La Iglesia recibe 186 testimonios de pederastia en 2022, que elevan a 706 las acusaciones que admite desde 1945

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Iglesia católica española hace un nuevo recuento de los casos de abusos sexuales a menores en el clero que admite conocer, pero se limita a los que han llegado a sus oficinas de atención a víctimas: ahora informa de 186 testimonios recibidos en 2022, que ya elevan a 706 las acusaciones de pederastia contra miembros eclesiásticos desde 1945. Todos estos datos solo corresponden a los que han recibido las delegaciones de protección del menor de las diócesis y las congregaciones desde 2019, cuando abrieron sus puertas. Este cómputo, por lo tanto, no incluye el número de todos los casos que conoce la Iglesia con anterioridad a ese año, una información que sigue ocultando, y también quedan fuera los que les ha llegado por otros canales, como los 500 remitidos en los informes de EL PAÍS (salvo que las víctimas luego hayan acudido a sus oficinas) y los que han juzgado internamente en sus tribunales eclesiásticos y, en ocasiones, han silenciado. “Contabilizamos [solo] testimonios porque las oficinas no son órganos de juicio ni de investigación, sino de recepción de información”, ha puntualizado este jueves en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, tras la reunión de la Comisión Permanente de los obispos. En todo caso, los obispos han pasado en solo tres años de afirmar que no había casos a admitir ya 706.

No obstante, García Magán ha asegurado que en un futuro —cuando finalicen tanto la auditoría que los prelados encargaron al bufete Cremades & Calvo-Sotelo como la encomendada por el Congreso de los Diputados al Defensor del Pueblo— la CEE dará una “noticia clara a la sociedad” de cuántos casos de pederastia eclesial ha registrado en los últimos años. Ante la falta de una cifra oficial, el recuento que lleva este periódico, en una base de datos abierta, sobre todos los abusos conocidos en la Iglesia a través de los medios y sentencias judiciales, señala en este momento 953 acusados y 1.802 víctimas.

Los datos anunciados por los obispos están incorporados en los seis volúmenes que el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, y César Magán le entregaron este miércoles a Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo. Gabilondo solicitó este febrero por carta a las 70 diócesis y órdenes españolas todos los casos de abusos sexuales que conociesen desde 1950, los “dispositivos de escucha y reparación a víctimas” que la Iglesia católica ha puesto en marcha hasta ahora, así como datos sobre su funcionamiento. La entrega de ayer, avanzó Omella, era un gesto de los obispos a colaborar con el Defensor. No obstante, el Defensor matiza que han sido “pocos” los que han contestado a su misiva. En los seis tomos, no aparecen ni nombres ni apellidos de los acusados, y al menos dos de los tomos solo contienen los protocolos de prevención que supuestamente siguen las diócesis y las congregaciones.

En la reunión, que el secretario de los obispos ha definido este jueves como “cordialísima”, la Conferencia Episcopal aprovechó para solicitar a Gabilondo el recuento de denuncias que ha recibido su comisión de investigación. En un año, la institución pública ha atendido a 455 víctimas. Cifra superior a los casos recibidos por el despacho de Cremades, que solo ha recabado 150 testimonios. Son números muy lejanos a los que en otros países otras comisiones similares han publicado. Francia, por ejemplo, atendió a más de 3.000 afectados y estimó las víctimas en más de 300.000.

El escándalo de los abusos ha sido el tema que más tiempo ha ocupado en las reuniones de la Comisión Permanente, integrada por los 25 obispos que marcan el discurso de la Iglesia española y sus actuaciones que, posteriormente, siempre son llevadas a una asamblea plenaria para ser votadas por el resto de los prelados, 74 en activo. Públicamente, en sus ruedas de prensa, los obispos han negado durante años que conocieran casos. Tras el inicio de la investigación de EL PAÍS en 2018 y la presión de los medios, admitieron solo 220 denuncias en 2021, y explicaron que tuvieron que pedir a la Santa Sede los datos referentes a España, porque no disponían de ellos. Un año después, reconocieron de golpe 506 casos recibidos en sus oficinas, pero sin aclarar ningún detalle ni si incluía los registrados en el Vaticano. Ahora, ha actualizado la cifra con 186 nuevas acusaciones, y estima que el total, tras eliminar duplicidades, asciende a 706. Pero siempre limitándose a los recibidos desde 2019. La CEE sigue sin dar información de lo que sabe de décadas anteriores.

En esta ocasión, la Conferencia Episcopal se ha limitado a desgranar levemente los datos recibidos en 2022: 74 de los acusados son clérigos consagrados, 36 clérigos diocesanos, 49 consagrados no clérigos y 27 laicos. Todos son varones y solo 69 están vivos. En 27 de ellos “no consta su situación”. En la gran mayoría de los casos (179), las víctimas eran menores de edad en el momento en el que sucedieron los abusos, y siete “eran equiparables legalmente a un menor”. En la actualidad, 166 de esas víctimas son adultas, 16 son menores y cuatro son adultos vulnerables. Por décadas, en los años cincuenta tuvieron lugar 12 casos; en los sesenta, 44; en los setenta, 66; en los ochenta, 26; en los noventa, siete; en los años 2000, seis; en la primera década de este siglo, cuatro y solo en el año 2020 ocurrieron 16 casos.

Como es habitual, la Iglesia no ha informado sobre el número de indemnizaciones que ha pagado a través de sentencias canónicas. De hecho, César Magán ha contestado a los medios que no le “consta que haya sentencias canónicas que hayan determinado indemnizaciones económicas”. A pesar de que públicamente se han conocido varios casos, como las reparaciones de más de 40.000 de la diócesis de Cartagena, las de órdenes como los Salesianos o la famosa cuantía que pagaron los maristas de Cataluña a 25 familias por casos prescritos, y cuya suma ascendió a 353.000 euros, según datos de la congregación.

Otro asunto del que no han hecho mención ha sido las acusaciones contra los obispos que encubrieron, silenciaron o taparon casos de pederastia en sus diócesis. La contabilidad de este periódico señala a más de 40, algunos siguen vivos y han admitido “el error” de haberlo hecho. Preguntado por ello, César Magán ha respondido que ”no hay en la Conferencia Episcopal ningún obispo acusado de encubrimiento de abusos”.