La realidad del drama de la vivienda supera a la ficción: “Estuve a punto de quitarme la vida”

“Descubrimos que éramos pobres y no lo sabíamos”, dice Richard Rodríguez, nacido en Valencia hace 50 años. Antes de la crisis de 2008, Rodríguez trabajaba como mediador intercultural (arbitrando en conflictos entre culturas y nacionalidades en los barrios) para el Ayuntamiento de Madrid. Pero la crisis les quitó el empleo, tanto a él como a su esposa, y no pudieron seguir pagando su alquiler en Vallecas. La familia ocupa desde 2015 un piso propiedad de un banco en el distrito de Villaverde que había quedado vacío después de que otra familia fuera víctima de una ejecución hipotecaria. “Se vive con miedo, de forma clandestina, escondidos… Cuando escuchas a lo lejos una sirena, piensas que vienen a echarte de casa”, explica. Han pedido al banco regularizar su situación, un alquiler social, la compra de esa vivienda incierta que ahora es su hogar. Sin éxito.

El caso de Rodríguez es uno de los que Juan Diego Botto y su equipo han utilizado como inspiración para la película En los márgenes, que se estrenó este viernes en cines, protagonizada por Penélope Cruz, Luis Tosar y el propio Botto, que también dirige y coguioniza junto con la periodista Olga Rodríguez. El filme ahonda en el drama de la precariedad, la pobreza y la dificultad de acceso a la vivienda que, como dice Botto, son asuntos que dejan de ser noticia cuando se convierten en algo cotidiano, como está sucediendo. En 2021 se produjeron en España más 100 desahucios al día, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, el ser humano es tenaz y tiene desde los albores de la especie una fuerte tendencia a no dormir a la intemperie. Carecer de vivienda no es como carecer de cualquier otro bien, el hogar es la base en la que se radica la existencia y, cuando esta falta, se derrumba todo lo demás

El 28 de septiembre se celebró un preestreno de la película en el auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras, en el centro de Madrid, ante decenas de miembros de colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o la Coordinadora de Vivienda de Madrid. “La película se ha mostrado en los festivales de Venecia y San Sebastián, pero para nosotros esta es la proyección más importante”, dijo el director. En ese público estaban las personas en cuyas casas, cuyas familias, cuyas asambleas, cuyo activismo, se habían sumergido los cineastas para salir luego con un guion fiel a la realidad de los afectados. Aun así, las historias reales superan la ficción.

Cuando se te cae el mundo encima

“Penélope Cruz vino a verme, estuvimos hablando, hasta me hizo que le leyese sus partes del guion”, cuenta Angelines Díaz, de 48 años, moza de almacén (cuando tiene trabajo). “Yo estaba flipando”. Su problema comenzó en 2012, cuando no pudo seguir pagando el alquiler en una vivienda social a causa del desempleo. Su marido trabajaba en la construcción y el sector se paralizó. “Me mandaron una carta diciendo que tenía que abandonar mi casa en un mes… Se te cae el mundo encima cuando recibes esa carta, con una hija de siete años y otro de dos”, cuenta. Acudió a las asambleas de vivienda y allí se convirtió en activista. Los colectivos y las asambleas de vivienda, que se muestran en la película con cameos de los verdaderos afectados, no solo son un modo de buscar soluciones, sino un apoyo emocional cuanto todo se derrumba.

“Somos una familia, cuando vemos a uno mal, le damos apoyo”, dice Díaz. Estas organizaciones son máquinas de convertir afectados en activistas. En ellas hay hombres, pero son sobre todo femeninas: la película pone el foco sobre el carácter de estas mujeres luchadoras. Díaz, después de años de lucha, de reuniones, de encierros, sigue en su casa: ha conseguido un alquiler que puede pagar. “Eso sí, tengo una deuda por la vivienda de 32.000 euros y 9.000 euros en multas por incidentes en desahucios, gracias a la ley mordaza”, señala.

Vanesa Fernández, de 43 años, de oficio dependienta, trabajadora doméstica y practicante de muchos otros, sobre todo en negro, se intentó quitar la vida una vez. Había accedido a una vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid para menores de 35 años en 2013 (entonces la AVS se llamaba IVIMA). Pero poco después esa vivienda, en el madrileño barrio de Las Suertes, fue vendida al fondo de inversión Encasa Cibeles, participado mayoritariamente por Goldman Sachs. Ese año, la Comunidad de Madrid presidida por Ignacio González vendió casi 3.000 viviendas al citado fondo. Y su alquiler comenzó a subir, de 140 a 409 euros, un monto que muchos no se podían permitir.

En esa situación, cualquier gasto inesperado suponía un escollo y resulta difícil alcanzar a pagar la energía, el agua, la comida. “No llegué al desahucio, pero recibía muchísimas amenazas, me llamaban por teléfono, venía una asistenta social y me invitaba a irme, me decían que no eran una ONG, y veía cómo iban echando a mis vecinos”, cuenta Fernández. “Así hasta que la presión me pudo, tenía mucho miedo a pasar por un desahucio y preferí irme con mis dos hijos”. La violencia de los desahucios, el trauma que produce, puede servir, según las asociaciones, para que otros afectados abandonen su vivienda más dócilmente, a modo de medida disciplinaria. Los nuevos propietarios dejaron sin luz la escalera del edificio de Fernández, sin antena de televisión y el ascensor quedó inutilizado. “Querían hacernos la vida imposible”, señala la afectada.

Todo el proceso, unido al embarazo y al parto, le produjo una depresión. Luego fue de casa en casa, intentó ocupar una vivienda de un banco, pero no lo consiguió, la puerta era muy resistente y ella no tenía muchos conocimientos en esta disciplina. “Hay momentos en que hay que tomar decisiones radicales para sobrevivir”, explica Fernández, “pero para todo hay que saber”. Así, hasta acabar en la calle, de donde la recogió el padre de su hija. En 2018, debido a los problemas económicos, tuvo que internar a su hijo en un colegio, porque la situación le estaba perjudicando en sus estudios. “Esto ya me afectó el doble, el hecho de que se separara mi familia, y en diciembre no podía más: intenté suicidarme y acabé en un psiquiátrico ocho días”, relata Fernández. “No era dueña de mi mente”. Ahora vive en un piso de una organización que lucha por el derecho a la vivienda.

Decrece la conciencia social

El movimiento contra los desahucios cobró fuerza y fama en la anterior crisis y al calor del movimiento 15-M, pero, aunque los problemas permanecen, e incluso se intensifican, parece que la forma de verlos es diferente. “La situación en los medios ha cambiado mucho”, asegura Rodríguez. “Antes, cuando se hablaba del problema de la vivienda, se hablaba de desahucios, especulación, bancos, fondos buitre; ahora en la tele se habla solo de la ocupación, para meter miedo. Los que ocupamos no somos delincuentes, somos mayoritariamente familias sin recursos”. Según cuentan, el movimiento por la vivienda no vive su mejor momento. “La gente no se implica como antes”, dice Díaz, “hay menos conciencia social”.

El diagnóstico y las posibles soluciones que dan todos los afectados son los mismos: en España falta vivienda pública, como se ve al comparar con los países del entorno, la Sareb (el “banco malo”) debería ceder más pisos para alquiler social, la vivienda se ha convertido en un objeto de especulación y no en un derecho como afirma la Constitución, es necesaria una Ley de Vivienda eficaz y parar los desahucios, etcétera. Por cosas como estas luchan estos colectivos, que convirtieron el preestreno en una fiesta con consignas, discursos y canciones. “Para nosotros es un gran reconocimiento que se estrene esta película”, afirma Rodríguez. “Disfruté mucho del rodaje, excepto cuando, en pleno set, recibí mi novena orden de desahucio. No podía dejar de llorar, de vergüenza, de impotencia”.