Tras cinco años de ley contra la prostitución en Francia, solo 161 mujeres han dejado la calle

Francia celebra este martes con sentimientos encontrados el quinto aniversario de la entrada en vigor de su ley contra la prostitución. La normativa, que supuso un cambio de paradigma al penalizar al cliente y no a las prostitutas, siguiendo el denominado modelo sueco, dividió desde el principio a las asociaciones sobre el asunto, parte de las cuales siguen defendiendo hasta hoy su conveniencia, aunque lamentan la falta de recursos, frente a otras que afirman que ha provocado una precarización aún más fuerte de un sector ya de por sí muy marginalizado. En lo que coinciden todas es en los magros logros cosechados hasta la fecha: solo 161 mujeres han completado el programa previsto por la ley para abandonar esa actividad, en un país donde se estima que hasta 40.000 personas ejercen la prostitución.

La senadora centrista Annick Billon, presidenta de la delegación de los derechos de las mujeres, resumía recientemente esos sentimientos encontrados. La ley supone “un avance considerable, un cambio de paradigma, pero su implementación no está necesariamente a la altura de nuestras esperanzas”, dijo.

La normativa, que entró en vigor el 13 de abril de 2016, prevé multas de 1.500 euros (3.750 en caso de reincidencia) para los clientes de prostitutas, a las que se dejó de penalizar por ejercer. A la par, establece un programa de dos años para ayudar e incentivar que las mujeres abandonen la prostitución, con unas ayudas económicas para la reinserción profesional y la regulación de la situación para las personas indocumentadas que buscan integrarlas en la sociedad. Pero el importe de estas, de 330 euros mensuales, es una cifra absolutamente insuficiente, según coinciden críticos y defensores de la ley. Los tiempos y requisitos establecidos para ello —la obligación de abandonar la prostitución antes de poder entrar en el programa, así como una gran burocracia y divergencia de criterios según departamentos— son también cuestionados en diverso grado por ambos bandos.

Desde 2017, un total de 564 personas se han podido beneficiar de este denominado “recorrido de salida de la prostitución”, que por el momento han completado 161 de ellas, según datos oficiales proporcionados a este periódico. Entre 2016 y 2018, las autoridades impusieron además 3.200 multas a clientes, y 2.000 más en 2019. Unas cifras muy bajas en relación con el día a día de la prostitución en Francia, que ejercen entre 30.000 y 40.000 personas en el país y que, al menos hasta que entró en vigor la ley, movía más de 3.200 millones de euros anuales.

“Falta de un pilotaje nacional”

Un informe oficial de evaluación de la ley que debería haberse entregado en abril de 2018, pero que solo fue hecho público en junio del año pasado, constata que “su implementación se ha visto considerablemente frenada por una ausencia de compromiso de los poderes públicos”. El principal problema, señalaba, era la “falta de un pilotaje nacional” que ha derivado en una “aplicación débil de ciertas medidas”, como las campañas de educación, y en una “heterogeneidad de prácticas en el territorio”, con diferencias grandes entre los departamentos a la hora de establecer los requisitos del programa de reinserción social. A todo ello se une la ausencia de medios para que la norma sea eficaz. “Si la ley ha reafirmado el compromiso abolicionista de Francia, no ha desplegado suficientes medios para lograr ese objetivo”, resume la evaluación oficial.

“No es la ley lo que se cuestiona, sino su implementación, que debe ser total”, coinciden fuentes de Mouvement du Nid, una de las principales asociaciones abolicionistas. La ley de 2016 “es eficaz porque es justa y equilibrada”, sostienen; el problema es que falta que sea realmente aplicada en todo el territorio. Y para ello, subrayan, hacen falta medios. El Gobierno debería garantizar 2.400 millones de euros en la próxima década —240 millones anuales para que 4.000 prostitutas puedan entrar cada año en el programa de integración— para asegurar que “las 40.000 personas en situación de prostitución puedan efectivamente integrarse de forma plena en la sociedad”, señalan las organizaciones, que reclaman también campañas de sensibilización y una “voluntad política clara del Gobierno”.

No se trata de más o menos dinero, sino de un planteamiento de base equivocado, replican las asociaciones que reclaman desde hace años la retirada total de la ley que, afirman, solo ha contribuido a estigmatizar y precarizar más a unas personas tradicionalmente sumidas en la marginación social. “No celebramos este aniversario, deploramos que, cinco años después, nos veamos obligados a recordar que todo lo que pasa lo habíamos previsto y que prevenimos de ello a los parlamentarios”, dijo este lunes en rueda de prensa Irène Aboudaram, de Médicos del Mundo Francia. Esta es una de las asociaciones que, en 2019, llevaron la ley de la prostitución ante el Consejo Constitucional, en un intento infructuoso —el organismo validó la normativa— de cuestionar la ley. Según argumentaron entonces y sostienen hasta hoy, esta ha provocado desde su entrada en vigor un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas que ejercen la prostitución, con menores ingresos y una mayor exposición a la violencia y a prácticas de riesgo, ya que muchos clientes, bajo el argumento de que los que se exponen ahora son ellos, reclaman renegociar los precios o las condiciones, como el uso de preservativo. Para June Charlot, de la asociación de acompañamiento de prostitutas en Toulouse Grisélidis, “esta ley se vendió como que iba a salvar a estas mujeres de la prostitución, pero no se puso ningún dispositivo para acompañarlas dignamente”.