El Consejo Constitucional francés avala penalizar al cliente de la prostitución

La ley sobre prostitución que desde 2016 penaliza en Francia al cliente y no a las mujeres que se prostituyen es “conforme” a la ley. Así lo decidió este viernes el Consejo Constitucional, el máximo órgano de consulta sobre la constitucionalidad de las leyes francesas, tras analizar una petición de varias organizaciones que pedían su rechazo al considerar que no solo atenta contra las libertades personal y empresarial, sino que, además, ha provocado un empeoramiento de las condiciones de trabajo y seguridad de las prostitutas.

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Según los “sabios” del Consejo Constitucional, compuesto entre otros por los ex primeros ministros Laurent Fabius y Lionel Jospin, con la ley que penaliza al cliente, los legisladores buscaban, “privar al proxenetismo de fuentes de beneficios, luchar contra esa actividad y contra la trata humana con fines de explotación sexual”, que son, recuerdan, “actividades criminales basadas en la coacción y la esclavitud del ser humano". En este sentido, continúan, “los legisladores garantizaron una conciliación que no es manifiestamente desequilibrada entre, por una parte, el objetivo de valor constitucional de salvaguardar el orden público y de prevención de infracciones y la salvaguarda de la dignidad humana y, por otro lado, la libertad personal”.

La normativa, una promesa de campaña del socialista François Hollande, fue finalmente aprobada en abril de 2016, tras más de dos años de debates, y dio un giro a la lucha contra la prostitución al dejar de  penalizar a las prostitutas para concentrarse en los clientes, para los que prevé multas de 1.500 a 3.750 euros (para reincidentes) por contratar servicios sexuales. Asimismo, a los sancionados se les puede obligar a seguir cursos de sensibilización. La ley también prevé ayudas y un acompañamiento, incluso la posibilidad de obtener un permiso temporal de residencia para las mujeres que busquen dejar la prostitución. Con la aprobación de esta ley, Francia se convirtió en el quinto país europeo en multar a los clientes de prostitutas, una iniciativa que implementó por primera vez Suecia, en 1999.

En abril de 2018, un informe avalado por la sección francesa de Médicos del Mundo denunció sin embargo los efectos negativos de la ley en el desempeño de estas mujeres, que según el estudio son ahora más vulnerables, se ven obligadas —por la caída de la demanda y por tanto de ingresos— a aceptar en mayor medida prácticas de riesgo como el sexo sin preservativo y a ejercer la prostitución en lugares más escondidos, lo cual conlleva además un mayor riesgo para su integridad e invisibilidad. Varias organizaciones y prostitutas emprendieron una senda legal para reclamar la derogación de la ley que llegó, la semana pasada, al Consejo Constitucional, que acaba de rechazar sus argumentos al validar la postura al respecto emitida en su momento por los legisladores.

“Es una decisión histórica”, se felicitó Grégoire Théry, secretario general de Mouvement du Nid, una organización que lucha por la abolición de la prostitución y que fue una de las que defendieron la ley de 2016 ante el Consejo la semana pasada. “El Constitucional tenía ante sí dos grandes opciones del tipo de sociedad (…) el validado hoy es un gran contrato social protector, muy ambicioso, en el que rechazamos que el poder y la ley del mercado rijan nuestras vidas y nuestras relaciones afectivas y sexuales, un gran contrato social con el que protegemos a todo el mundo, sobre todo a los más vulnerables, y un contrato social con el que el cuerpo humano, la sexualidad, no están a la venta, donde no se impone un acto sexual y se reconoce el deseo recíproco y el respeto al consentimiento. Lo que se proponía frente a esto era un contrato ultraliberal de la prostitución que sería un simple mercado”, sostuvo. Según Théry, esta decisión ratifica la postura adoptada por Francia desde 2011, cuando los legisladores declararon unánimemente que “Francia era un país abolicionista en materia de prostitución y, por primera vez, calificó la prostitución como violencia contra las mujeres”. La decisión servirá, confió, “para clausurar este debate”.

Un extremo que no está tan claro. La decisión del Consejo fue saludada por el Gobierno, por instituciones como el Alto Consejo para la Igualdad, políticos y por las múltiples organizaciones feministas que apoyan la postura abolicionista de la prostitución, un posicionamiento que también cuenta, según una reciente encuesta, con un mayoritario (71%) apoyo de la sociedad francesa, que apoya la ley de 2016. Sin embargo, la sección francesa de Médicos del Mundo y las asociaciones —de apoyo a prostitutas, pero también algunas feministas, como la presidenta de Planning Familial, Carine Favier— que pedían la derogación de la ley, calificaron de “grave error” el fallo del Constitucional y anunciaron su intención de seguir combatiendo la normativa.

Los activistas anunciaron que estudiarán llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Además, las organizaciones, que reclamaron que el Gobierno publique de una vez la evaluación de la ley que debería haberse conocido el año pasado, a los dos años de su implementación, anunciaron que redoblarán la presión sobre los legisladores para que “asuman de inmediato las consecuencias del catastrófico impacto sanitario y de seguridad que la penalización de los clientes tiene sobre las personas que se prostituyan”.

La secretaria de Estado para la Igualdad Mujer-Hombre, Marlène Schiappa, había expresado la víspera su confianza en que el Consejo Constitucional mantuviera una ley “buena”, aunque no cerró la puerta a posibles “mejoras”. Tras conocer su decisión, afirmó que "las prostitutas deben estar vinculadas plenamente a todas las decisiones políticas que les conciernen" y, por tanto, aseguró que seguirá "consultándoles de forma regular".