Italia impone un control parental a las teleoperadoras en los teléfonos móviles de menores

Italia da un paso al frente ante la amenaza a la salud mental y al bienestar de los menores que representan los teléfonos móviles y algunos de los contenidos a los que permiten acceder. En pleno debate sobre el daño que pueden causar y la edad a la que debe permitirse a los menores de edad acceder a estos dispositivos, especialmente en los centros educativos, el país transalpino obligará desde este martes a las teleoperadoras a bloquear la navegación a ocho categorías de webs consideradas inapropiadas a todas las tarjetas SIM que tengan como titular a quien aún no ha cumplido los 18 años.

La nueva medida no permitirá acceder a sitios de contenido relacionado con la venta de armas, los juegos de azar y las apuestas, la pornografía, las sectas religiosas, la violencia y la instigación al suicidio, odio o intolerancia que promuevan conductas alimentarias de riesgo (como anorexia o bulimia) o el uso de drogas. El problema es que se trata de una barrera algo porosa, puede que más simbólica que útil, ya que la mayoría de tarjetas SIM que tienen los menores de edad están a nombre de sus padres. En este caso, si los progenitores lo solicitan, la teleoperadora puede imponer el llamado control parental en los teléfonos de sus hijos.

El otro problema es que muchos de los contenidos que la Autoridad Garante de las Comunicaciones de Italia (Agcom) considera inapropiados llegan a los dispositivos móviles a través de las redes sociales y de otros canales de comunicación. Además, tampoco se filtrará la publicidad de casas de apuestas tan presente en todo tipo de contenidos que no están controlados.

La iniciativa de la administración italiana, que llega ahora porque las teleporadoras fueron incapaces de aplicar un sistema parecido de forma voluntaria en 2020, tal y como se había acordado, es una pequeña revolución en Europa. En el resto de países, tal y como sucede también en España, el control parental no lo impone el Estado a las operadoras, sino que se deja en manos de los padres, que pueden realizarlo a través de aplicaciones diseñadas para ese tipo de limitaciones. La batalla se libra en el ámbito doméstico. Pero el debate que recorre estos días la UE apunta a que los estados y las instituciones —como las propias escuelas— deben ser más estrictos en la aplicación de esos controles y extenderlos con criterios homogéneos que se rigen a parámetros de edad.

El 85% de los adolescentes italianos de entre 11 y 17 años, de hecho, usa todos los días un teléfono móvil inteligente, mientras que el 72% navega por internet cotidianamente. El acceso a contenidos violentos o pornográficos se ha convertido en algo corriente, hasta el punto que ha empezado a configurar los hábitos sociales y sexuales de toda una generación de adolescentes.

La “navegación segura” que ha impuesto Italia —así se conoce en el país— se activará de manera gratuita y no implicará ningún cambio de configuración de los teléfonos. Pero también intentará evitar la censura de contenidos que podrían verse afectados por el veto y que, en realidad, tratan la temática de un modo didáctico y preventivo. Tampoco se activará el veto cuando se trate de, por ejemplo, desnudos con finalidades artísticas. “En la mayor parte de los casos, el bloqueo no se activa por un solo contenido, sino al nivel del dominio o subdominio web, según el perfil del sitio”, señala la Agcom. En Italia, la edad mínima para poseer una tarjeta SIM es ahora mismo de ocho años, aunque muchos operadores de telefonía exigen que el cliente haya cumplido al menos 15 para que pueda tener un contrato a su nombre.

En España, así como en otros países europeos, el debate empieza a coger cuerpo y comunidades autónomas como Cataluña quieren poner orden al uso de los móviles en los centros educativos, especialmente en secundaria, porque actualmente se dan múltiples casuísticas y una encuesta del Departamento de Educación revela que solo la mitad de centros cuenta con una regulación, y el 23% ya los prohíbe. Pero el departamento no es partidario de decretar una prohibición generalizada. Por eso, ha optado por abrir un proceso de debate para recoger la opinión de profesores, familias, alumnos e incluso pediatras. Con esta información, en enero el departamento enviará unas directrices a los centros para que puedan elaborar su propia regulación, previo debate también con su comunidad educativa.

El debate entronca también con la aplicación de las pantallas en las aulas con finalidades pedagógicas que, tras una década de eufórico auge, comienza a estar profundamente discutida. Muchos de los países nórdicos que empezaron a implantar estos sistemas, como Suecia, son ahora los primeros en dar marcha atrás y comenzar a revisar sus planes de digitalización de la educación.