La Fiscalía investiga cuatro casos de abusos y malos tratos en los centros de menores migrantes de Canarias

Los fiscales de Canarias tienen abiertas cuatro causas para investigar supuestos malos tratos y abusos cometidos presuntamente en varios centros de acogida de menores migrantes en las islas. Según han confirmado fuentes fiscales a EL PAÍS, se trata de dos casos en la provincia de Tenerife y otros dos en la de Las Palmas. En un sistema de acogida que no debería superar los 2.000 niños y adolescentes pero mantiene ya a más de 5.300, los relatos de agresiones, castigos físicos y abusos no son difíciles de encontrar, aunque difícilmente llegan a los despachos de las autoridades. Los obstáculos con el idioma, el miedo a sus propios agresores y a la policía, y el desconocimiento son algunas de las trabas que señalan los chicos para atreverse a denunciar.

Aunque oficialmente no han trascendido detalles, entre esas cuatro denuncias hay algunos casos conocidos. Una de las causas intenta aclarar la escandalosa situación que un grupo de trabajadores de un centro de Gran Canaria hizo pública en 2021. Según los denunciantes, que enviaron una carta anónima a la Consejería de Derechos Sociales, el descontrol en el hotel donde se alojaba a los menores era tal que no solo convivían niños y adultos, sino que algunos de los mayores abusaban sexualmente de los más pequeños. Aquella misiva también implicaba a seis trabajadores, a los que se acusaba de estar al corriente de todo lo que ocurría entre esas cuatro paredes y, además, de “agresiones físicas y maltrato continuado” contra los residentes.

Los casos de Tenerife se refieren a malos tratos en dos centros, situaciones que también fueron denunciadas por varios chicos y extrabajadores a EL PAÍS el pasado mes de julio, según fuentes fiscales. Los menores entrevistados por este diario detallaron la dureza con la que eran tratados por sus cuidadores en un hotel de Puerto de la Cruz, en el norte de la isla. Seis adolescentes gambianos describieron que ante un supuesto mal comportamiento los encerraban como castigo en una habitación de aislamiento. “Lo normal son tres días, pero hay quien ha estado hasta una semana”, aseguraron. El grupo sostenía además que se producían agresiones de forma recurrente. “No necesitan una razón para castigarte. Primero te llevan a un despacho y dos o tres educadores te pegan por todas partes”, contaba uno de los adolescentes. Otra de las denuncias se refiere a uno de los centros con más hacinamiento de Canarias y que ha llegado a acoger a más de 300 niños. Extrabajadores de este lugar explicaron a EL PAÍS que habían presenciado varias agresiones de trabajadores contra los menores.

Avanzar en este tipo de investigaciones es muy complicado, lamentan fuentes del ministerio público. Cuando los fiscales acaban teniendo conocimiento de posibles hechos delictivos, disponen de seis meses para investigar y recabar las pruebas y testigos que fundamenten la querella ante un juez. Pero este proceso se atasca en situaciones donde no es lo habitual contar con pruebas de calidad ni testigos localizables o dispuestos a seguir adelante con todo el proceso, explican las mismas fuentes. En ocasiones, la causa acaba siendo archivada.

El Gobierno de Canarias, que tutela a los menores, es consciente de las situaciones que se viven en varios de sus centros. De forma genérica, su presidente, Fernando Clavijo, ha dicho en alguna ocasión que “el hacinamiento no permite garantizar la seguridad de los menores”. Con las capacidades desbordadas, hace meses que Clavijo reconoce que no es posible respetar los derechos de los niños y adolescentes que emigraron solos a las islas. Reconocerlo es parte de su estrategia de presión para lograr un cambio legislativo que imponga una redistribución obligatoria en la Península de los niños que llegan a las islas. Tras el fracaso parlamentario de su propuesta conjunta con el Gobierno el pasado mes de julio, el presidente elevó el tono contra Madrid, pactó con el PP nuevas condiciones para el acuerdo y condicionó su apoyo a las iniciativas del Gobierno en el Congreso a que la reforma salga adelante.

“La relación es tensa”, admitió el pasado martes Clavijo cuando le preguntaron por su interlocución con el Gobierno, con quien mantiene un frente judicial a cuenta de la recepción de los niños y adolescentes desembarcados. No obstante, y a pesar de la escalada de los últimos meses, se han retomado las negociaciones y Coalición Canaria, el PP y el Ejecutivo se sentarán de nuevo para intentar lograr un acuerdo. Se trata ahora de diseñar un mecanismo que beneficie a todos los territorios que vean sus recursos de acogida de menores saturados y no solo a Canarias, Ceuta y Melilla, como contemplaba la propuesta original, que ni siquiera fue admitida a trámite en el Congreso.

Ahora, una de las exigencias del PP para aceptar un reparto obligatorio por los territorios es que una vez que una comunidad vea superada el 100% de su capacidad de acogida, el Estado se haga cargo de todos los costes. En las situaciones en las que se sobrepase el 150%, la responsabilidad sería mayor y el Estado debería asumir también la gestión de personal, infraestructuras, etcétera. Para ello, como primer paso, las partes tienen que estudiar el informe a cargo del Ministerio de Juventud en el que se establecerá cuál debe ser la capacidad mínima de cada comunidad. Una vez hechos estos cálculos, se iniciará la batalla del dinero. Clavijo —“de personalidad optimista”, según miembros de su equipo— ya ha dicho públicamente que espera que se cierre un acuerdo en las próximas tres semanas para empezar a derivar a los menores de las islas cuanto antes.