado un documento que establece el marco de calidad común para asegurar a niños y niñas de 0 a 6 años el derecho a una atención temprana de calidad, eficaz y gratuita. La atención temprana está dirigida a menores en las primeras etapas de su vida que presenten trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos. En 2023, casi 130.000 pequeños necesitaron recurrir a este recurso (el 5,4% de la población entre 0 y 6 años), según la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana,

El acuerdo incluye una dotación económica de casi 42 millones de euros que el departamento de Pablo Bustinduy repartirá entre las comunidades con cargo al Fondo Social Europeo Plus. Y fija el plazo máximo para intervenir desde que se detecta un caso que presente riesgo evolutivo, con el objetivo de que todos los niños tengan acceso adecuado a la atención temprana, independientemente de su lugar de residencia y circunstancias familiares y sociales. Ese límite de 45 días es el que recomienda Garantía Infantil Europea y también el Consejo de la Unión Europea, según aprobó en 2021 de manera unánime.

Para garantizar un desarrollo infantil saludable, que prevenga situaciones agravadas de discapacidad o dependencia, el período de 0 a 6 años es clave, señala la evidencia científica. Es una etapa crucial y crítica y cuando se sientan las bases del desarrollo a nivel físico, cognitivo, emocional y social.

De ahí que desde Derechos Sociales y Sanidad recuerda la importancia de reducir la espera en atención temprana y alertan de las consecuencias graves que pueden impactar en niños y niñas que lo necesiten si no se cuenta con un sistema público de calidad. Entre ellas, se pueden ver comprometidas sus capacidades cognitivas y sociales, desarrollar problemas de salud y nutrición, tener dificultades educativas, o ver limitadas sus oportunidades de inclusión plena o de alcanzar su pleno potencial.

Asimismo, inciden desde ambos ministerios, la falta de un sistema eficaz y gratuito aumenta el riesgo de exclusión social para muchas familias que se ven obligadas a suplir las carencias con sus propios recursos económicos, con su tiempo y energía.

El acuerdo aprobado este lunes contempla que todas las comunidades dispongan de una Red de Atención Temprana. Para ello, los gobiernos autonómicos deberán disponer de una norma que regule específicamente la materia, estableciendo los mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas.

El sistema debe también interconectar los departamentos que forman parte del proceso, así como ordenar y regular su participación: equipos de atención primaria, profesorado, profesionales de los servicios sociales, etc. En este grupo de medidas se deben establecer, además, las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad, resumen desde los ministerios.

El documento recoge medidas para garantizar la valoración e intervención integral, adaptando los procesos a la realidad y ritmos de cada menor, y de sus familias, con las que se establecerá un diálogo permanente. La nueva orientación apuesta por actuar en los entornos naturales de los niños y niñas (el hogar, el parque, etc.) y por un enfoque biopsicosocial que atienda todos los condicionantes del desarrollo.

El plazo temporal para la implantación de estas medidas será el año 2030, que será cuando se haga una evaluación final, y coincidirá con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030).