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Las asociaciones de víctimas de abusos rompen con la Iglesia: “Ha preferido defender a los pederastas”

Las principales entidades que representan a los afectados que sufrieron abusos sexuales por clérigos en la infancia recriminan a los obispos que faltaran a su promesa de incluirlos en la toma de decisiones en el plan de reparación

Luis Argüello presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo Luis Argüello, hace declaraciones a los medios en el Vaticano tras reunirse con el Papa el pasado viernes.Joan Mas Autonell (EFE)
Julio Núñez

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Las principales asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia han puesto punto y final a su relación con la Conferencia Episcopal Española (CEE) después de que esta las excluyera de la comisión que está elaborando el plan integral de reparación. “No podemos considerar como asumible la postura de inamovilidad en la que se sigue enrocada la Iglesia española, mientras siga considerando que la única cesión deba proceder de la parte de los supervivientes de sus ataques”, se lee en un comunicado difundido este martes por las tres principales agrupaciones de afectados: Asociación Nacional de Infancia Robada, Asociación de Víctimas de Navarra y Lulacris.

Esta respuesta se produce cuatro días después de la vista de la cúpula de la CEE al papa Francisco en el Vaticano, donde trataron, entre otros temas, la gestión de los obispos del escándalo de los abusos. Tras 40 minutos de encuentro, el presidente de la Conferencia, el arzobispo Luis Argüello, anunció ante los medios que “en las próximas semanas” presentarán su plan de reparación a las víctimas para que esté en funcionamiento este verano. La noticia ha pillado por sorpresa a las víctimas de abusos, ya que el pasado marzo Argüello se reunió con ellas y les prometió crear una agenda de trabajo conjunta para tratar cuestiones como el pago de indemnizaciones y la renovación de los sistemas de protección y prevención. “A juzgar por las declaraciones vertidas por el presidente de la CEE, nos encontramos, una vez más, con promesas incumplidas”, dice la nota de prensa publicada este martes.

La nota llega también varios días después de que EL PAÍS publicase su quinto informe de casos de pederastia en la Iglesia española elaborado por este periódico dentro de su investigación de los abusos de menores en la Iglesia católica española, presentado al Vaticano y a la Conferencia Episcopal Española para que los registre e investigue, tal y como marca el derecho canónico, en el que constan 79 testimonios de abusos sexuales contra 87 acusados y 110 víctimas. Con estos números, el número de acusados por abusos en el clero sobrepasa los 1.500 en España. Preguntado por esto a las puertas del Vaticano, Argüello indicó que no quieren “entrar en cuestiones de número, porque cada rostro es importante”. “Invitamos a los responsables políticos y a la sociedad española a que, en los diversos campos en los que se producen abusos, puedan abordarse”, añadió.

La exclusión de las víctimas en la toma de decisiones en el plan de reparación no es lo único que ha provocado la ruptura. Hace unas semanas, EL PAÍS informó de que la CEE publicó por error datos confidenciales de 45 víctimas de pederastia en su web durante 18 días y, tras conocer el fallo, ni comunicó lo sucedido a las víctimas ni a las autoridades competentes. La identidad de los afectados, sus testimonios y la descripción de sus secuelas estuvo en internet durante cuatro meses, lo que ha llevado a la Agencia de Protección de Datos a abrir una investigación a los obispos por lo sucedido. ANIR pidió entonces “ceses inmediatos de las personas con nombre y apellidos, que han sido actores principales y secundarios en la comisión”, pero la CEE ni siquiera publicó un comunicado pidiendo perdón por el error.

A esto se le suma la polémica publicación de Para dar luz el pasado diciembre, el informe elaborado por los obispos sobre el escándalo de la pederastia, donde rebajaban el número de denuncias a 806 —en aquel momento la contabilidad sobrepasaba los 1.300 casos— y consideraba que la mayoría no eran creíbles. Los obispos presentaron este estudio, de unas mil páginas, un día después de recibir la auditoría que ellos mismos habían encargado sobre el mismo tema al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, un documento mucho más crítico con la Iglesia. Varias fuentes episcopales y de grandes órdenes religiosas afirman que Para dar luz fue una estrategia para hacer sombra a los resultados de la auditoría. En síntesis, la Iglesia española apenas se cree dos de cada 10 casos conocidos, que según la base pública de datos de EL PAÍS, la única existente, en este momento ascienden a 1.532 acusados y al menos 2.735 víctimas.

Las víctimas también aluden al polémico informe Para dar luz en su nota: “En todos estos años de silencio, encubrimiento, persecución y a veces complicidad durante el que la Iglesia ha preferido defender a los pederastas y no a las víctimas, en dónde hemos tenido que tragar con ruedas de molino, incluso presenciando informes objetivamente tramposos y minimizadores”.

Las asociaciones concluyen su comunicado con una dura crítica a las oficinas de atención de víctimas abiertas por la Iglesia desde 2019 y cómo los obispos, en cada uno de sus discursos, aseguran que estas han sido un pilar fundamental a la hora de acoger y atender a los afectados. Ciertamente, en muchos casos investigados por este periódico, estas delegaciones niegan información de los procesos a las víctimas, no las reparan e incluso las obligan a firmar acuerdos amenazantes de confidencialidad. “El tiempo y los testimonios de numerosas víctimas y supervivientes han demostrado que la gran mayoría de esas oficinas no solo no han servido de nada, sino que han resultado nefastas y revictimizadoras”, dicen estas tres entidades, y añaden: “Aquel trabajo se hizo mal, con una urgencia indebida para cumplir el expediente, incluyendo en muchos casos personal no versado en estos temas, lo cual ha acarreado el descontento casi global de las víctimas atendidas”.

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