Prostitución con contrato, derechos laborales y seguridad social en Bélgica

La mañana arranca despacio en la rue d’Aerschot, el ‘barrio rojo’ de Bruselas. A solo unos centenares de metros, hace rato que abrieron los mercados y tiendas, muchas de ellas con sus escaparates llenos de hijabs, niqabs y otras vestimentas para cubrir de pies a cabeza a musulmanas de esta comuna belga de alta población migrante. Mientras, en las “vitrinas” de esta calle aledaña a las vías de tren, mujeres de distintas edades y nacionalidades, pero todas vestidas con escasa ropa interior y tacones imposibles, se preparan para exponer su propio producto: el cuerpo.

Algunas de ellas, aunque de lejos no todas, pueden ya, al menos, empezar a regular su situación: el 1 de diciembre, Bélgica se convirtió en el primer país que cuenta con un contrato de trabajo formal para quienes se dedican al “oficio más antiguo del mundo”. Y, también, el más polémico. Como lo es la decisión belga de regular un entorno enormemente identificado con la explotación sexual y la trata de seres humanos.

Los defensores de esta ley, que han saludado organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Planned Partenthood International, afirman que permitirá a muchas de las “trabajadoras (o trabajadores) del sexo”, como las denominan en Bélgica, acabar con la estigmatización y disfrutar de protecciones y derechos básicos como cualquier otro trabajador, desde una baja por enfermedad a derecho al paro o una pensión.

Con esta ley “salimos de las sombras después de décadas trabajando en los márgenes de la sociedad y se regula esta actividad: eso nos proporciona un marco laboral para dar derechos a las personas igual que en otras actividades”, celebra Isabelle Jaramillo, coordinadora de Espace P, una asociación con sede en el barrio rojo bruselense que ofrece ayuda y asistencia médica a las mujeres que venden su cuerpo.

Bélgica se convirtió en 2022 en el segundo país del mundo, tras Nueva Zelanda, en despenalizar la prostitución. Sin embargo, desde entonces y hasta que el pasado mayo se aprobó la ley que ha entrado ahora en vigor para ofrecer contratos a las prostitutas, estas se movían en una zona gris donde su trabajo era tolerado, pero no reconocido.

Augé es una joven de Lieja que se dedica abiertamente a la prostitución. Lo cuenta en las redes sociales, donde intenta “deconstruir la estigmatización” de este oficio que asegura eligió de forma voluntaria. “La respuesta, a menudo, es que no es un trabajo de verdad. Bueno, pues ahora sí, ahora es un trabajo con estatus de asalariado, incluso la ley lo reconoce, esto permitirá cerrar un poco la boca a toda la gente que alimenta el estigma de los trabajadores del sexo en la sociedad. Va a ser un gran paso”, confía.

Hasta ahora, las prostitutas solo podían registrarse como autónomas, con menos prestaciones que un contrato de trabajo por cuenta ajena como el ahora creado, que además ofrece seguridades especiales: las habitaciones donde se trabaja deberán tener un botón de alarma y la prostituta tiene derecho a rechazar a clientes y actos sexuales sin miedo a ser despedida. Además, en un caso único en la ley laboral belga, las empleadas pueden dimitir sin preaviso y acceder al paro siempre que hayan cumplido con los días mínimos trabajados establecidos para todo trabajador por la normativa nacional.

“La única cosa que hasta ahora era igual entre una persona obligada a prostituirse y otra que lo hace voluntariamente era la ausencia de derechos”, señala Manon, otra prostituta que defiende la nueva ley también porque, confía, permitirá a las mujeres defenderse de los “patrones abusivos”. La normativa “proporciona un marco legal para protestar, es algo de lo que no disponíamos hasta ahora”.

Sus detractores temen, por el contrario, un blanqueamiento del proxenetismo (aunque legalmente sigue estando prohibido y penalizado) y un paso atrás en la lucha por la igualdad de las mujeres. “Incluso tras el movimiento #MeToo y las sucesivas olas de feminismo, Bélgica continúa organizando, regulando y legislando el acceso a los cuerpos de mujeres vulnerables que siguen sexualmente disponibles para clientes predominantemente masculinos. Y esto sucede sin analizar de manera crítica lo que significa comprar sexo en una sociedad que afirma defender la igualdad entre mujeres y hombres”, critica la asociación Isala, que busca ayudar a las personas que se prostituyen a salir de ese medio.

Nadie se engaña: esta ley no es la panacea y, desde luego, no resolverá muchos de los problemas tan relacionados con una actividad que se nutre ampliamente de las personas más vulnerables. De hecho, solo una pequeña parte de las personas vinculadas a la prostitución, que se calcula en unas 25.000 en Bélgica (no hay datos oficiales) se acabará acogiendo a la ley, porque esta no se aplica para el sexo online o para quienes se dediquen como actividad secundaria a ello. Para poder recibir un contrato, las prostitutas deben estar además registradas, lo que excluye a quienes operan en la ilegalidad. Utsopi, el sindicato belga de los trabajadores del sexo, estima que unas 5.000 personas podrán beneficiarse de una ley que, pese a todo, confían sus defensores, permitirá también identificar mejor los casos de explotación.

Otra de las grandes dudas es la cuestión salarial: más allá de que se establece una base a partir del salario mínimo interprofesional, ni futuros empleadores, ni prostitutas a la espera de obtener un contrato, ni los sindicatos tienen claro cómo se regulará un sector en el que gran parte del dinero circula en negro.

La respuesta a las dudas, críticas y miedos, pero también esperanzas, aún no ha llegado: no hay datos que permitan analizar el impacto de esta ley que va más lejos que otros intentos de regular la prostitución, como Alemania y Países Bajos, que reconocen el trabajo del sexo, pero que no han establecido, como Bélgica, un marco jurídico específico para la actividad. Al Ministerio de Trabajo belga no le consta todavía ningún contrato de este tipo. No es extraño: el 1 de diciembre era el día en que entraba en vigor la ley, pero también el primero en que podía empezar a realizarse el largo trámite burocrático para establecer este tipo de negocio, que requiere, como especifica la ley, la existencia de “un empleador autorizado en virtud de un contrato de trabajo”, que es el que posteriormente realizará los contratos a las trabajadoras y trabajadores de sexo con las garantías y derechos laborales especificados en la nueva normativa.

“Estamos al comienzo de una enorme transición de larga duración, hay muchas cosas aún por hacer, no es el final de esta lucha”, advierte Daan Bauwens, responsable de políticas de Utsopi, que cree que se tardará algunos años en poder valorar los efectos de esta ley pionera.

Entre los que ya han iniciado el proceso para acomodar su negocio a la nueva ley están Alexandra y Kris, dueños de un salón de masajes eróticos “y algo más” en la municipalidad flamenca de Bekkevoort.

Hasta ahora, la docena de mujeres que emplean lo hacen como autónomas o con contratos de peluquera, masajista o camarera, que es la forma en que funcionan muchos de estos negocios en la zona gris que supone una prostitución despenalizada pero no reconocida laboralmente. El problema: generalmente, esos contratos son por la mínima y por menos horas que las trabajadas en realidad, lo que conlleva tener menos prestaciones sociales, algo que la nueva ley busca remediar. La normativa también impone fuertes condiciones a los “empleadores”: tienen que registrar una sociedad con sede en el país, deben estar perfectamente identificados y, sobre todo, carecer de antecedentes penales.

“La nueva ley va a cerrar algunos de los lugares malos que había que cerrar, va a ser mejor para todos, las mujeres podrán unirse a clubes o salones de masaje como este, donde puedan trabajar de manera segura, con tranquilidad”, dice Kris quien, mientras su abogado prepara la documentación, ya ha empezado a hacer algunas de las reformas requeridas, como instalar botones de alarma. Todo ello necesita de una buena inversión, pero ambos creen que la ley también les permitirá a ellos salir de la estigmatización social que les dificulta expandirse. “La respuesta de bancos y aseguradoras hasta ahora siempre es no, no, no”, lamenta Alexandra. “Esperamos que la nueva ley cambie esto, aquí tenemos un buen negocio, tenemos que expandirnos, pero no podemos hacerlo sin un préstamo bancario”, lamenta Kris. Según una encuesta realizada en 2024, el 85% de las personas que trabajan en la prostitución no revelan su profesión a su banco, muchos de los cuales se niegan a abrirles una cuenta o se la cierran bruscamente cuando averiguan el origen de sus ingresos.

El estigma social se da en todos los estamentos y no va a acabar de golpe con una ley, reconocen todos. También, que pese a contar ahora con un marco legal, la prostitución no es ni será nunca un trabajo cualquiera. Pero esa no es la cuestión, afirman los defensores de la ley. “Espero que se logre una normalización del trabajo del sexo. No hablo de hacerlo glamuroso, no digo que haya que considerarlo un trabajo como otro cualquiera, simplemente, que se considere un trabajo, con sus especificidades”, espera Manon. Acota Isabelle Jaramillo: “Jamás será considerado un trabajo como otro cualquiera, pero al menos, en términos de accesibilidad a derechos, sí, la base será la misma. Eso es lo importante”.