El Supremo de Estados Unidos decidirá sobre la legalidad del primer colegio concertado religioso

La tradición constitucional estadounidense mantiene un “muro de separación” entre Iglesia y Estado, según la expresión utilizada en 1802 por el presidente Thomas Jefferson al glosar la Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión y de creencias. El actual Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, empezó a abrir grietas en ese muro con algunas de sus sentencias. Este viernes, ha admitido pronunciarse sobre el caso de un centro católico que aspira a ser un colegio concertado. La decisión de los jueces sentará doctrina sobre si pueden financiarse colegios religiosos con fondos públicos.

En el caso St. Isidore of Seville contra Drummond, los jueces analizarán la petición de un colegio que spira a dar sus clases a distancia y ofrecer educación gratuita costeada por el Estado de Oklahoma. Las autoridades educativas dieron luz verde a su petición, pero el Tribunal Supremo de Oklahoma anuló la aprobación del centro en virtud de esa separación entre Iglesia y Estado.

Los promotores del colegio y grupos conservadores que lo apoyan acudieron al Supremo, que ha admitido a trámite el caso en una escueta resolución dictada este viernes. En ella figura que la magistrada católica Amy Coney Barrett se ha abstenido, aunque sin explicar las causas.

Los recursos ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos se formulan en forma de preguntas. Las que se plantean en este caso son las siguientes. Primero, si las opciones académicas y pedagógicas de una escuela de propiedad y gestión privadas constituyen una acción estatal por el mero hecho de contratar con el Estado para ofrecer una opción educativa gratuita a los alumnos interesados. Segundo, si un Estado viola la cláusula de libertad de culto al excluir a las escuelas religiosas de gestión privada del programa de escuelas concertadas del Estado únicamente porque las escuelas son religiosas.

La actual mayoría conservadora del Tribunal Supremo ha ido abriendo paso a la religión en los colegios con sentencias como la que admitió un programa de incentivos fiscales a los donantes de un fondo de becas que proporcionaba dinero a las escuelas cristianas para los gastos de matrícula en Maine, la que declaró constitucionales las becas para acudir a colegios religiosos en Maine o la que concedió amparo al entrenador de un equipo de un colegio estatal para rezar tras los partidos en la cancha. El recurso del colegio de Oklahoma cita esos precedentes en que la mayoría indicó que la cláusula de libre ejercicio del culto prohíbe que un Estado deniegue a una escuela los beneficios generalmente disponibles por el mero hecho de ser religiosa.

Este caso tiene un calado aún mayor. En Estados Unidos, los colegios públicos son laicos (aunque algunos Estados están abriendo paso al culto en ellos, como Luisiana, que aprobó exhibir los Diez Mandamientos en clase) y los colegios privados pueden ser laicos o religiosos. En medio, los colegios concertados hasta ahora son también laicos, de modo que si se abre esa espita, colegios privados religiosos podrían aspirar a conciertos para beneficiarse de los fondos públicos.

El Tribunal Supremo de Oklahoma sostuvo, en una sentencia dictada por siete votos a favor y uno en contra, que la Primera Enmienda de la Constitución, que prohíbe al Estado apoyar una religión concreta, y las propias leyes de Oklahoma destinadas a crear “una completa separación entre Iglesia y Estado” obligaban al tribunal a denegar al peticionario los beneficios de la Ley de Colegios Concertados de Oklahoma.

En su conclusión, la sentencia recurrida decía: “Según la ley de Oklahoma, una escuela concertada es una escuela pública. Como tal, una escuela concertada no debe ser sectaria. Sin embargo, St. Isidore evangelizaría el currículo de la escuela católica al tiempo que estaría patrocinada por el Estado”. Y añadía: St. Isidore no puede justificar su creación invocando derechos de libre ejercicio como entidad religiosa. Isidore se creó a través de su concierto con el Estado y funcionaría como un componente del sistema escolar público del Estado. Este caso gira en torno a las enseñanzas y actividades religiosas contratadas por el Estado a través de un nuevo sistema de escuela pública concertada, no la exclusión de una entidad religiosa por parte del Estado”. Concluía que “el contrato de St. Isidore viola las leyes estatales y federales y es inconstitucional”.