Un 60% de los jóvenes con dificultades económicas severas tiene problemas de salud mental: “Si me hubiese emancipado antes, no estaría tan mal”

El 55,9% de los jóvenes entre 15 y 29 años que viven en situación de carencia material severa fueron diagnosticados con algún trastorno de salud mental en 2023 (en el caso de los que no la padecen, fueron diagnosticados el 37%), y el 25% asegura haber recurrido al alcohol o a las pastillas para calmarse. Esta es una de las conclusiones del estudio Equilibristas. Las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad desigual, presentado este jueves, en el que por primera vez se han cruzado datos estadísticos de informes del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, del Instituto Nacional de Estadística (INE), de Eurostat y de la Seguridad Social. Los generadores del malestar emocional son, según reportaron los mismos jóvenes, el “productivismo” y la alta competitividad, el ritmo de vida acelerado o la dificultad de acceso a un empleo en condiciones dignas y a la vivienda, indica el trabajo, elaborado por el Consejo de la Juventud de España ―el órgano de representación de las nuevas generaciones desde los 14 a los 30 años, que cuenta con un presupuesto anual de un millón de euros del Estado― y la ONG Oxfam Intermón.

¿Qué quiere decir que una persona está afectada por una situación de carencia material severa? A los más de mil jóvenes encuestados se les plantearon ocho situaciones de vulnerabilidad económica —no poder ir de vacaciones al menos una semana al año, no poder mantener una temperatura adecuada en casa, no poder hacer frente al pago de recibos, no poder afrontar gastos imprevistos, no poder disfrutar de actividades de ocio, no poder comprar ningún “capricho” en algún momento del mes, no disponer de un ordenador en casa, o no poder ahorrar—, y todos aquellos que manifestaron cumplir más de cinco, se incluyeron bajo en esa etiqueta. El 11,5% de los jóvenes en España aseguraron estar en esa situación, tres puntos por encima de la media de la población (8,9%), según la Encuesta de Condiciones de Vida 2023 del INE.

“Este colectivo está siendo doblemente golpeado, algunos ya sufren la pobreza infantil cuando son niños y luego cuando crecen se encuentran con unas condiciones del mercado laboral que nuevamente les bloquean el paso... una situación prolongada de precariedad durante los primeros años de vida laboral deja una cicatriz que no se recupera posteriormente, aunque la economía crezca”, apunta Raquel Checa, coautora del informe y responsable del programa Desigualdad Cero de Oxfam.

El conocido como “efecto cicatriz”, explica el estudio, se refiere a las consecuencias a medio y largo plazo de haber tenido una transición de la educación al empleo deficiente, en un contexto de bajos salarios y alta parcialidad y temporalidad. “Los efectos de una primera etapa laboral precaria se observan hasta cinco y quince años después: presentan peores empleos y menores salarios, algunos estudios lo cifran un 20% inferior al de aquellos miembros de su generación que sí tuvieron empleos de calidad”, señala la técnica de Oxfam. Otras de las “cicatrices” son la emancipación tardía, el retraso en la toma de decisiones vitales, la imposibilidad de ahorrar para el futuro, la falta de cotización, peores pensiones y un menor patrimonio. “Los periodos de crisis, donde la juventud sufra una elevada precariedad, dejarán una cicatriz económica en un porcentaje elevado de jóvenes que se trasladará a su vida adulta, ya que el crecimiento económico por sí solo no resuelve los problemas que dejan las crisis”, añade.

Solo hace tres meses que Cristina Rodríguez, de 30 años, consiguió dejar la casa de sus padres para mudarse con su pareja —no pagan alquiler porque él ha heredado de sus abuelos—. La tensión y los desencuentros, sobre todo con su madre, por su elección de carrera profesional —cursó un grado superior de FP en integración social, en lugar de un grado universitario, como pretendían sus progenitores— la fueron sumiendo en un estado emocional de tristeza, hasta que fue diagnosticada con ansiedad y depresión. “Solo llevo tres meses fuera de casa y ahora puedo dormir por las noches, ya no me ahogo”, cuenta. Trabaja en un centro temporal de solicitantes de asilo en Madrid y tiene un contrato indefinido, pero solo de fines de semana y festivos, con lo que saca menos de 700 euros el mes.

“Si hubiera podido salir antes de casa, no habría llegado a este punto, tanto por los conflictos con ellos como por la impotencia de no poder hacer mi vida... pero económicamente no era viable”, añade Cristina, que toma medicación y la consulta privada, que no puede dejar, le supone un gasto de 130 euros al mes. “El médico de cabecera me recomendó la privada, admitió que no iban a llamarme hasta pasados unos meses”.

En junio de 2023, tan solo el 16,3% de las personas entre 16 y 29 años se había emancipado en España, frente al 31,9% de tasa de emancipación de los países de la UE. La edad media de emancipación en España está en los 30,3 años. Además, destaca el informe, la tasa de parcialidad entre los jóvenes, que refleja situaciones como la de Cristina, se situó en 2023 en el 26,4%, quince puntos porcentuales más que entre el resto de población adulta trabajadora (11,32 %), y tal y como señaló la Encuesta de Población Activa en el primer trimestre de 2024, el 40,1% de las personas jóvenes con un contrato a tiempo parcial manifestaban que querrían trabajar más horas.

Ideación suicida

El estudio analiza el impacto de la situación laboral en la salud mental y refleja que los diagnósticos (reportados por los propios jóvenes en la encuesta de Fad Juventud analizada) en jóvenes que estudian y trabajan a la vez fue en 2023 del 59,4%, frente al 35,3% de aquellos que solo estudian. Además, el 49,9% de las mujeres aseguraron haber sido diagnosticadas alguna vez, frente al 41,1% de los hombres. El trabajo califica como “muy preocupante” otro de los datos: el 60,4% de los jóvenes que aseguraron vivir en situación de carencia material severa reportaron haber tenido ideación suicida en algún momento de 2023, frente al 36,8% de los que no se encontraban en esta situación de vulnerabilidad económica que reconocieron haberlos tenido.

La principal razón señalada por los jóvenes de por qué no acuden a terapia es el coste (37,8%), seguido de la sensación de no necesitarla (28,3%), y la percepción de que no es un problema tan grave (27,3%). El coste medio de una sesión de terapia privada en España es de 75 euros, indica el trabajo, y el salario mediano de un joven en 2023 fue de 1.005,21 euros netos al mes, por lo que recibir dos sesiones de terapia psicológica supondría el 15% de sus ingresos mensuales.

“Nuestro objetivo es que no solo se aborde el problema de la salud mental desde el punto de vista biológico o químico, sino poner sobre la mesa que el estado emocional también es empleo o vivienda, y por eso estamos pidiendo constantemente al Ministerio de Vivienda o al de Sanidad más acciones concretas en beneficio de los jóvenes, para que el hecho de poder vivir de forma independiente deje de ser un problema de ansiedad para tanta gente”, indica Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud.

Tal y como recoge el informe, los casos clínicos por problemas psicológicos registrados por cada 100.000 habitantes pasaron de 9.221 en 2011, a 56.856 en 2022, un crecimiento del 450%, según datos del Ministerio de Sanidad. Ese aumento fue especialmente pronunciado en el grupo de edad de 15 a 34 años, donde se pasó de 5.712 casos por cada 100.000 habitantes, a 39.408 en 2022, una subida del 590%. Coincidiendo con el covid-19, el incremento entre 2019 y 2022 en ese grupo de población joven fue del 19,5% (en el grupo de 0 a 14 años se incrementó un 21,2%, en el de 35 a 64 un 13%, y para quienes tenían 65 o más un 10,3%).

“La sanidad pública está infradotada y hacemos un llamamiento a los poderes públicos para que adopten medidas urgentes”, reclama Raquel Checa. Su informe da cuenta de la “dispersión, escasez y falta de actualización” de la información disponible sobre los recursos públicos para atender los problemas de salud mental infanto-juveniles contemplada en el último Libro Blanco de la Salud Mental Infanto-Juvenil, elaborado por el Consejo General de la Psicología en España, que también señala que solo cinco autonomías (Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares) tienen recursos específicos en los ambulatorios y hospitales de día. A eso se suma que España cuenta con 5,14 psicólogos por cada 100.000 habitantes, frente a los 18 de media de la Unión Europea y los 26 de media de los países de la OCDE.