Los irlandeses dicen no a la reforma constitucional que eliminaba la protección de “la mujer en la casa”

Los irlandeses han dado una bofetada en la cara a su Gobierno y de paso se la han dado a sí mismos. Una mayoría de votantes ha rechazado, en el referéndum celebrado este viernes, las dos reformas constitucionales que pretendían eliminar las referencias en el texto al papel de “la mujer en la casa” y una estrecha definición de la familia que solo contemplaba al matrimonio.

La participación ha sido muy baja. Apenas ha llegado al 45%, un reflejo de la confusión y apatía con que los ciudadanos han seguido este debate. En la primera de las dos reformas propuestas cuyas papeletas se han contado, la de la familia, el ‘no’ ha tenido un respaldo apabullante, de más del 67,69%, frente a un 32,31% de apoyo al ‘sí'. Aún ha sido peor el resultado de la segunda propuesta, que eliminaba la referencia de la “mujer en casa”. Un 73,09% de los irlandeses ha rechazado el cambio. Solo un 26,07% lo ha respaldado.

Cuando pierdes una consulta “tan estrepitosamente y por tan amplio margen” la conclusión es que mucha gente “no entendió lo que estaba en juego, y yo soy claramente uno de ellos”, admitía el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, cuando los primeros recuentos anticipaban una derrota sin paliativos para el Gobierno.

El 8 de marzo de 2023, la Asamblea de Ciudadanos, un cuerpo colegiado y constituyente, formado por representantes de los partidos políticos y ciudadanos elegidos al azar, que atiende y ofrece recomendaciones sobre posibles cambios o añadidos a la Constitución, propuso introducir finalmente la idea de igualdad de género en el texto.

La Constitución de la República, aprobada a mediados de 1937 y enmendada en decenas de ocasiones, mantiene hasta hoy los rescoldos de un catolicismo intransigente, aunque el país se haya alejado ya de su pasado con avances sociales como el aborto, el divorcio o el matrimonio homosexual.

El Gobierno se puso manos a la obra, con la intención de celebrar un referéndum un año después, y de hacerlo coincidir de nuevo con el Día Internacional de la Mujer.

Pero los recelos con que se miraban entre sí los diferentes partidos nacionalistas tradicionales ―Fianna Fail, Fine Gael y Sinn Féin, tres palos del mismo árbol, ligeramente más a la derecha o la izquierda― descafeinó el debate desde el primer minuto.

El Gobierno no hizo la campaña explicativa necesaria; las dudas y confusiones legales generadas por las propuestas despistaron a los votantes; los cambios en el texto inicial, para atemperar el lenguaje, acabaron dando un tono rancio y conservador a lo que pretendía ser una decisión progresista.

Las dos reformas constitucionales propuestas afectaban a tres apartados de un artículo concreto. La llamada “enmienda sobre los cuidados de asistencia” (the care amendment), sin duda la más ofensiva para los grupos feministas, pretendía cambiar el actual texto para eliminar la referencia al papel exclusivo de la mujer en casa, como proveedora fundamental de esa asistencia.

Este es el texto original:

“Artículo 41.2.1º

En concreto, el Estado reconoce que, al centrar su vida dentro de la casa, la mujer da al Estado un apoyo sin el cual no podría alcanzarse el bien común.

Artículo 41.2.2º

El Estado trabajará, de ese modo, para asegurar que las madres no se vean obligadas por necesidad económica a tener que trabajar, en detrimento de sus obligaciones en el hogar.

El nuevo texto propuesto, ahora rechazado, quedaba así:

“Artículo 42B

El Estado reconoce que la provisión de asistencia por parte de miembros de una familia hacia otros miembros de esa misma familia, por razón del vínculo que existe entre ellos, ofrece a la Sociedad un apoyo sin el cual no podría alcanzarse el bien común. De tal modo, [el Estado] se esforzará en apoyar la prestación de esa asistencia”.

La modificación seguía presentando la atención a los dependientes como un apoyo al Estado y una responsabilidad de los miembros de la familia, y no como una prestación social exigible al Gobierno.

La acomodación a la nueva realidad social de Irlanda que pretende la propuesta de reforma constitucional obliga también a construir una nueva definición legal de familia que no se circunscriba al del mero matrimonio. Para dar una idea del anacronismo de la carta magna basta recordar que Irlanda aprobó en 2015 el matrimonio homosexual.

La llamada “enmienda de la familia” (the family amendment) perseguía ampliar ese concepto.

El texto actual dice:

Artículo 41.1

El Estado reconoce a la Familia como la unidad grupal primaria y fundamental de la Sociedad, y como una institución moral que posee derechos inalienables e imprescriptibles, superiores y previos a cualquier norma del derecho positivo.

El texto propuesto modificaba unas pocas palabras del anterior, pero cambiaba de ese modo notablemente su espíritu. Aun así, no ha convencido a los irlandeses, que lo han rechazado. Esta era la propuesta tumbada:

Artículo 41.1

El Estado reconoce a la Familia, ya esté basada en el matrimonio o en otra relación duradera, como la unidad grupal primaria y fundamental de la Sociedad, y como una institución moral que posee derechos inalienables e imprescriptibles, superiores y previos a cualquier norma del derecho positivo.

La noción de una relación duradera, tan ambigüa como interpretable, permitió a los detractores de la reforma sembrar el debate de dudas legales sobre los derechos adquiridos, por ejemplo, por una pareja ocasional, en detrimento de la pareja de toda la vida.