Kelley Robinson: “Han declarado una guerra cultural contra nuestros hijos”

La activista Kelley Robinson se estrena este lunes como presidenta de Human Rights Campaign (HRC), la organización de derechos civiles de los colectivos LGTBI más poderosa de Estados Unidos, con tres millones de miembros y simpatizantes. La semana pasada pudo comprobar que el aterrizaje no será fácil: el tiroteo masivo que se llevó por delante la vida de cinco personas en un club gay de Colorado Springs la obligó a arremangarse antes de tiempo. “Sabemos que el odio anti LGTBI va en aumento y que la violencia armada, alimentada por el extremismo político, afecta a nuestra comunidad de un modo devastador”, declaró. “Nos han robado muchas vidas, desde Pulse [discoteca de Orlando en la que un tirador asesinó en 2016 a 49 personas en el ataque homófobo más mortífero de la historia del país] a Colorado Springs. Esto lleva ocurriendo desde hace demasiado tiempo”.

Robinson, de 36 años, concedió a EL PAÍS una entrevista en Washington antes de la tragedia, la última en engordar una macabra cuenta: HRC calcula que en la última década se han registrado “al menos 300 muertes violentas de personas transgénero y de género no conforme, incluidas las 32 de 2022″. Hasta ahora, trabajaba como directora ejecutiva de Planned Parenthood Action Fund, el brazo dedicado a la política y la abogacía de la principal organización estadounidense en defensa por el derecho al aborto.

Toma los mandos de HRC más de un año después del despido de su predecesor en el cargo, Alphonso David, tras conocerse que había asesorado al exgobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, sobre la mejor manera de salir al paso de las acusaciones de acoso sexual que acabaron con la dimisión de este. Robinson será la primera mujer afroamericana abiertamente queer en presidir una organización que ha recibido críticas por centrar demasiado sus desvelos en el colectivo de los hombres blancos gais. Su nombramiento refleja las urgencias de diversidad del poder en Estados Unidos.

“La representación es importante”, considera Robinson. “Una de mis mayores prioridades será atraer a más personas no blancas al movimiento y crear oportunidades de liderazgo para ellas. Me alegra encadenar mi trabajo anterior con este. Son luchas interconectadas, ambas tienen que ver con la autonomía corporal; ya sea porque decidas acceder al aborto o porque quieras amar a quien te dé la gana”.

Esa interconexión también existe en la mente de Clarence Thomas, tal vez el juez más conservador del Tribunal Supremo más a la derecha en ocho décadas. La sentencia que tumbó en junio el derecho federal el aborto garantizado por el fallo Roe contra Wade (1973) incorporaba una opinión concurrente de Thomas en la que proponía revisar los precedentes de tres sentencias basadas, como aquella, en el derecho a la intimidad: la que en 2015 legalizó el matrimonio homosexual, la que enterró la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo (2003) y la que permitió a las parejas casadas el uso de anticonceptivos en 1965. El primero de esos fallos fue el que permitió hace dos años a Robinson casarse con su esposa, Becky George, activista en favor del control de armas. “Fue, en gran parte, debido a la covid”, reconoce. Pensaron que si una de ellas enfermaba y acababa en el hospital, la otra no podría siquiera visitarla. Tienen un hijo de un año.

“Con este Supremo no podemos dar ningún derecho que derive de los tribunales por sentado”, dice Robinson, que considera que es “urgente” codificar la libertad reproductiva aprobando el proyecto de la Ley para la Protección de la Salud de la Mujer, que pasó el trámite del Congreso antes de verano y se estrelló contra el veto republicano en el Senado. “Incluso con Roe en vigor, el aborto era en muchos sentidos un derecho solo nominal. La gente no podía pedir un permiso en el trabajo para interrumpir su embarazo. Existían periodos de espera obligatorios entre el examen médico y la intervención, así como reglamentaciones dirigidas a dificultar el trabajo de los proveedores. Una ley como la que está en proceso arreglaría todo eso”. Cuando se celebró la entrevista, Robinson era optimista sobre la posibilidad de que las urnas dieran a los demócratas una mayoría suficiente que no llegó; conservaron el Senado, pero no la Cámara de Representantes, así que la tramitación de esa norma tendrá que esperar, si es que algún día llega.

En lo más alto de las prioridades de Robinson para su nuevo trabajo están los derechos de las personas transgénero. “El año pasado fue el más mortífero para las vidas trans. Las mujeres negras se llevan la peor parte: salen cada día a la calle, van a trabajar, a la escuela o a la iglesia sin la seguridad de que llegarán vivas a casa. Por eso es importante que sepan que las defenderemos”, aclara. Ese clima “peligroso” lo relaciona con los “ataques políticos a la comunidad” que han llegado este año en la forma de “leyes en algunos Estados del Sur”.

Entre ellas, la más famosa es la impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que obtuvo un fenomenal triunfo en su reelección y suena con fuerza como candidato a la Casa Blanca. Sus detractores la llaman la Ley No Digas Gay, porque prohíbe hasta la edad de nueve años la discusión en clase entre profesores y alumnos sobre orientación sexual e identidad de género, la permite en cursos posteriores, pero solo cuando se considere que es “apropiada para la edad o el desarrollo” de los estudiantes, provisión imprecisa, y alienta a los padres a que denuncien a los docentes que se la salten. “Cuando empezó su tramitación observamos un aumento del 400% de la desinformación y el acoso en Internet a los niños LGTBI”, recuerda Robinson. “Han declarado una guerra cultural contra nuestros hijos. Los políticos abren la veda para que se les ataque”.

La activista creció en un ambiente de clase media en Chicago. Desciende de la primera familia negra de Muscatine (Iowa): sus antepasados emigraron desde Misisipi al norte, en Iowa, el primer Estado del país en derogar las leyes esclavistas (luego sería el tercero en legalizar el matrimonio homosexual).

De niña, pronto descubrió lo que era el racismo. “Los padres te decían cosas como que nunca entraras en una tienda con las manos en los bolsillos, para que no pensaran que habías robado”, recuerda. Aunque la primera “experiencia realmente negativa” no llegó hasta sus días universitarios. Fue en Misuri. “Observé una sutileza en el racismo que no esperaba; personas que eran amigas tuyas en clase, y que se comportaban de un modo muy distinto si te veían en un bar por la noche. Hubo un incidente en particular: algunos estudiantes blancos colocaron bolas de algodón fuera del Centro de Cultura Negra. Recoger algodón es parte de la experiencia de la esclavitud en Estados Unidos. Cuando nos quejamos, la administración dijo que estábamos exagerando”.

Esas experiencias la empujaron a abandonar la universidad. Trabajó como camarera y como “luchadora de artes marciales mixtas”. Hasta que recibió la llamada de la campaña que llevó a Obama a La Casa Blanca en 2008, durante la que registró a más del 30% de los jóvenes que votaron en Misuri por el expresidente. Y así fue como “las cosas hicieron clic”. En 2009, empezó a trabajar en la filial de Planned Parenthood que da servicio a parte del Medio Oeste.

Tanto tiempo después, considera que “este es un momento aterrador para Estados Unidos”. “Está en peligro la democracia, y el país por el que pelearon mis antepasados. Aquellos que defienden hacer América grande de nuevo [Make America Great Again, lema del movimiento que abandera Donald Trump] en realidad quieren regresar a un tiempo en el que los que son como yo no tenían los mismos derechos que los blancos. Es nuestra obligación recordarles que no son la mayoría”.

Su último servicio en Planned Parenthood Action Fund consistió precisamente en eso, durante la campaña de las elecciones legislativas recién celebradas. La labor de la organización se ha enfocado en estas legislativas en contribuir al triunfo de candidatos favorables a la protección del aborto, especialmente al nivel de los gobernadores, y a ganar los referendos que en cinco Estados buscaban blindar esa protección. Lo lograron ampliamente, lo cual demuestra, dice, que “la decisión del Supremo no refleja el sentir de la sociedad”.

Las victorias parciales no deben dar una impresión errónea, advierte: aún queda “mucho por hacer” para garantizar la “supervivencia del experimento estadounidense”. A Robinson le preocupa que esté regido por un sistema que el paso del tiempo solo hará más imperfecto. “En 2040, el 70% de la población se concentrará en 20 estados. O cambiamos el reparto de senadores [dos por Estado, independientemente de su población] o Estados Unidos va camino de dejar de ser una democracia representativa”.