La Mesa del Parlamento de Cataluña decidirá si lleva a la Fiscalía la incomparecencia de Omella ante la Comisión de Pederastia
La jurisprudencia juega a favor del arzobispo, que ha declinado en dos ocasiones la citación de la Cámara catalana
![Josep A. Roqueta, de la Asociación Mans Petites testigo y victima de abusos sexuales por parte de religiosos, fue una de las primeras víctimas en dar su testimonio en la comisión.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/SDAXFM3QVCFRII753QEHDSGCEA.jpg?auth=e56d005f5db30ecea48378fc13f4429cc58b12a84cd2c4dbc2e72e08abad4bc6&width=414)
![Camilo S. Baquero](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F4156031f-39d7-418a-b602-b336393f9c2e.jpg?auth=92edbe7594ad0d495e18881b417f68bc63248be7499c4073a67dcf11720ecbb1&width=100&height=100&smart=true)
La mesa de la Comisión de Investigación sobre abusos en la Iglesia de la Cámara legislativa catalana ha cursado este viernes a la Mesa del Parlament una petición para que eleve a la Fiscalía la incomparecencia del arzobispo Juan José Omella, en condición de testigo. El alto jerarca de la Conferencia Episcopal Española ha rechazado en dos ocasiones ofrecer su testimonio ante los diputados y, en la carta en que informó de que no asistiría, hacía referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que considera le exime de asistir y a la cual se han acogido en el pasado, en otras comisiones sobre asuntos diferentes, altos cargos del Gobierno, como el propio expresidente Mariano Rajoy o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
La presidenta de la comisión, Susana Segovia (En Comú Podem), ya había alertado a principios de semana de que, si Omella no respondía al segundo llamado de la comisión, se plantearía llevar al caso a la Fiscalía, tal y como fija el reglamento de la Cámara. En su artículo 68, que regula estas comisiones, establece que los cargos públicos están obligados a comparecer, pero no así los testigos. Muchos de los citados desoyen la convocatoria y el expediente acaba en la Fiscalía, que los acaba archivando.
En la primera carta donde expresó su negativa a comparecer ante el Parlament, Omella recordó que el Tribunal Constitucional estableció, en una sentencia de 2016, que a las cámaras no les corresponde “efectuar una calificación jurídica de los hechos investigados” así como tampoco llevar a cabo “imputaciones sobre la autoría de comportamientos ilícitos”. Segovia ha decidido transmitir a la Mesa del Parlament la decisión sobre recurrir a la Fiscalía y ahora será el máximo órgano de la Cámara el que tome la decisión. Allí el PSC tiene dos votos y en su día ya se mostró en contra de que Omella rindiera testimonio.
La comisión está activa desde noviembre de 2022 y por ella han pasado varias víctimas y testigos de abusos citados por los mismos grupos. Omella, en las dos cartas en que ha declinado asistir a la comisión, también ha repetido el argumento de que la Iglesia ya ha prestado su ayuda investigando los abusos; por ejemplo, aportando datos al informe que el Congreso de los Diputados encargó al Defensor del Pueblo en marzo de hace dos años.
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