La precariedad de la vivienda condena la salud de los afectados: “Mi hija ha dejado de comer”

La hija mayor de Nadia Mermouri (34 años) dejó de comer y su hermana, recuerda la madre, a veces pregunta si se van a quedar sin casa “nuevamente”. A principios de 2017, los dueños del bloque donde se encontraba la vivienda de esta familia de Ciutat Vella decidieron subirles el precio del alquiler. Mermouri cobraba 640 euros y “no podía pagar” lo que solicitaban, comenta antes de una asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, de la que forma parte. Ese mismo año le llegó la primera demanda de desahucio, un proceso que se alargó durante meses, con hasta tres lanzamientos que la entidad pudo detener.

Cuando en 2018 se llegó a un acuerdo, los servicios sociales le proporcionaron a la familia un “piso puente” en Trinitat Vella, a 30 minutos del barrio donde habían vivido toda su vida. La vulnerabilidad que acreditaba finalmente le permitió acceder a un alquiler social. Tardaron 26 meses en entregarle la vivienda.

Durante este tiempo, Nadia ha experimentado episodios de ansiedad. Tampoco ha podido dormir ni comer satisfactoriamente. Estos aspectos se han cronificado desde hace unos meses, cuando descubrió una subida en su alquiler social de más de 250 euros: “Estoy en la misma situación que antes”, apunta Mermouri. También ha solicitado un cambio de domicilio: “Debajo de mi casa hay muchos conflictos, se pinchan, hay relaciones sexuales, hay peleas. Tenemos informes médicos de mi marido, que lo agredieron el último junio. Mi hija mayor lo ha visto todo, tiene miedo de bajar, otra vez ha dejado de comer”, destaca la madre, que ha tenido que ir a un psicólogo por sus problemas con la vivienda.

El malestar psicológico afecta a tres de cada cuatro personas con inseguridad residencial y/o pobreza energética en Cataluña, según un informe presentado este jueves en Barcelona por el Observatorio Desc, Ingeniería sin Fronteras, la PAH, la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. La inseguridad residencial, que afecta principalmente a mujeres y menores según el documento, puede suponer una mayor probabilidad de depresión, ansiedad o casos de suicidios, como el que ocurrió recientemente en un barrio de Sant Andreu, en Barcelona.

Ana Novoa, médica y técnica de la Agencia de Salud Pública, destacó durante su intervención que las cifras en los afectados son “mucho más elevadas que las que observamos en la población general”. En concreto, se trata de un 78,4% de malestar psicológico en mujeres y un 74,4% en hombres, frente al 16,4% de la población general; mientras que “la mitad [de los afectados] presenta depresión” (52% tanto en hombres como en mujeres, frente al 4,7% en el conjunto de España).

En cuanto a los menores, un 14,3% de los niños y un 15,4% de las niñas con inseguridad residencial responden a un estado de salud “regular o malo”, frente al 2,8% y 2% que, respectivamente, se encuentran en el mismo estrato entre los menores de Barcelona sin este problema. “En aquellas personas en las que coexisten más inseguridades en diferentes ámbitos, la salud es peor”, ha sintetizado la experta a propósito de los resultados del estudio Estado de la exclusión residencial: impactos de la Ley 24/2015 y otras medidas de respuesta, que también tiene como objetivo analizar la función que han tenido entidades sociales como la PAH o APE en la emergencia habitacional que vive Cataluña durante los últimos años.

Estas entidades han defendido que las leyes y las medidas que han impulsado han logrado paralizar anualmente en torno a 1.000 desahucios, además de 200.000 cortes de suministro desde 2015. En ese año entró en vigor la célebre Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética, con un camino que se ha distinguido por ser turbulento: “No podemos olvidar que las medidas de vivienda y alquiler social obligatorio de esta ley han estado impugnadas hasta tres veces”, ha recordado Guillem Domingo, del Observatorio Desc, sobre las suspensiones que sufrió la norma en el Tribunal Constitucional. “La ley ha estado la mitad del tiempo vigente. Esto explica los resultados desiguales”, ha agregado.

Según datos del Consejo Superior del Poder Judicial, entre 2015 y el 2021 se ejecutaron en Cataluña 84.456 desahucios, lo que representa más del 20% de los lanzamientos llevados a cabo en España (375.592) durante el mismo periodo. Esto ha mantenido a la comunidad autónoma a la cabeza de los desahucios en el conjunto del Estado. Desde la aprobación de la norma catalana, se percibe una disminución de los lanzamientos en la serie histórica: de entre 15.000 en 2015 pasa alrededor de 12.000 en 2019, antes de la pandemia, cuando los desahucios cayeron en toda España. En 2021 remontaron, con Cataluña superando los 9.000 lanzamientos.

“A algunos les interesa decir que el alquiler social no funciona”, ha concluido Domingo sobre uno de los aspectos fundamentales de la Ley 24/2015. Esta, como puede ocurrir con la última norma aprobada en febrero en el Parlament de Cataluña, ha tenido problemas para desarrollarse debido a la “invasión de competencias” respecto a la legislación estatal que han alegado algunos jueces. Domingo, por su parte, también ha criticado la inercia de la administración pública a la hora de abrir procedimientos que sancionen a las empresas privadas. El informe critica la “tendencia sistemática” de estas a “incumplir la ley” de vivienda.

Falta de datos

La portavoz de APE, Maria Campuzano, ha destacado “lo difícil que es encontrar datos” relativos a la pobreza energética en Cataluña. Entre otros motivos, porque la Generalitat “no tiene ningún órgano que recoja datos sobre la aplicación de la 24/2015″, y también porque las cifras en cuestión “están en manos de las grandes empresas energéticas”. La estimación de los 200.000 cortes de luz paralizados entre 2015 y 2020 se ha realizado a partir de informes de riesgo de exclusión residencial tramitados.

“Gracias a esta ley también se han instalado 914 contadores sociales de agua desde 2015 [en Cataluña]. La ley funciona, parando cortes y garantizando a las familias”, ha agregado Campuzano sobre los datos del estudio, que entre sus recomendaciones ha propuesto consolidar medidas temporales (derivadas de la pandemia) como la moratoria para frenar los desahucios, vigente hasta finales del 2022. La medida, expone el informe, ha logrado detener desahucios. No obstante, el documento también recuerda que estos no se han detenido en “todos” los casos “susceptibles” de acogerse a la norma.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal