El obispado de Mallorca admite los abusos sexuales de un cura sobre una mujer y le prohíbe oficiar misa

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Prohibido celebrar la eucaristía en público durante tres años y una compensación económica para la víctima. El obispado de Mallorca ha reconocido de este modo los abusos sexuales de Julià Cifre Vanrell, un sacerdote de la diócesis acusado por una mujer de haber abusado de ella durante 26 años. La diócesis publicó el martes un comunicado de prensa en el que anunciaba la sentencia de su tribunal canónico, como conclusión de un procedimiento interno que en realidad ha llevado casi tres años, pues la víctima lo denunció en septiembre de 2020. Nada se ha movido hasta que el caso, incluido en el cuarto informe de abusos de EL PAÍS, entregado a la Iglesia y al Defensor del Pueblo el pasado mes de junio, salió a la luz en prensa la semana pasada, adelantado por el Diario de Mallorca. El Papa ordenó en 2019, en el artículo 14 del documento Vos est lux mundi, que la investigación de los casos de pederastia debía durar, como máximo, 90 días. La diócesis solo explica, en un comunicado de prensa del 3 de julio, que “por diferentes causas se ha prolongado en el tiempo”.

El obispado mallorquín admite ahora la “extraordinaria gravedad” del comportamiento del cura, que con sus “conductas impropias” ha causado “daño físico y psíquico” a la víctima. La historia de esta mujer es especialmente grave, pues también ha denunciado a la Iglesia por abusos a otros dos jesuitas, que su orden ya está investigando y por los que ha pedido perdón: Fernando Meseguer Ruiz y Luis Añorbe Sádaba. Es decir, sufrió abusos de tres sacerdotes simultáneamente durante tres décadas. En el caso de Meseguer, la mujer afirma que los abusos comenzaron cuando ella era menor, en la Congregación Mariana del colegio Montesión de Palma de Mallorca. Ahora han surgido otras dos denuncias contra ese mismo jesuita en Zaragoza, pero la orden dice no poseer los detalles.

La sentencia de la diócesis de Mallorca impone a Cifre, además de la prohibición de dar misa en cualquier lugar que no sea en su domicilio, la obligación de escribir una carta a la víctima “disculpándose por todo el dolor que le ha provocado”. También se le “exhorta” a llevar “una vida apartada de retiro, oración y penitencia” y a abstenerse de contactar con la víctima o sus familiares. Según el episcopado, este sacerdote ha sido responsable de parroquia en Bunyola, Palma, Palmanova, Santa Ponsa y Paguera, todos municipios de la isla balear.

En los procesos canónicos, los que hace la Iglesia con sus tribunales y según sus reglas, la pena máxima es la expulsión del sacerdocio. Sin embargo, en este caso la diócesis argumenta que, como no estima que los hechos sean equiparables al abuso sobre menores o sobre personas con limitaciones de sus capacidades, el cura no ha sido castigado con la privación de su condición de sacerdote.

Finalmente, el obispado de Mallorca manifiesta “su petición de perdón a la víctima y su voluntad de seguir acompañándola en su proceso terapéutico, espiritual y económico” y remarca su “rotunda condena” de los abusos y su voluntad de buscar la verdad y cooperar con las autoridades judiciales en los procesos abiertos.

“No me he inventado nada”

Tras dar a conocer la sentencia este lunes, el tribunal eclesiástico se reunió con la víctima. “La reunión fue genial”, resume esta mujer en conversación con este periódico. “El padre Nadal Bernat [el vicario episcopal] creyó en mí desde el principio y como fiscal ha sido excelente. Me entregaron la sentencia y me pidieron que realizara la carta de solicitud de la reparación económica”, continúa ella, que en el momento que denunció ya entregó sus gastos en medicación psiquiátrica, psicólogos, terapias manuales y musicoterapia. Aún debe calcularlo, pero ascenderían a entre 1.500 y 2.460 euros mensuales de media, variables entre 1997 y 2023: “Siempre lo he pagado todo yo, pensando que se lo quitaba a mi familia, pero también intentando evitar mi suicidio”. Y añade: “Jamás he actuado por dinero”.

Para esta mujer, lo más importante es que se haya reconocido que lo que dice “es verdad”. “Que no me he inventado nada”, detalla. En 1994, cuando contaba con 24 años, se acababa de independizar de casa de sus padres. Afirma que por aquel entonces, y hasta sus 50 años, sufrió abusos sexuales por parte de Cifre, a quien conocía desde pequeña, ya que era amigo de la familia. “Aunque no me penetraba, sí que eyaculaba. Me hacía tocarle el pene y estaba obsesionado con los besos de tornillo y con sobarme las tetas. Cuando estuve ingresada en el hospital, venía a verme. Rezábamos, me daba la comunión y me subía el camisón para abusar de mí”, recuerda la víctima.

Sin embargo, la sentencia del obispado balear solo cierra un capítulo de la historia de esta mujer. Aún espera noticias de los jesuitas, orden a la que denunció en abril de 2021 a Fernando Meseguer Ruiz y Luis Añorbe Sádaba, y asegura que dos años después no ha vuelto a saber nada de los jesuitas. En el caso de Meseguer los abusos que denuncia comenzaron cuando ella era menor, con 15 años, en la Congregación Mariana del colegio Montesión de Palma de Mallorca, y duraron hasta los 51. Con Añorbe, según su acusación, comenzaron cuando tenía 18 años, también hasta los 51. La orden confirma a EL PAÍS que en el caso de Añorbe el proceso canónico se cerró en 2022 y se le impuso un precepto penal por el que se declararon firmes las medidas cautelares impuestas: restricción de movilidad, limitación completa de su actividad pastoral y prohibición de actividades con menores y adultos.

Dos acusaciones más en Zaragoza contra el mismo jesuita

Según ha informado este lunes el Heraldo de Aragón y ha confirmado a EL PAÍS una portavoz de los jesuitas, Fernando Meseguer está siendo investigado por otras dos acusaciones contra él mientras ejerció en Zaragoza. La primera denuncia que la orden recibió fue la de la mujer de Palma de Mallorca, en 2021. De nuevo se comprueba el efecto de que los casos de abusos se hagan públicos: tras aparecer en prensa la denuncia de Mallorca, los jesuitas recibieron la semana pasada correos electrónicos de dos personas que han comunicado un posible caso de “conducta impropia” y otro de “posibles abusos” por parte de este cura. Ejerció en dos periodos distintos en el colegio zaragozano de El Salvador —entre 1977 y 1981 y de 1990 al 2007— y también estuvo en el noviciado que tenía la Compañía en la capital aragonesa durante el curso 1984-1985 y en el colegio jesuita de Oviedo, entre 2016 y 2021.

“Mientras investigamos, seguimos a la espera de la resolución por parte del dicasterio para la Doctrina de la Fe con respecto a la denuncia de Mallorca”, explican los jesuitas, que aseguran que continúan en vigor las medidas cautelares que le impusieron: restricción de movilidad, limitación completa de su actividad pastoral, prohibición de actividades con menores y adultos. “Vive en una comunidad jesuita que reúne las condiciones para asegurar el cumplimiento de las mismas”, afirman.