La víctima del cura de Mallorca calcula en 468.000 euros la compensación que debe pagarle el obispado

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El obispado de Mallorca ha ofrecido una compensación económica a la víctima de un sacerdote condenado por abusos, un caso que ha admitido esta semana, y le ha pedido que calcule sus gastos en terapia: ascienden a casi medio millón de euros, según confirma esta mujer a EL PAÍS. Esa cantidad resulta del dinero invertido durante 26 años en terapia y medicinas, con una media de 1.500 euros al mes, lo que suponen al menos 468.000 euros. Si el obispado accede, sería la mayor suma conocida que ha desembolsado la Iglesia española por abusos sexuales, en este caso de una mujer adulta considerada vulnerable por sus trastornos psicológicos, una condición que el Vaticano equipara en su legislación al abuso de menores.

Hasta ahora, la cifra más alta conocida, dentro del secretismo imperante en la Iglesia española, es la pagada en 2020 por los maristas de Cataluña por los abusos a menores en sus colegios, en torno a 400.000 euros, pero era una compensación en grupo a 25 personas. En Mallorca se trata, en todo caso, solo de un reembolso de los gastos que esta mujer ha tenido en sus tratamientos, no es una indemnización por el daño causado, ya reconocido por la diócesis en la condena al sacerdote Julià Cifre Vanrell. Es un caso que estaba incluido en el cuarto informe sobre abusos en la Iglesia que EL PAÍS entregó a la Conferencia Episcopal (CEE) y al Defensor del Pueblo el pasado mes de junio, y fue publicado la semana pasada por el Diario de Mallorca. Además, esta mujer también lo ha denunciado en los tribunales.

El caso supone un hito en la Iglesia española, que en su guía de mayo sobre cómo actuar ante las denuncias de pederastia, el documento Instrucción de la CEE sobre abusos sexuales, rehúye las indemnizaciones y ni siquiera las menciona. En realidad, cada obispo y cada orden religiosa va por libre, según su buena o mala disposición, y las compensaciones se llevan con total opacidad. En este caso, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que también ha entregado a la víctima una copia de la sentencia canónica, algo muy inusual y prueba de transparencia, puede marcar un precedente.

La Iglesia española nunca ha querido informar de cuántas indemnizaciones ha pagado por casos de pederastia. Según un cálculo de EL PAÍS de las sentencias conocidas, han sido ya al menos dos millones de euros, con una media de 12.000 por caso, pero cantidades máximas de 50.000. Los jesuitas han desembolsado hasta 72.000 euros y los maristas, 35.000, según ha ido revelando este diario. La Compañía de Jesús maneja una tabla que establece un pago de 5.000, 10.000 o 15.000 euros, según consideren los abusos leves, medios o graves, un sistema considerado un insulto por los afectados. Además, tanto maristas como jesuitas exigen un pacto de silencio, algo que contradice las órdenes del Papa. En cuanto a la vía civil en los tribunales, aún ha sido poco explorada y ahora mismo está abierta en Cataluña una demanda contra la abadía de Montserrat y el obispado de Sant Feliu de Llobregat de Miguel Hurtado, víctima de abusos en el monasterio catalán, que les pide una indemnización de 150.000 euros, como responsables subsidiarios.

El obispado de Mallorca no aclara de momento si va a acceder a la solicitud de esta mujer, de 53 años, un caso especialmente grave porque no solo ha denunciado ante la justicia abusos durante tres décadas, aprovechándose de su vulnerabilidad psicológica, de Julià Cifre Vanrell, sino también de dos jesuitas del colegio Montesión de Palma, Fernando Meseguer Ruiz y Luis Añorbe Sádaba. Así consta en la denuncia presentada el pasado mes de junio a la que ha tenido acceso este diario. En el caso de Meseguer, denuncia que los abusos comenzaron cuando tenía 15 años y era menor.

Los jesuitas no se han manifestado aún sobre ninguna posibilidad de compensación, y la víctima asegura que no tiene noticias de la orden desde que lo denunció a la Compañía hace dos años, en abril de 2021. En cuanto a la diócesis de Mallorca, el comunicado en el que anunció el lunes la condena del sacerdote, decía que “manifiesta su petición de perdón a la víctima y su voluntad de seguir apoyándola y acompañándola en su proceso terapéutico, espiritual y económico”. Consultado por este diario sobre si aceptará la suma que prevé reclamar la víctima, el obispado prefiere no responder: “Los responsables hablarán de estos temas directamente con ella, como han hecho hasta ahora y como es pertinente en los procesos”. Lo cierto es que en la reunión que el vicario judicial mantuvo el martes con la víctima le mostró su voluntad de pagarle una compensación: “Me pidieron que realizara la carta de solicitud de la reparación económica”.

La víctima ya ha hecho su cálculos, que además había adelantado en el proceso canónico, según consta en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La resolución considera probado que el sacerdote “ha causado daño físico y psíquico” a la víctima. La cifra tiene en cuenta todo el dinero que ha gastado “en intentar vivir”, en procurar mejorar su “estado de salud físico y psicológico-emocional”, gravemente dañado por las agresiones. Enumera, entre otros conceptos, 400 euros mensuales en medicación farmacéutica psiquiátrica; entre 130 y 260 en psicoterapia; 100 en psiquiatra; 400 en desplazamientos para las consultas, a veces en otra ciudad. Pese a todo, la denunciante quiere dejar algo claro: “Mi objetivo no es el dinero. Nunca lo ha sido. De hecho, voy a dar este paso porque me lo ha solicitado el vicario episcopal, Nadal Bernat. De él solo he percibido comprensión, empatía y ganas de ayudarme”.

Para la víctima, la condena del cura ha sido una noticia “agridulce”. Positiva, por un lado, porque por fin ha llegado la sentencia contra Cifre, después de tres años, pues lo denunció en septiembre de 2020. Pero la denunciante es crítica con la condena canónica, que ha impuesto al cura tres años sin decir misa en público, pero no lo ha expulsado del clero ni habla de violaciones. En el proceso el cura alegó, según la sentencia, que eran relaciones consentidas y que “no era delito, solo pecado”.

Al final, el tribunal consideró probada la vulnerabilidad de la víctima, que presenta una serie de patologías, psiquiátricas y oncológicas, que suponen un grado de discapacidad del 68% y que implicaron su jubilación a los 50 años por incapacidad permanente absoluta. Entre otros, sufre un trastorno límite de la personalidad que con los años ha derivado en conductas suicidas y autolesivas, graves trastornos alimentarios y daños a las relaciones interpersonales. Sin embargo, la sentencia de la Iglesia opta por creer al sacerdote cuando afirma que no sabía nada de los trastornos psicológicos de la denunciante, y por tanto no ve el requisito necesario del conocimiento de causa del abuso para condenarle con la expulsión del clero.

Una vida marcada por los abusos sexuales

La terrible historia que narra esta mujer comienza con los abusos de su propio padre, a quien también ha denunciado en los tribunales, aunque los hechos están prescritos. “Como normalicé que me violara mi padre, dejé que lo hicieran otros tres padres”. Luego acusa de abusar de ella, cuando tenía 15 años, al jesuita Fernando Meseguer Ruiz, una situación que duró 26 años. Después, acusa, llegó el otro jesuita, Luis Añorbe Sádaba, y luego, Julià Cifre. Los abusos se solaparon simultáneamente en el tiempo durante tres décadas, según su relato.

La víctima explica que los abusos de Cifre fueron los primeros de los que fue capaz de hablar, en una sesión de psicoterapia en 2017. Denuncia que empezaron en 1994, cuando ella tenía 24 años y se acababa de comprar un piso propio. “Este señor, que era el cura amigo de la familia y que antes me visitaba en casa de mis padres, empezó a visitarme en la mía. Le conté que mi padre me violaba y lo criticaba duramente, pero luego empezó él con los abusos”, relata. “Aunque no me penetraba, sí que eyaculaba. Me hacía tocarle el pene y estaba obsesionado con los besos de tornillo y con sobarme las tetas. Cuando estuve ingresada en el hospital, por mis problemas psiquiátricos y oncológicos, venía a verme. Rezábamos, me daba la comunión y me subía el camisón para abusar de mí”, recuerda. Estos abusos, cuenta, duraron hasta sus 50 años, cuando decidió denunciar.

Cuando pudo empezar a hablar de ello en psicoterapia, contó también los abusos de los dos jesuitas. Finalmente se vio con fuerzas para actuar: denunció a Cifre en septiembre de 2020 y a los dos jesuitas, en abril de 2021. La Compañía de Jesús ya condenó en un proceso interno a Añorbe en 2022, y le impuso un precepto penal con restricción de movilidad, limitación completa de su actividad pastoral y prohibición de actividades con menores y adultos. No obstante, la víctima asegura que nunca se lo comunicaron. En cuanto a Meseguer, que además ha recibido otras dos acusaciones en Zaragoza, aún tiene abierto un proceso canónico. “Hasta entonces, los terapeutas no entendían por qué me intentaba suicidar tantas veces, por qué no quería vivir. Era porque silenciaba el horror de estar violada por tres padres a la vez en tiempos coincidentes”, razona la denunciante.

Los de Cifre fueron los primeros abusos que contó, pero no los primeros que afirma haber sufrido. Después de su padre, acusa al jesuita Fernando Meseguer, al que conoció en 1985, cuando tenía 15 años. “Yo iba todas las semanas al Colegio Montesión, que disponía de un lugar de formación juvenil cristiano llamado Congregación Mariana. Allí coincidí con él, que participaba en varias actividades, entre ellas el coro”, relata. “Entablamos confianza y yo le conté que mi padre abusaba de mí. Lejos de ayudarme, empezó él también... Empezó a estar más pendiente de mí y a llevarme en coche a casa. También dábamos paseos y me metía la mano por debajo de la ropa”, continúa. Los abusos, dice, fueron a más, hasta llegar el sacerdote a violarla en su despacho del colegio.

Pero la peor experiencia, asegura, la sufrió en uno de los últimos campamentos en Las Hurdes (Extremadura): “Me obligó a dormir en su habitación para protegerme. Puerta cerrada con llave y abusada de arriba abajo”. También tiene grabado a fuego otro recuerdo: “Un día de fiesta entre los monitores de allí, Meseguer me robó ropa de la mochila y se disfrazó de mí. Me bautizó, de rodillas en el suelo, yo mirando al suelo y él agarrándome con una fregona, con el mote ‘Mofi’, de mofeta, porque decía que yo olía el momento en el que me iba a regañar o hacer algo contra mí. Se burlaba de mí delante de todo el mundo, cuando ya hacía cinco o seis años que me violaba. Era un bullying como un piano. Delante de todos se jodió de mi forma de ser”.

Meseguer se fue de Mallorca en 1988, pero la denunciante continuó acompañándolo al campamento en Extremadura todos los veranos. “También me citaba y me violaba cada vez que venía de visita. Aprovechando que me gustaba tocar el órgano de la iglesia de Montesión, me llevaba allí a tocar y luego me introducía en una habitación del coro de la iglesia, donde me violaba. Siguió hasta el 2021 pidiéndome fotografías de mi cuerpo desnudo por WhatsApp”, asegura.

Nada más salir a la luz el caso de Meseguer, surgieron dos acusaciones contra él en Zaragoza. Según ha informado esta semana el Heraldo de Aragón y ha confirmado a EL PAÍS una portavoz de los jesuitas, dos personas que han comunicado un posible caso de “conducta impropia” y otro de “posibles abusos” por parte de este cura. Ejerció en dos periodos en el colegio zaragozano de El Salvador —entre 1977 y 1981 y de 1990 al 2007— y también estuvo en el noviciado que tenía la Compañía en la capital aragonesa durante el curso 1984-1985 y en el colegio jesuita de Oviedo, entre 2016 y 2021.

El mismo año que Meseguer se marchó, en 1988, llegó Luis Añorbe Sádaba para reemplazarle. Según relata la denunciante, venía del colegio El Salvador de Zaragoza, de donde lo habían expulsado porque en una excursión con alumnos y padres se bañó “en pelotas” en un lago. En Palma, era profesor de religión, física y química, matemáticas e informática. “Lo tuvo a huevo. Rápidamente, entablamos amistad, pues coincidíamos todas las semanas en la Congregación Mariana. Me dio la llave de su despacho en Son Moix, el mismo que empleaba el otro”, comienza. “Cuando descansábamos en el sofá, empezaba a besarme en la mejilla, en la boca y con la lengua… Las situaciones eran cada vez más incómodas, y al final también me violó”, relata. Para entonces ya tenía 18 años.

Con el paso de los años, Añorbe también se marchó de Mallorca. Según la víctima, él mismo le contó que el marido de una amante del jesuita le dijo a la Compañía de Jesús que o lo trasladaban o hacía público el romance. Entonces, lo enviaron a Huesca. La orden, sin embargo, asegura que “fue trasladado por motivos apostólicos”. Al igual que Meseguer, continuó citando a esta mujer cuando iba a Mallorca y pidiéndole fotografías y vídeos de carácter sexual, hasta 2021.

Los jesuitas, según sostiene la denunciante, conocieron hace años los abusos y los encubrieron. Asegura que el director de la Congregación Mariana del colegio jesuita de Montesión tenía conocimiento de los hechos. “Él no vivía en Mallorca, pero venía a Palma a hacerse revisiones médicas y se alojaba en Montesión. Yo se lo conté todo en una entrevista, creo que en 2005, y él me dijo que lo guardaría como secreto de confesión”, expone la víctima, que subraya que no era una confesión, era una conversación. Se trataba de un truco para no tener la obligación de informar a sus superiores.

“A mí todo esto no me aportaba ningún tipo de placer y los odiaba. Pero no me atrevía a negarme, mi forma de ser me lo impedía, tan sumisa. Yo era tal y como me habían educado. Callaba y obedecía”, explica. Todo nace, cree, de que se crio en un entorno familiar muy religioso y conservador, hija de un padre que la violaba.