Putin desata una persecución de la comunidad LGTBI rusa que trunca a “toda una generación”

La comunidad rusa LGTBI primero fue silenciada con la excusa de que la sexualidad de uno debe quedar en casa. Una vez asimilado ese paso, han aparecido amenazas aún más graves. El Parlamento ruso tramita un proyecto de ley que prohibirá el cambio de sexo a las personas trans, un derecho reconocido por la ONU y —en cierto modo— por la Unión Soviética, y el presidente, Vladímir Putin, ha ordenado crear un instituto “para la investigación del comportamiento sexual de la gente LGTBI”, una iniciativa que ha desatado el temor a que permita la proliferación de centros de reeducación de homosexuales. Para los activistas consultados, se ha truncado la vida “de toda una generación”.

La creación de este instituto ha salido a la luz durante la tramitación de la ley que prohíbe la transición de género, tanto en los documentos de identidad como físicamente. Lo anunció el ministro de Salud ruso, Mijaíl Murashko, durante la sesión parlamentaria, donde dijo que Putin había ordenado fundar un instituto adicional en el Centro Federal de Psiquiatría que estudie el “comportamiento social” del colectivo LGTBI.

¿Supone esto una luz verde a las terapias de conversión forzadas? “No es tan sencillo”, responde Vladímir Kómov, socio principal de la organización de abogados y defensora de derechos humanos rusa Delo-LGTB. “El ministro ha confirmado la creación de un instituto médico que analizará distintos comportamientos que se consideran antisociales”, añade Kómov, que recalca que Murashko no mencionó las terapias para los homosexuales, pero “ha planteado el debate de que se darán más pasos terribles”. “Cada uno ha entendido [sobre esta iniciativa] lo que quiere”, señala, aunque hace hincapié en que el ministro recibió una pregunta muy concreta sobre la posibilidad de terapias de conversión, prohibidas y penadas en España.

Encerrada para una terapia de conversión forzada

Las terapias de conversión ya existen de forma velada en el país. “No importa lo aterrador que suene, pero tengo muy poco que perder en Rusia”, cuenta la activista rusa trans Ada Blakewell, firme en sus convicciones, pero resignada al otro lado del teléfono. Blakewell denuncia que fue obligada a recibir una terapia intensiva contra su sexualidad. “Salí del armario en 2021 y, al mismo tiempo que comencé mi transición, también hice activismo en internet. En el verano de 2022 me encerraron en un centro contra mi voluntad. Estuve retenida hasta mayo de 2023″, explica.

Sus padres la engañaron para viajar de Kaliningrado a Siberia. “Estuve en un asentamiento rural del krai [región] de Altái. Oficialmente, había sido clasificado como un centro de rehabilitación para personas drogodependientes, pero allí se trataba de todo: había tres personas con trastornos de personalidad esquizoides, otra dependiente, yo por ser transgénero y otros casos similares”, detalla Blakewell.

Según la activista, recibían “una misma pastilla para todas las enfermedades” y un tratamiento individual. “Me mostraron la castración de un jabalí para entender qué es una operación de cambio de sexo y me hicieron trabajar en profesiones ‘de macho’, como la tala de árboles y la construcción”, recuerda.

“Sentí no solo la homofobia de los órganos del Estado, sino también la de la sociedad misma que tomó la iniciativa para tratarme”, lamenta Blakewell, que también teme que la ley que prohíbe el cambio de sexo arruinará la vida de muchísima gente. “Estoy preocupada por toda una generación a la que bloquearán el camino no solo hacia su desarrollo, sino también hacia una vida realmente tranquila”, advierte apenas un mes después de recuperar la libertad.

Blakewell, que con otros activistas protestó en el pasado colocando la Constitución rusa en la sección de cuentos de varias librerías, afirma que no planea irse de Rusia de momento. “Soy una de las raras voces LGTBI que han experimentado la terapia”, reflexiona. “Tal vez nuestro activismo pueda ayudar aquí a que Rusia sea realmente el Estado democrático que prometió en los años noventa”, asevera.

“Esto es la manifestación de un fenómeno mucho peor”, recalca por su parte Vladímir Kómov. “Nuestro sistema legal comienza a imponer el Estado sobre el principio del derecho individual. Las personas LGTBI y las personas trans han sido tachadas como las más repulsivas. Están tratando de ocultar tras su lógica que los derechos civiles pueden ser violados”, agrega Kómov, quien recalca el “absurdo” de perseguir un colectivo tan pequeño. Según el proyecto de ley, 2.990 ciudadanos solicitaron cambiar de género entre 2016 y 2022.

“Se ha vuelto más peligroso vivir en Rusia”

La nueva ofensiva del Kremlin contra la comunidad LGTBI es, para sus víctimas, un retroceso de más de un siglo atrás en el tiempo. “En la URSS estaba permitido el cambio de sexo”, manifiesta por teléfono quien fue fugazmente la primera política trans rusa, Yulia Alióshina (32 años). “Me inclino a pensar que las autoridades quieren construir en Rusia una ideología zarista que descanse sobre tres pilares: la autocracia, la ortodoxia y el pueblo. La autocracia es la fe en el buen zar, la ortodoxia es la fe en Dios, y el pueblo sugiere que el buen zar y Dios hacen todo en interés de los rusos”, denuncia.

Alióshina fue nombrada responsable del partido Iniciativa Ciudadana en el krai de Altái en 2021 entre las amenazas de los diputados federales de Putin —“Su formación debe mandarla al infierno de una patada o disolverse”, dijo uno de ellos—. La publicación, un año después, de la ley que prohíbe cualquier apoyo público a la comunidad LGTBI forzó a Alióshina a hacerse a un lado, al considerar que sería imposible sortear aquel muro, pero ahora su formación le ha propuesto que regrese e intente postularse para las futuras elecciones locales.

La política supo desde adolescente que era mujer y logró cambiar su género en su pasaporte en 2020, tras soportar un año y medio “muy, muy difícil” de exámenes psiquiátricos. “Ahora planeaba hacer una operación de cambio de sexo en Moscú, pero esta ley lo prohibirá. ¡Mis planes han quedado arruinados! ¡Me siento perdida!”, dice Alióshina, desolada. “Conozco personas transgénero que reciben actualmente terapia hormonal bajo la supervisión de un endocrinólogo. Mis conocidos tienen mucho miedo de quedarse sin atención médica en medio del proceso si entra en vigor este proyecto de ley”, lamenta. Alióshina recalca que la ley va más allá del veto al cambio de sexo: “Muchas personas transgénero han comenzado a pensar en emigrar porque se ha vuelto más peligroso vivir en Rusia. Al aprobar estas leyes, las autoridades incitan la transfobia, el rechazo y el odio hacia las personas trans”.

El horizonte es lóbrego para esta minoría. La plataforma Delo-LGTB teme que la persecución podría recrudecerse en el futuro. Según Kómov, “es posible una reformulación de las leyes que considere actividades extremistas el activismo feminista y LGTBI”.

Riesgos para la salud

Además, el abogado denuncia que estas nuevas leyes llevarán a algunas personas a jugarse la salud con tratamientos caseros. “El acceso a la terapia hormonal será difícil y entrará en el terreno de lo ilegal. Ya tenemos ejemplos en Rusia, donde, debido al alto coste de la terapia y de las operaciones, hay gente que toma anticonceptivos en lugar de medicamentos hormonales”.

Rusia aprobó en 1997 la ley federal sobre las actas de estado civil, en la cual se legalizaba el cambio de sexo “en consonancia con el derecho internacional y las directrices de la ONU”, según subraya el letrado de Delo-LGTB Maksim Zavertiáyev.

El abogado destaca que el proyecto de ley contra el cambio de sexo se basa en justificaciones “que no se corresponden con la realidad”. Por ejemplo, menciona supuestas operaciones quirúrgicas realizadas a niños con la aprobación de los padres, cuando “conforme a la legislación vigente solo pueden ser admitidos a este procedimiento los ciudadanos mayores de edad”.

Zavertiáyev denuncia asimismo que la nueva ley niega a las personas trans una atención médica que en algunos casos “es vital”, y “golpea a sus derechos básicos en otro desprecio de la Federación de Rusia a las normas suscritas en los tratados internacionales y las obligaciones asumidas por el país; y cuestiona la legalidad de su participación en organizaciones internacionales como la ONU”.