La violencia machista y sexual le cuesta a España 4.933 millones de euros al año

Una consulta médica; una operación para reparar una costilla rota, o dos; un equipo de agentes para vigilar que se cumpla una orden de alejamiento; una psicóloga que dará cita muchos días, durante muchos meses, durante años; una abogada de oficio para llevar un proceso que se extiende a lo largo de los meses; una baja laboral o dos bajas laborales, o tres, en una misma familia, por ansiedad, por depresión, por estar recuperándose de una paliza; los trabajos que se pierden o las clases que se abandonan. Todo lo anterior supone “dolor”, pero también “dinero”, ha dicho este jueves Carmen Martínez, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Ese dinero es el que le cuesta a los países la violencia machista y la violencia sexual, los agresores y las consecuencias de las agresiones que perpetran. “Que no se quedan en el ámbito de la salud, sino que impactan en todas las facetas de la vida [de las víctimas] y de su entorno y en el resto de la sociedad, provocando, en todos los países, graves consecuencias, sociales y económicas”, ha añadido Martínez antes de dar la cifra de ese coste para España en 2022: 4.933 millones de euros, un 0,37% del PIB, 104 euros per cápita.

Ese es el resultado del estudio Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022 que ha encargado, financiado y supervisado el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Este análisis está realizado por un equipo multidisciplinar del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá y es la segunda vez que se lleva a cabo, el primero data de 2019. Y en este caso “a la violencia en la pareja o expareja se ha incorporado la violencia sexual fuera de las relaciones”, ha explicado la delegada.

Se estima que la primera supone un coste de 4.085 millones, la segunda, los 848 millones de euros restantes. “Cuesta poner precio al dolor, pero hay que ponérselo. Y lo pagamos toda la sociedad”, ha apuntado Martínez. A cuánto asciende y cómo han llegado a esos resultados lo han explicado Elena Mañas, profesora titular de la Universidad de Alcalá, y María Teresa Gayo, también profesora en esa universidad y subdirectora del Instituto Universitario de Investigación de Análisis Económico y Social.

El equipo con el que ambas han trabajado ha hecho dos aproximaciones, desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico. Este segundo, a su vez, se dividió en dos secciones que calculan los costes tangibles e intangibles respectivamente, y que no solo afectan a las propias mujeres víctimas, también a sus familiares y allegados, el sector público, las organizaciones, y la sociedad y la economía en general.

Los costes intangibles, dice el informe, son los que se originan “por el dolor y el sufrimiento y por la pérdida prematura de vidas que provocan estas violencias”. Y ha explicado Elena Mañas que “no se pueden, desde el punto de vista temporal, sumar a los costes tangibles, porque van de 2022 en adelante”, ya que se alargan en el tiempo. La otra investigadora, María Gayo, ha ahondado: “Los intangibles son terreno bastante ambiguo, y por eso no hemos agregado los costes [en el resultado global], pero es una estimación en línea con los costes unitarios de otros estudios; algunos de ellos incorporan, por ejemplo, las indemnizaciones que se suelen conceder a las víctimas de los delitos, y también incluyen los costes de pérdidas de ingresos, es decir, de los ingresos a lo largo de su vida laboral que podrían haber tenido las víctimas, y también los ingresos no percibidos de los agresores”.

En cuanto a los tangibles, han sido agrupados en cuatro categorías. En el ámbito laboral se calcula un coste de 1.967,93 millones de euros; en el sanitario, de 469,41; en el legal-policial, 2.482,58; y en otros, que se refiere por ejemplo a traslados de residencia para las víctimas, 13,31 millones, una última cifra “muy conservadora”, según las investigadoras.

Martínez, la delegada, ha insistido en que tienen que ver “con la salud física y psicológica, el trabajo remunerado y no remunerado, la capacidad de tener un empleo y formación. En caso de denuncias, aparecerá la respuesta legal, policial, judicial y penitenciaria, puede además traer consigo tener que cambiar de domicilio, y una merma en la calidad de vida por el dolor y el sufrimiento de las víctimas y de quienes tienen alrededor”. Martínez, las expertas, y también el informe, concluyen que el resultado es “incuestionable”, y es “el elevado precio que la sociedad debe pagar por la existencia de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de toda la violencia machista —de la física a la psicológica, la sexual o la económica—, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.