El investigado por la sumisión química durante la convención de Tecnocasa solicita medidas cautelares contra la víctima

El investigado por la sumisión química y la agresión sexual durante la convención de Tecnocasa en Santander el pasado junio ha solicitado medidas cautelares contra la víctima y su compañero de trabajo, para que no puedan acercarse ni comunicarse con él. Lo hizo el pasado 25 de julio, el día después de que le llegara la notificación del juzgado de Instrucción número 3 de Santander en la que se le comunicaba que, “para garantizar la integridad física de la víctima”, se le imponía a él una orden de alejamiento a no menos de 200 metros y la prohibición de comunicación por cualquier medio de la mujer que denunció. La jueza que firmó ese auto ha puesto ya también fecha para las declaraciones. Serán el miércoles 11 de septiembre, ese día, por videoconferencia, hablarán la víctima, el presunto agresor, tres trabajadores del hotel donde sucedieron los hechos, y tres testigos, según la resolución a la que ha tenido acceso este periódico.

Hasta el momento, seis de ellos ya han declarado ante la Policía, como consta en las diligencias previas. Lo hizo la víctima, María —nombre ficticio para proteger su identidad—, tres veces; también su compañero de trabajo, con el que fue a Santander para la reunión anual de la inmobiliaria; tres recepcionistas del hotel, los que tenían turno durante el fin de semana de ese evento, el 14, 15 y 16 de junio; y dos veces también el investigado.

La primera vez que el presunto agresor habló ante la policía fue el 21 de junio, tras la denuncia de María, cuando la policía de Zaragoza lo localizó “por testigos”. Él —compañero de otra franquicia de Tecnocasa de la misma ciudad, la empresa Kiron, y sobre el que consta “una detención anterior el día 09/08/2017 por MMTT [malos tratos] en el ámbito familiar”—, afirmó en aquel momento que “el viernes noche [el 14 de junio] mantuvo una relación sexual con una joven de su empresa Tecnocasa de Zaragoza, recordando” su nombre “sin más importancia”, según las diligencias previas.

Tras el relato del investigado, lo que él calificó de “relación sexual”, es decir, que reconoció haber estado con ella y para él fue una relación consentida, los agentes le informaron de que esa mujer había puesto una denuncia por sumisión química. “Se va a proceder a informarle de sus derechos en vistas de su participación en lo que podría ser un delito de agresión sexual”, escribieron los agentes al recoger su testimonio.

Ese día, el presunto agresor aceptó el abogado de oficio que se le ofreció y accedió a que se le tomaran muestras biológicas “exclusivamente” para recoger “información genética reveladora de la identificación de la persona y de su sexo”. La policía no informó a María de quién era, ella contó hace unos días que solo la avisaron de que lo habían localizado, que “él afirmó que el acto fue consentido, y sugirieron que probablemente el caso se archive”.

Días después, cuando el caso pasó al juzgado de Santander, la magistrada solicitó a la Policía de Zaragoza que se le tomara declaración para “recabar y ampliar la información disponible para el total esclarecimiento de los hechos”. Los agentes lo intentaron, lo llamaron por teléfono, pero él no acudió: “Indica que se encuentra trabajando, no pudiendo personarse al objeto de prestar declaración, ya que no dispone de tiempo material”.

No fue hasta que esa misma jueza le impuso una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, en un auto fechado el 23 de julio, que el investigado fue, voluntariamente, a prestar esa declaración, ya sin el abogado de oficio, sino con uno contratado por él. Lo hizo el 25 de julio a las 12 de la mañana y no solo quería hablar del fin de semana de los hechos, sino que pidió, él mismo, medidas cautelares contra María y su compañero de trabajo, para que “no puedan acercarse ni comunicarse con él”.

Lo hace porque, según él, desde que María interpuso la denuncia, han ido “sucediendo hechos” en los que “podrían estar involucrada” ella y su compañero de trabajo. Por ejemplo, la víctima, en su ampliación ante la policía, les contó cómo se había encontrado con él en dos ocasiones. La primera de ellas, de repente, en la calle, fue cuando lo reconoció, y la segunda dos días después, en una farmacia. El investigado reconoce el encuentro en la farmacia, pero niega que se diera el primero, ”rotundamente no”, se lee en ese atestado.

Además, alega que el compañero de trabajo de María entra a su perfil de LinkedIn y el de otros compañeros de oficina; que “está recibiendo continuas solicitudes de seguimiento desde la aplicación de Instagram de perfiles desconocidos, recién creados, que no tienen actividad alguna, y que bloquea constantemente”; que en su oficina aparecieron pintadas en color morado oscuro con las palabras “violador” y “el símbolo de la mujer”, entre otras cosas; y que le robaron el patinete.

Su relato, el de los hechos que la víctima denunció, es totalmente opuesto. Algo “habitual” en todos los delitos, dice Amparo Díaz, abogada especializada en violencia machista, pero “especialmente en los de esta gravedad”. Si las declaraciones de denunciante y denunciado no fuesen contradictorias, “el denunciado estaría admitiendo la comisión de un delito, y eso es algo que la ley no le exige que haga, tienen derecho a alegar los hechos, y es lo que suele suceder”.

Explica también que en delitos sexuales “hay agresores que lo niegan todo, incluso el propio hecho”, pero que “lo más frecuente es que no nieguen el hecho, que ellos entienden como relación, sino que nieguen las circunstancias en las que se dio, por ejemplo que nieguen que haya habido vulnerabilidad química, o que la hayan perpetrado ellos, o que supieran que la víctima estaba drogada o había bebido”. Y, en los casos en los que se produce violencia física o intimidación, “alegan que han sido juegos sexuales o niegan también, en este caso, la existencia de violencia psicológica”, como puede ser la intimidación.

En este caso, según el presunto agresor, todo fue no solo consentido, sino que fue ella quien lo inició y lo continuó. Dice que ella “se presenta y lo coge para bailar, comenzando un flirteo entre ambos “más por parte de ella”; que lo invita a un chupito de fresa; que le dice que “hay muchos compañeros” y que se vayan a su hotel; y que de camino van “tonteando, algún pico, algún toquecillo, cachondeo, lo normal”; que ella le contó que se había fumado “seis o siete porros” —la bioquímica del hospital no dio positivo en THC—.

Que, ya en la habitación del hotel, es ella quien inicia “relaciones de todo tipo”, él quien decide ponerse preservativo, ella quien le dice que se lo quite, él quien le dice que paren porque está “fundido” y necesita “dormir”. Que por la mañana, él dice que se va y es ella quien, “automáticamente”, vuelve a iniciar una relación y vuelve a decirle que no usen preservativo. Que le pide un cargador y hablan y, ya a las nueve, él se marcha. La declaración está llena de detalles y conversaciones que él explica ante los agentes exhaustivamente. Detalles y conversaciones que, para María, no existen. Para ella todo es, prácticamente, un fundido a negro.

“Lo raro es que lo que dice el denunciado coincida con lo que dice la víctima, significaría que está asumiendo y reconociendo culpabilidad”, insiste Díaz, la abogada. Ahora, añade, “el sistema judicial tiene que investigar en profundidad, habitualmente, una forma es solicitar pruebas forenses físicas y, sobre todo, psicológicas, escuchar a testigos que puedan dar información directa o periférica sobre los hechos que pueden corroborar las manifestaciones de uno u otro”. Y eso es en lo que ahora están la Policía Nacional de Zaragoza y la magistrada de Santander, y lo que sucederá el próximo 11 de septiembre, cuando declaren en sede judicial las ocho personas a las que la jueza ha convocado.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.