Pacientes de covid persistente denuncian la dificultad y burocracia para acceder a una incapacidad permanente

Existen ya en España pacientes de covid persistente que han recibido incapacidades laborales absolutas, que eximen a los afectados de trabajar a cambio de una pensión. Un 10% de los pacientes con infección por covid desarrollan covid persistente, y el 5% puede alcanzar o sobrepasar el año de baja por no haber recuperado sus capacidades debido a la enfermedad. De estas personas, las que superan el año de baja, solo un 4% llega a recibir la incapacidad permanente laboral, según un estudio llevado a cabo por la Cátedra Internacional de Medicina Evaluadora y Pericial de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). El resto recibe el alta y vuelve al trabajo. Los afectados aseguran que la enfermedad les imposibilita trabajar o llevar una vida normal, y denuncian que el camino a la incapacidad está lleno de trabas burocráticas y obstáculos. Algunos piden bajas por otros motivos ante la imposibilidad de retornar a su entorno laboral. Otros se ven forzados a regresar, y, en ocasiones, la vuelta implica el despido. “No se puede vivir con esto, y no nos creen”, asegura Merche Sánchez, afectada por covid persistente. Han convocado manifestaciones este sábado en Madrid, Barcelona y Sevilla.

A día de hoy se reconocen más de 200 síntomas asociados a la afectación multiorgánica del síndrome poscovid. La fatiga, la astenia (sensación de debilidad y falta de vitalidad) y la disnea (dificultad para respirar) son los síntomas más habituales, pero en los procesos más largos (y menos comunes) aparecen también los trastornos psíquicos como la ansiedad o depresión; la taquicardización; dolores musculares y articulares; y la incomprendida “niebla mental”, que acarrea desorientación, olvidos, confusión y dificultad para concentrarse.

Sánchez, que forma parte de la Asociación Madrileña de Covid Peristente (AMACOP), cuenta que los dolores musculares y la niebla mental no la dejan trabajar. Asegura que no puede permanecer más de una hora sentada en una silla, no puede leer ni retener ningún tipo de información, y cualquier movimiento la agota físicamente. “No soy capaz de mantener los brazos en alto para enjabonarme dos veces o aclararme el pelo, he estado a punto de quemar la cocina”, dice la madrileña. Lo mismo le pasa a Ascensión Ezquerro, que vive en Zaragoza y pertenece a la organización Long Covid Aragón. “Distensión abdominal, dolores de cabeza continuos, hormigueo, polineuropatía de fibra fina (afectación del sistema nervioso que puede producir dolor). Yo no tenía ni idea de qué era eso. En cada consulta aparecía un síntoma más”, recuerda. “Siento que he desaparecido”, lamenta. Sánchez es médica y Ezquerro es enfermera, ambas se contagiaron en el hospital.

El estudio sobre Incapacidad Laboral por síndrome poscovid y protocolo de valoración de la capacidad laboral que llevó a cabo la cátedra de la UCAM cifra en 150.000 los trabajadores afectados por covid persistente desde el inicio de la pandemia. La gran mayoría se recuperó antes de los 12 meses: el 75% entre los tres y seis meses, y el 20% entre los seis y los 12 meses. Queda ese 5% que supera el año de baja y que “manifiesta una sintomatología incapacitante que puede ser permanente”, explica José Manuel Vicente Pardo, director de la Cátedra Internacional de Medicina Evaluadora y Pericial UCAM. “Para ellos, el síndrome poscovid supone una disminución de la calidad de la vida, y sus síntomas son factores de mal pronóstico para el retorno laboral”, reconoce el médico.

El proceso para recibir la incapacidad laboral por cualquier tipo de causa es largo. El organismo encargado de valorar las peticiones de incapacidad es el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), específicamente las direcciones provinciales a través de los equipos médicos de evaluación de incapacidades. Las valoraciones médicas son un proceso totalmente individualizado, que tiene en cuenta las limitaciones que cada paciente enfrenta dependiendo de las características propias de su trabajo.

Protocolo de valoración

“El problema de la valoración”, explica Vicente, también jefe de la Unidad Médica del Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS de Guipuzkoa, “es que resulta complicada porque a veces los síntomas que refiere el paciente y le suponen una limitación no se ven reflejados en las pruebas, analíticas o exploraciones”. Por eso, el médico asegura que es importante elaborar un protocolo de valoración de la capacidad laboral específico para el síndrome poscovid, algo que todavía no existe, a pesar de que “se ha pedido” por muchas de las organizaciones de covid persistente. También incide en la necesidad de disponer de registros de datos reales sobre las incapacidades, para poder prevenir y estudiar, algo de lo que el INSS no dispone. Este diario ha preguntado al instituto, que no aclara si están elaborando alguna guía o protocolo específico.

Existen distintos tipos de incapacidad laboral: parcial, total y absoluta. Las que más se conceden son estas dos últimas. La total inhabilita al trabajador para realizar su profesión, pero puede dedicarse a otra distinta. La absoluta inhabilita para cualquier tipo de oficio. Es decir, que no puede trabajar en nada. Se reciben de dos formas, que el trabajador la solicite por su cuenta o que sea el INSS quien, después de que el afectado agote el año de baja, tome la decisión: el alta, obligando al paciente de covid persistente a regresar al trabajo; prolongar la baja por seis meses más; o dar algún tipo incapacidad. Como norma general, Vicente explica que un enfermo de covid persistente puede estar 18 meses de baja, pero, a veces, por temas de gestión, el INSS la alarga por una “demora de calificación” mientras decide si dar o no la incapacidad, proceso que tiene como límite los dos años.

Ese tiempo llevaba Pilar (nombre ficticio) sin trabajar. Esta mujer, andaluza y representante de la asociación nacional Long Covid ACTS, recibió en julio de 2021 una llamada de la Seguridad Social. Hacía 18 meses de su contagio, y los síntomas persistían. “Me dijeron que no estaba para trabajar, pero que igual se me pasaba en el mes que me quedaba de vacaciones. Que ya me llegaría una carta con la resolución que fuera. Yo sabía que era imposible que esto se curara en solo un mes”, recuerda. A las tres semanas, el escrito llegaba con el alta y la negación de la incapacidad. Acudió a un abogado, que le sugirió recurrir y solicitarla por su cuenta. Lo hizo en los cuatro días que el INSS deja de plazo, y luego fue a juicio.

Durante los 10 meses en los que se vio obligada a acudir periódicamente a la dirección provincial para someterse a una revisión, a pesar de tener movilidad reducida a causa de la enfermedad, recibió siempre el mismo mensaje: “Sí, la vemos mal. Usted está para incapacidad absoluta, no temporal. Pero espere a la carta”. Semanas y nervios después, la misma respuesta: incapacidad denegada, alta. En abril de este 2022, dos años y medio después del contagio, Pilar recibió un escrito que reconocía la equivocación y, con carácter retroactivo, su incapacidad permanente laboral. Absoluta. Por la incapacidad total se concede una pensión vitalicia del 55% o 75% del sueldo base. Por la absoluta, el 100%.

“Al principio todos me daban el alta”

Sánchez, que ingresó en marzo de 2020 por covid, está sumergida en un proceso judicial. Tiene reconocida la incapacidad total, pero quiere pedir la absoluta, aunque el INSS lleva meses de silencio administrativo. Cuenta que tuvo que buscarse la vida para conseguir un médico que quisiera realizarle las pruebas necesarias. “Al principio todos me daban el alta, me decían que estaba obsesionada”, expone. Ahora tiene un equipo de especialistas que han podido determinar con pruebas médicas que lo que siente y padece es real. “Es verdad que conseguir una derivación de atención primaria a especialistas es complicado, y los pacientes pueden sentirse desatendidos”, reconoce Vicente. El médico añade: “Por eso es vital atender cuanto antes y en unidades especializadas, algo que otros países tienen y en lo que España va tarde”. Pilar asegura que la experiencia es parecida con los equipos médicos de evaluación de incapacidades del INSS. “Es terrible. Una de las veces que fui, el personal de seguridad y los médicos encargados de mi revisión se rieron de mí”, revive Pilar. Luego, cuando le reconocieron retroactivamente la incapacidad, le pidieron disculpas, recuerda.

“Es triste ver que tus compañeros de profesión no te creen”, expresa Ezquerro. Cuenta que se enteró de que el INSS le daba el alta porque la empresa para la que trabajaba le informó, sin haber recibido todavía ninguna notificación por carta. Recurrió, pero no obtuvo respuesta del organismo. Ahora está de baja por otro asunto médico. Las tres pacientes denuncian la falta de organización y la dejadez en la comunicación del INSS. Fuentes del INSS aseguran que todas las resoluciones de alta se comunican a los interesados, y que además se les envía antes un SMS para avisarles. “Es importante que los ciudadanos tengan actualizados sus datos para que puedan recibir la comunicación de forma efectiva”, explican.

Vicente incide en la importancia de que se cree un protocolo de adaptación al trabajo para aquellos pacientes que reciben el alta y lo requieran. “Puede ir con una disminución de la carga laboral, de las cargas físicas o una reducción de jornada”, explica el médico. “Muchos de los pacientes con covid persistente relatan que, tras ser dados de alta por el INSS, no pueden trabajar y no pueden rendir. En algunos casos esto puede suponer un problema para el trabajador. Porque te echen o porque uno mismo diga que no puede más. Además, el sobreesfuerzo puede hacerle recaer”, concluye. “Hemos pedido una adaptación del puesto, pero no se está dando”, asegura Pilar. “A las empresas no les viene bien, porque trabajas menos y más lento, y se dan los despidos procedentes por falta de productividad”, concluye.

Sánchez lamenta que “se estén dando muy pocas incapacidades absolutas” porque, supone, “va a costar mucho dinero”. “Algún listo que quiera pedirla habrá, pero creo que se nota de verdad cuando alguien está enfermo y no puede trabajar”, expresa. La valoración de la incapacidad por el síndrome poscovid es un proceso complicado, reconoce Vicente. “Pero minimizar sus efectos o negar su existencia conlleva un perjuicio para su salud y su pronta recuperación”, añade. “No puede prestarse atención al coste con un criterio economicista, por alto que sea, sino que debemos observar la incapacidad laboral con criterio indicador de salud y calidad de vida”, concluye el médico.