El Tribunal de Cuentas pide más financiación y medios para los Ayuntamientos en la lucha contra la violencia de género

El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe sobre las actividades que llevan a cabo las administraciones en el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género en el que considera necesaria una mayor financiación y un mayor esfuerzo de los ayuntamientos, sobre todo en el medio rural, para llevar a cabo políticas de prevención. El informe concluye que las dotaciones presupuestarias previstas de 1.000 millones de euros se han aplicado y que la mayor parte de las medidas se ha implementado o están en curso. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advierte de que para mejorar la eficiencia en la asignación de los fondos sería necesario revisar el diseño del pacto de Estado con el fin de garantizar una labor más eficaz de las administraciones municipales, que solo han recibido un 10% por ciento del presupuesto disponible.

El informe subraya que la financiación del Pacto de Estado “ha consolidado los servicios de las comunidades autónomas y ha ampliado su cobertura a una tipología más amplia, pero todavía no ha tenido la misma repercusión sobre los servicios de las entidades locales, existiendo un mayor margen de mejora en las de menor tamaño”. La fiscalización del Tribunal constata cómo las comunidades autónomas reconocen que falta reforzar los servicios de atención y prevención en el ámbito rural debido a la falta de recursos.

El pacto de Estado contra la Violencia de Género se concretó en 290 medidas de tipo legislativo, de prevención y protección a las víctimas. Para su desarrollo se previó una financiación adicional de 1.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para el periodo 2018-2022, de los cuales 400 millones se destinaron a la administración general del Estado, 500 millones a las comunidades autónomas y 100 millones a las entidades locales. Esta aportación ha sido complementaria y adicional a los fondos específicos anuales.

De acuerdo con el informe, las actuaciones de prevención y protección puestas en marcha a lo largo de estos 20 años “están contribuyendo a reducir la violencia de género, aunque el objetivo de erradicación está lejos de conseguirse”. En este sentido, la fiscalización ha constatado la fortaleza de los órganos y de los servicios de prevención y de protección de las víctimas que se crearon con la Ley Orgánica 1/2004 sobre esta problemática. Los redactores del texto destacan que la labor realizada ha permitido “a pesar de la pandemia y de los cambios de gobierno, seguir implementado las medidas del pacto de Estado”.

El documento recoge, en este sentido, una serie de datos que demuestran cómo se ha avanzado en los últimos años en esta lucha, pero subraya que “a pesar de todos estos esfuerzos, cada año se presentan unas 180.000 denuncias en los juzgados, más de 700 mujeres deben estar especialmente protegidas y alrededor de 50 mueren víctimas de sus parejas o exparejas”. Sobre la tarea pendiente, el informe destaca como principales retos el de lograr “una mayor sensibilización en el uso de internet y de las nuevas tecnologías entre los jóvenes, así como mejorar la coordinación y colaboración entre los servicios educativos de las distintas administraciones”.

También se recoge en el informe que “el papel de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es relevante para desarrollar la estrategia estatal, coordinar a los poderes públicos y evaluar los resultados de la actuación, pero necesita fortalecer los recursos de las unidades territoriales de violencia”. Por tanto, para contribuir a la mejora de la prevención de la violencia machista, el informe establece una serie de recomendaciones, entre las que figuran reforzar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, potenciar la eficiencia en la toma de decisiones de financiación, la metodología presupuestaria y contable y la calidad de la evaluación de los resultados, así como reforzar el modelo de colaboración entre las distintas administraciones públicas.