Un informe calcula que el coste de la violencia sexual contra la infancia es de 1.275 millones anuales

En España, las consecuencias de la violencia sexual infantil tienen un coste de más de 1.275 millones de euros cada año, según un informe de la ONG de infancia y educación Educo y la Universidad Pontificia Comillas publicado este miércoles. Para obtener esta cifra, analizaron los gastos de las denuncias que se presentaron en 2023, pero también estimaron los de los casos no denunciados —que son la mayoría—. Tras profundizar en 30 años de estudios de prevalencia, los autores concluyeron que el 17,29% de los niños y adolescentes sufren o sufrirán algún tipo de violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Son uno de cada seis. Además, el informe menciona que, si todos los casos fuesen denunciados y tratados de manera eficaz, el Estado debería gastar más de 3.178 millones de euros en atender esta problemática. Y, de haberse invertido esta cantidad, se habrían disminuido daños en las víctimas, desde psicológicos a sociales.

El informe, ¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, entiende la violencia sexual como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público, privado o el digital. Algunos tipos son: la explotación, agresiones sexuales, acoso, exhibicionismo, pornografía infantil, prostitución, trata o extorsión sexual.

En 2023, el Ministerio del Interior recogió 9.185 denuncias de menores de 18 años por violencia sexual. Sin embargo, estas representan solo una mínima parte de la realidad porque la mayoría no denuncia. Los autores del informe se plantearon calcular cuál es el coste real y, para ello, debían esbozar la magnitud del problema. A partir del análisis de encuestas a adultos españoles, calcularon que el 17,29% de los menores son víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 18 años, estimando que el 0,96% de los niños y adolescentes sufre este tipo de violencia anualmente. Es decir, 960 casos por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes.

Para conocer cuáles son los costes que genera la violencia sexual en la infancia a las administraciones públicas anualmente, los autores han estimado el impacto económico en los ámbitos sanitarios, educativos, sociales y judiciales de las más de 9.000 denuncias del año pasado. Estos fueron de 437 millones de euros. Además, han contado con los gastos que tiene el Estado, de manera oculta, en los casos que no han sido denunciados, pero que igual suceden, según la prevalencia antes mencionada. Gastos, por ejemplo, como atención psicológica o repetición de cursos escolares. Estos son 838 millones de euros. Con todo ello, el informe concluye que el coste para atender la violencia sexual en niños y adolescentes es de, al menos, 1.275 millones de euros cada año.

Sin embargo, el informe resalta que esta cifra es solo “la punta de iceberg”. Macarena Céspedes, directora de investigación e incidencia de Educo, indica que “aunque parezca que hablamos de grandes datos, es solo una pequeña parte de una realidad que desconocemos”. Explica que, aunque la cifra sea elevada, es la mínima, ya que se ha realizado en base a los datos a los que se tiene acceso, pero existen más que no están registrados o no son cuantificables, como las consecuencias de la violencia a largo plazo.

Dado que la mayoría de casos no son denunciados, los autores van más allá y han estimado cuánto sería el coste si todos los casos de violencia sexual infantil fuesen registrados y tratados inmediatamente y de manera óptima. Para ello toman en cuenta costes sanitarios (como primera visita a urgencias, atención del médico forense, etc.), sociales (como servicio de protección al menor) y judiciales (como procedimientos legales, responsabilidad civil, etc.). El total de estos costes sería de más de 3.178 millones de euros, teniendo en cuenta la incidencia anual de casos que estima el informe: 77.407 niños y adolescentes afectados en un año.

Laura Barroso, investigadora de la Universidad Pontificia de Comillas, precisa que el estudio económico es una estimación, pues es muy difícil determinar el monto real de lo que gasta el Estado. En cualquier caso, la violencia sexual contra la infancia tiene consecuencias tangibles para el conjunto de la sociedad y, muy especialmente, para los menores afectados y sus familias. Por ejemplo, en cuanto al abandono escolar, la dificultad en la inserción laboral o las relaciones de pareja que estos niños y niñas tengan en el futuro. La sociedad, apunta la investigadora, “carga” con las consecuencias de esta violencia.

Barroso añade que esos más de 3.000 millones de euros “son una serie de costes que, de haberse efectuado, podrían haber mitigado algunos de los efectos de la violencia en las víctimas”, de todo tipo, desde psicológicos a sociales. Aunque reconoce que hay efectos que “simplemente, no se pueden mitigar, porque hay heridas irreparables”.

Los autores explican que cuantificar todos los gastos de la violencia sexual es complicado dada la falta de datos y la poca visibilidad que hay sobre el tema. Por esa razón, los investigadores han hecho ciertas asunciones para poder aproximarse a estos costos mínimos. Por ejemplo, que la incidencia es estable durante la minoría de edad, que las víctimas han sufrido solo un episodio de violencia sexual en este periodo o que los sucesos no duran más de un año, entre otros. “Se trata de asunciones fuertes, no cabe esperar que se reproduzcan en la realidad, pero permiten un cálculo de mínimos de los costes de la violencia”, indica el informe.

La magnitud real de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia continúa siendo desconocida, alerta el estudio, ya que no se dispone de datos de calidad que midan esta problemática y su impacto. El informe concluye, además, que el coste anual de la violencia contra la infancia es de 4.453 millones de euros si se suman las cifras de lo que gasta el Estado y lo que debería gastar.

El informe “pone de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la detección de casos, vemos por los datos que está muy por debajo de lo que realmente es. Hay que poner el foco en continuar registrando los datos e invertir en la prevención”, sostiene Barroso.