Solo seis autonomías cumplen la ratio de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años en las residencias

El número de plazas en residencias para personas mayores en España descendió hasta las 395.065 en el año 2024, 3.510 menos que en 2023, siendo la primera vez que se registra un descenso interanual en los últimos 10 años (desde 2014), según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que este martes ha presentado los últimos datos disponibles sobre la situación y la evolución de los servicios residenciales en España. Su análisis advierte de que el déficit de plazas “aumenta tras la pandemia” porque en los años 2021, 2022 y 2023 se incrementaron en 6.031 las plazas residenciales, pero la población mayor de 65 años creció en más de 600.000 personas durante este trienio.

Esta escasez va en aumento. Si en 2014 faltaban 53.103 puestos para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aclara que ahora serían necesarias 89.324 plazas residenciales para lograr el objetivo. Solo seis autonomías cumplen con este requisito: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, La Rioja y Asturias. Y únicamente las dos primeras alcanzan esta ratio con plazas de financiación pública.

Además, son necesarias al menos 35.000 plazas residenciales para las personas con dependencia severa (grado II) y los ciudadanos conocidos como grandes dependientes (grado III). Según los últimos datos oficiales del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, publicados en diciembre, 34.622 personas con dependencia severa de segundo grado y 17.420 ciudadanos grandes dependientes están en lista de espera para ser atendidos.

15.732 residentes en España tienen una prestación no efectiva, lo que eleva el número hasta las 133.376 personas, de las cuales, un 57% demandaría un servicio residencial con plaza pública o concertada, o una prestación económica vinculada a este recurso. Por ello, son necesarios unos 35.000 puestos residenciales solo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia.

Los datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) indican un retroceso del sector residencial en 2023, tanto en el número absoluto de plazas como en el índice de cobertura, el más bajo de toda la serie desde 2010.

“La ocupación total alcanza el 84,1% de las plazas con 332.431 personas usuarias, lo cual pone de manifiesto que las residencias son una gran necesidad en nuestro país por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y la necesidad de cuidados de larga duración”, defiende la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Por comunidades autónomas, el análisis indica que aquellas con mayor déficit de plazas son Andalucía y la Comunidad Valencia, con 35.857 y 24.801, respectivamente. Entre las dos suponen más de las tres cuartas partes de la escasez nacional. Mientras, en seis comunidades hay un exceso de plazas, por ejemplo, en Castilla y León, con 17.234. Por su parte, Navarra, Cantabria y La Rioja son las autonomías con mayor equilibrio en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años.

Además, el análisis destaca que siete de cada 10 plazas residenciales de mayores son de financiación pública, un total de 275.094, frente a las 119.971 exclusivamente privadas. Esta cifra incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

De los datos también se desprende que el número de plazas de financiación pública ha aumentado “ligeramente” desde 2015, hasta alcanzar 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Las comunidades con mayor cobertura pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana se sitúan a la cola.

Desinstitucionalización

El Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023 junto a las autonomías una estrategia de desinstitucionalización para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar. Si se cumple este objetivo, se reduciría la necesidad de obtener plazas residenciales, una meta que se complementa con la humanización de los centros en un nuevo modelo residencial. Pero la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales asegura que no se han dado pasos decididos en esta estrategia.

La media de edad de las personas mayores que viven en residencias se sitúa en torno a los 85 años. Cada vez son más mayores, en parte por el aumento de la esperanza de vida y porque los ciudadanos desean cada vez más permanecer en su propia casa el mayor tiempo posible.

En 2023 los servicios de atención a domicilio se mantenían en una cobertura del 5,5%, sólo seis décimas por encima de 2019. Por otra parte, la media de cuidados sólo alcanza las 21 horas mensuales, el mismo número que en 2012.

“Estos datos tan pobres y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o la de sus familiares, y casi siempre en prejuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres”, expresa la asociación.

El Ministerio de Derechos Sociales publicó en abril de 2024 el primer Censo de Centros Residenciales en España, en el marco del Plan Estadístico Nacional, pero sus datos diferían de manera importante de los del tradicional Informe Mayores presentados por el IMSERSO, perteneciente al mismo organismo. Frente a las 398.575 plazas del estudio, el censo ofrecía el dato de 323.272 registradas. Existe el compromiso de actualizar los datos en 2024.

“Solicitamos al IMSERSO que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y las demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas, los proveedores y las entidades del sector. Unas referencias imprescindibles, ya que todavía se siguen creando centros residenciales a golpe de promesa electoral”, reivindican desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Aseguran que frente a estas prácticas debe prevalecer una planificación racional, de manera que, si hay que construir nuevos centros, se haga allí donde viven las personas que las necesitan y sus familiares, ya que la sociedad demanda que las residencias sean auténticos servicios de proximidad.