El presidente de Portugal promulga la ley de la eutanasia tras dos años de trabas

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, escrutó hasta el último detalle los textos legales que pretendían despenalizar la eutanasia en el país y utilizó todas las vías jurídicas posibles para trabar una norma que incomoda a muchos católicos practicantes como el propio presidente. Pero seguramente Rebelo de Sousa nunca pensó en saltarse la Constitución que tan bien explicaba a sus alumnos como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa.

Tal y como la Constitución lusa establece, el presidente promulgó a última hora del martes el decreto sobre suicidio asistido y eutanasia, después de que la Asamblea de la República aprobase por mayoría absoluta la semana pasada su ratificación por segunda vez sin tocar una coma pese al veto planteado por el jefe del Estado.

La Constitución establece que si el presidente de la República devuelve una ley al Parlamento y este la confirma con una mayoría de votos, es obligatoria su promulgación por parte del jefe del Estado en un plazo máximo de ocho días. Y esto es lo que Marcelo Rebelo de Sousa anunció lacónicamente que haría, lo que también dice el escueto comunicado oficial de la institución y lo que finalmente ha ocurrido. Es un paso que pone fin a dos años de idas y venidas del texto legal por la Asamblea de la República, la Presidencia portuguesa y el Tribunal Constitucional. En este tiempo se ha vetado dos veces por Rebelo de Sousa, se ha declarado inconstitucional en dos ocasiones y se han redactado cuatro versiones del decreto. En la aprobada se establece que solo se podrá recurrir a la eutanasia en caso de que el paciente esté “físicamente impedido para practicar el suicidio asistido”.

Sin embargo, la norma no entrará todavía en vigor. Antes es necesario que se desarrolle su reglamento, que tendrá que ser elaborado y aprobado por el Gobierno en un plazo máximo de 90 días, aunque el Ejecutivo ha superado con otras normas este límite legal a menudo. El reglamento, además, tendrá que ser valorado por el presidente de la República, que podrá frenarlo con un veto directo o con su envío al Tribunal Constitucional. No parece que el reglamento vaya a tener un camino más fácil que la propia norma.

Existe, además, otra traba, anunciada en el Parlamento el día de la votación. Algunos diputados del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) ya anunciaron que solicitarán al Tribunal Constitucional que realice una fiscalización posterior de la norma aprobada. El decreto de la eutanasia salió adelante con los votos de Partido Socialista (PS), Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, Livre y PAN, además de siete diputados del PSD. En contra se pronunciaron la mayoría de los parlamentarios del PSD, la ultraderecha de Chega, el Partido Comunista Portugués y cuatro socialistas. Tanto PS como PSD dieron libertad de voto a sus grupos.

Su aprobación fue criticada por el Papa Francisco, que visitará Portugal en agosto para participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud. “Estoy muy triste porque en el país donde apareció Nuestra Señora se ha aprobado una ley para matar”, declaró el Pontífice al día siguiente de la votación en la Asamblea.

La norma da primacía al suicidio asistido sobre la eutanasia, a la que solo se podrá recurrir en caso de imposibilidad física de ejecución del suicidio. El paciente que desee solicitar ayuda clínica para morir deberá solicitarlo por escrito a un “médico orientador”, que deberá pronunciarse a favor o en contra de la petición. Si la rechaza, el enfermo tendrá derecho a dirigir su solicitud a otro facultativo. Si se acepta por ajustarse a los requisitos legales, el médico deberá informar sobre cuidados paliativos y tratamientos disponibles al enfermo, que deberá ratificar por escrito una segunda vez si desea recurrir al suicidio asistido o la eutanasia.

La decisión final se somete al parecer de la comisión de verificación y evaluación de los procedimientos clínicos de la muerte médicamente asistida, que está integrada por un magistrado, un fiscal, un médico, un enfermero y un especialista en bioética. En una entrevista al Diário de Notícias, el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Cortes, ya ha anunciado que no es partidario de designar a su representante en esa comisión y que está en contra de la despenalización de la eutanasia. Aunque la postura oficial del colegio se conocerá en unos días, en ocasiones anteriores se han mostrado en contra de nombrar un representante en la comisión.