Un colegio de Bilbao deberá pagar 40.000 euros por no actuar ante el acoso a una niña de 5 años

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao ha condenado al colegio religioso Nuestra Señora de Begoña a pagar 40.000 euros a una familia por no actuar ante el acoso escolar sufrido por su hija cuando tenía 5 años. En el curso 2021-2022 la niña padeció “constantes agresiones” físicas e incluso de índole sexual, intimidación y acoso por parte de una compañera de clase durante meses y hasta que los padres decidieron cambiarla de centro, según la sentencia.

El fallo hace constar que la víctima sufrió “una sucesión de agresiones de carácter grave” protagonizadas por otra menor “en el aula, en el comedor, en las escaleras y en los baños del centro docente”. “No se trató de una situación aislada o puntual”, se recoge en la sentencia, pues el acoso se prolongó “durante meses” desde septiembre de 2021 hasta marzo de 2022 y “sin que se lograse articular alguna solución que pusiera fin a la misma” por parte del centro concertado, ubicado en el barrio Santutxu de la misma capital.

El juzgado concluye que las pruebas muestran “de forma clara y sin asomo de duda” que ante estos hechos el centro educativo “fracasó a la hora de resolver lo sucedido y garantizar la protección de la menor” agredida por su compañera. La demanda interpuesta por los padres de la menor se estima íntegramente y puede ser recurrida ante la Audiencia provincial de Bizkaia.

La abogada Celia Larrocea, que ha defendido a la familia de la menor acosada, sostiene que la sentencia es “histórica” pues es “la primera vez que se condena a un centro educativo en la jurisdicción civil” por un caso de bullying en una etapa de educación infantil, porque “no es habitual” que sucedan hechos de esta gravedad, y en una cuantía económica tan elevada.

La resolución judicial da validez al testimonio y los informes presentados por la psiquiatra que atendió a la menor, quien encontró “extraordinariamente enferma” a la paciente, con un cuadro propio de estrés postraumático severo “como reacción a una situación de maltrato y abuso de naturaleza sexual a manos de una niña un año mayor”. La maltratadora desplegó una sucesión de agresiones físicas “calculadas”: “Irrumpió en el baño para quitarle los pantalones cuando se encontraba haciendo sus necesidades y en otras le introdujo rotuladores en la vagina”, consta en la sentencia. También expone que se produjeron “empujones, tirones de pelo, patadas, vejaciones (tocamientos en zonas íntimas) y comportamientos intimidatorios (rotura de objetos, conductas coactivas para impedir comer)”.

Las pruebas practicas durante el juicio muestran que el centro demandado “desconoció la diligencia que le era exigible” para proteger a la menor agredida, y muy al contrario “optó por convertirse en un mero espectador”. “No hay rastro alguno de que se arbitrase, o ni siquiera se llegara a considerar la posibilidad, en ningún momento medida alguna que atajase con las agresiones y protegiese a la menor de las agresiones que sufrió en el centro”. Los responsables del colegio de Bilbao (la directora del centro, la tutora de ambas y el jefe de estudios, cita la sentencia) atribuyeron estos hechos a un “problema de integración”, un “conflicto de convivencia” y a “momentos de discordia”.

El juzgado señala que los padres de la víctimas comunicaron estos episodios a sus responsables en “reiteradas” ocasiones, sin que hubiese ninguna reacción para proteger a la niña. “Resulta incomprensible la pasividad del centro”, señaló la psiquiatra en la vista oral: “Hizo oídos y ojos sordos al sufrimiento” de la menor, quien sufrió “mutismo, intenso retraimiento social, intensa ansiedad con crisis de angustia, insomnio y pérdida de apetito”. La niña acosada solo dibujaba círculos y tuvo que ser tratada con ansiolíticos “todo el día” para combatir el cuadro que presentaba. Tres años después, la menor continúa recibiendo tratamiento psiquiátrico y medicación. La familia se ha mudado para alejarse del infierno vivido.

La abogada de la acusación ha declarado que los padres, “preocupados y perdidos”, se personaron en su bufete tras contactar con el Departamento de Educación del Gobierno vasco, que inició un protocolo de acoso en el colegio que tuvo como respuesta “una pasividad manifiesta” del centro, según Larrocea. Fuentes de la dirección del centro escolar han señalado a Efe que no comparten el contenido del fallo porque siguieron todos los pasos establecidos por la ley, “con contacto directo con la Inspección desde el primer momento”, por lo que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.