Una ONG subvencionada por la Comunidad de Madrid maneja una fundación en Liechtenstein

La ONG de rehabilitación de toxicómanos Dianova, que ha recibido desde 2015 más de dos millones de euros de la Comunidad de Madrid, maneja desde hace 25 años una fundación opaca en Vaduz (Liechtenstein), según ha acreditado EL PAÍS. La entidad patrimonial se encuentra activa en el micro-Estado centroeuropeo y acumula un saldo aproximado de cuatro millones, según aseguró el pasado febrero a este diario Montse Rafel, directora de Dianova Internacional, una institución con presencia en 14 países como España, Portugal, Chile, Nicaragua, Uruguay y EE. UU.

La fundación Pronova está controlada por los directivos de Dianova Jorge Alós y Miguel Calapez, responsables de la ONG en Uruguay y Portugal, respectivamente. Se creó en 1998, cuando Liechtenstein era un paraíso fiscal, que acogió una década después más de 160.000 millones de euros de clientes anónimos gracias, entre otras figuras, a su producto estrella, las stiftungen o fundaciones.

La hermética entidad patrimonial alcanzó en 1998 un saldo de 70 millones, según Rafel. “Nos financiamos con esta fundación [de Liechtenstein]. Sus fines son apoyar a los miembros [de la ONG]”, defiende la directora de Dianova Internacional.

Pronova ha registrado 13 cambios desde su constitución el 5 de febrero de 1998, según el registro mercantil del micro-Estado europeo. Su última actualización fue el pasado 16 de febrero, cuando se sustituyó a un miembro de su patronato tras la jubilación de otro, según Rafel.

La dirección de la fundación coincide —según la plataforma mercantil Money House— con la sede de otras 27 entidades, entre las que se encuentran, al menos, tres Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), el refugio de las grandes fortunas para ahorrar impuestos.

Con 39.000 habitantes, 160 kilómetros y una renta per capita de 142.470 euros, cinco veces más que España, Liechtenstein es un Principado entre Austria y Suiza que actúa como polo de atracción de particulares y empresas que maniobran para pagar menos impuestos.

Pese a la falta de transparencia, el representante de Dianova en Uruguay y miembro de Pronova, Jorge Alós, defiende su legalidad. “Es una institución legalmente constituida y cumple escrupulosamente con sus fines, está reconocida como institución de utilidad pública y sus cuentas son auditadas anualmente”, responde por correo este directivo que aterrizó en la fundación de Vaduz en 2021.

El responsable de la ONG en Portugal, Miguel Calapez, suscribe esta idea. “Pronova ha permitido que, a lo largo de los años, se hayan puesto en marcha y mantenido en una decena de países innumerables proyectos sociales de prevención, tratamiento y reinserción sociolaboral de drogodependientes”, indica.

Alós y Calapez han declinado precisar el saldo de la fundación. “Desconozco qué cantidad de dinero ha llegado a gestionar”, dice el primero. “No le puedo dar cifras”, añade el segundo.

El patrimonio de 70 millones que llegó a manejar Pronova en 1998 tiene su origen en los fondos evadidos al fisco por la entidad que precedió a Dianova, El Patriarca. Se trata de una organización fundada por el carismático vendedor de muebles Lucien Joseph Engelmajer que se erigió en los noventa en la gran organización de tratamiento de drogodependientes de Europa.

Guillermo Díaz, exdirectivo de Dianova, asegura que la ONG manejó en el micro-Estado centroeuropeo hasta su salida, en 2006, más de 60 millones. “Había buenas perspectivas de crecimiento que permitían sufragar los gastos escandalosos de la [organización] internacional”, indica el que fuera también responsable de El Patriarca en México y Nicaragua.

Dianova disolvió el pasado enero otra de sus entidades opacas en Liechtenstein, alimentada con los fondos evadidos por El Patriarca, la Fundación Cipresso. Creada en 1999, esta institución fue usada para abonar entre 1998 y 2003 un total de 18 millones a más de 600 trabajadores y voluntarios, que no cotizaron durante su estancia en la organización de Engelmajer y que percibieron como compensación entre 10.000 y 50.000 euros cada uno tras abandonar El Patriarca, según Rafel.

Tras su misión altruista, El Patriarca tejió un entramado en Suiza y Luxemburgo para defraudar 77,5 millones de euros que se nutrió de donaciones privadas y la venta callejera de libros por parte de toxicómanos entre 1983 y 1998, según reveló este periódico. Engelmajer murió en 2007 en el entonces paraíso fiscal de Belice, envuelto en acusaciones de blanqueo y abusos sexuales.

En paralelo a este tinglado financiero, Dianova, una organización que se presenta en sus memorias como “de acción social y sin ánimo de lucro”, levantó un emporio inmobiliario de 242 propiedades en 14 países.

A la pregunta de por qué no se desmanteló el entramado opaco de Liechtenstein, la directora general contesta: “Nosotros no elegimos Liechtenstein, nos lo encontramos. Hace 25 años, nos dijeron que no se podía disolver la fundación”.

La responsable internacional de Dianova, que pilota una organización con 400 empleados (66 en España), asegura que su organización gastó durante la década pasada el 70% de los fondos ocultos en Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein en “abogados, profesionalización y ayudas a los países”.

Concebida como una transnacional de la rehabilitación de drogodependientes, Dianova manejaba antes de la pandemia un presupuesto global de 15 millones, el 90% procedente de subvenciones y convenios públicos. La organización controla solo en Italia un presupuesto anual de entre cuatro y cinco millones, según Rafel.

Junto a los dos directivos de Dianova, la presidenta de la ONG, Mary Christine Lizarza, figuró también en los órganos de Pronova entre 1998 y 2004. Lizarza desembarcó en el consejo de la fundación OILJE de Liechtenstein en abril de 1998 junto a otros siete exmiembros de El Patriarca. OILJE cambió de nombre por Pronova y movió en octubre de 2000 un total de 53 millones de euros.

OILJE absorbió la mayor parte del capital que El Patriarca ocultó en Suiza. Una suma que ascendía en 1998 a 66,7 millones en 13 cuentas en los bancos helvéticos SBS (hoy integrado en el UBS), Banque Cantonale de Genève y BSI Genève, según documentos internos.

A través de una decena de convenios con organismos públicos, Dianova ha encadenado fondos públicos desde hace un cuarto de siglo. Y, desde 2015, ha ingresado más de dos millones de la Comunidad de Madrid, que subvenciona plazas en sus centros para el tratamiento de drogodependientes. La ONG se situó en 2017 en el centro de una polémica después de que aflorara que reunía en su centro de Ambite (Madrid) a toxicómanos y familias de refugiados con niños.

Dianova también ha cobrado del Ayuntamiento de Madrid y la Generalitat de Cataluña para mantener una residencia en L’Ametlla del Vallès (Barcelona) con capacidad para 143 adultos con adicciones. Y la Región de Murcia, el Gobierno de Canarias y la Comunidad de Madrid han sufragado un centro de Dianova en Puente Genil (Córdoba) para chicos de entre 14 y 17 años con problemas de conducta y consumo de drogas, según la última memoria de la entidad, de 2021, en la que no se precisa la cuantía de estas subvenciones y convenios.

Domiciliada en Ginebra, Dianova Internacional ha tratado a 127.855 personas, reúne a 600 colaboradores, 2.000 voluntarios y registra un activo de 2,7 millones, según su memoria de 2021. Ese año, Dianova España ingresó 804.827 euros en subvenciones y registró un activo de 2,2 millones.

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