Solas, sin papeles, sin recursos: así eran las seis jornaleras que denunciaron a un capataz por violación en Cartagena

En septiembre de 2020 seis mujeres denunciaron al hombre que actuaba como intermediario buscándoles trabajos en el campo en Cartagena (Murcia) y trasladándolas hasta las fincas donde se ganaban el jornal. Lo acusaban de haberlas violado en repetidas ocasiones. El hombre, en prisión provisional desde entonces, se sienta esta semana en el banquillo y se enfrenta a penas que suman 95 años de cárcel.

El acusado, Minoune Zouhir, nacido en Marruecos en 1961 y residente en España desde 1989, eligió bien a sus víctimas: todas son de nacionalidad marroquí, estaban en España solas, no tenían papeles, no hablaban español, apenas sabían leer o escribir en su propio idioma y no tenían ningún recurso económico. Eran las más vulnerables dentro de un sector, el de los trabajadores agrícolas, ya de por sí precario. Según el relato del Ministerio Fiscal, antes y después de las violaciones, Zouhir las amenazaba con que denunciaría su situación irregular para que las expulsaran de España o con que no volverían a tener trabajo si contaban lo ocurrido o si no seguían manteniendo relaciones sexuales con él.

Para María José Blázquez, responsable del área de Mujer en la Federación de Industria de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, este es el caso “más flagrante” de agresiones sexuales a trabajadoras agrarias de los últimos años, solo igualado por el de otro grupo de temporeras marroquíes que denunciaron a su capataz en Huelva en 2018.

Habla con conocimiento de causa, ya que el sindicato fue clave para arrancar la investigación contra Zouhir: dos de las víctimas acudieron a una colaboradora de esa organización y le contaron los abusos, y el propio sindicato fue el que acudió a la Guardia Civil. Y es que, aunque los casos de acoso sexual, tocamientos, insinuaciones obscenas, propuestas sexuales y tratos vejatorios hacia las temporeras son un secreto a voces, asegura Blázquez, son muy pocas las que se atreven a ponerlo en conocimiento de la justicia. “Puede haber un rumor, comentar entre compañeras. Pero las que lo sufren, muy rara vez lo cuentan. Es para ellas una situación no solo dolorosa, también vergonzosa y humillante. Tienen miedo de perder el trabajo, de represalias. Lo peor de todo es que, en muchos casos, esas actitudes de los superiores se han normalizado”, lamenta.

A ello se suma el miedo a ser repudiadas por sus propias familias, la sensación de que nadie las va a creer, la dificultad de enfrentarse a un proceso judicial en un país ajeno, sin recursos, sin trabajo, sin apoyos. Y los antecedentes poco halagüeños: el caso de Huelva fue archivado, aunque está recurrido en la Audiencia Provincial. En la propia Región de Murcia, el pasado mes de agosto, un empresario agrícola llegó a un acuerdo de conformidad con la mujer a la que reconoció haber violado, consiguiendo así esquivar la cárcel. Este caso generó una gran conmoción social y revuelo mediático y judicial y motivó que la Fiscalía iniciara los trabajos para defender que las declaraciones de las víctimas de agresiones sexuales en la fase de investigación puedan considerarse “prueba preconstituida” para evitar que tengan que volver a declarar en el juicio oral.

No ha sido así en esta ocasión. Las seis mujeres, de entre 29 y 49 años de edad, han declarado en la Audiencia Provincial de Murcia a puerta cerrada. Según el relato de la fiscal, Zohuir las llevaba a una finca donde tenía un pequeño huerto y algunos animales ofreciéndoles trabajo y, una vez allí, las violaba. Una conducta que repitió varias veces con cada una de ellas. Uno de los guardias civiles que participó en la investigación y que ha comparecido como testigo ha explicado que la detención de Zohuir se precipitó cuando el 26 de septiembre de 2020 recibieron el aviso de que el hombre podía estar cometiendo una agresión en esa finca. Lo detuvieron cuando se disponía a salir de ella con su coche. La mujer, una de las seis denunciantes, estaba todavía dentro.

En su declaración ante el juez, el acusado ha negado todos los hechos. Según su versión, solo en dos ocasiones había contratado él mismo a estas mujeres: a dos de ellas para trasladar trigo a una habitación, y a una tercera, el día de la detención, para arrancar malas hierbas. Las otras víctimas, ha reconocido, estuvieron en esa finca, pero no trabajando para él, sino de paso, cuando las trasladaba de regreso de otras explotaciones. Él paraba para dar de comer a sus animales y ellas, mientras, recogían alguna verdura para su propio consumo. Nunca estuvo solo con ellas, ni mantuvo relaciones con ninguna. En su opinión, una de las víctimas lo denunció “por venganza” después de haber perdido un trabajo y, junto con otra de ellas, le tendió una trampa para que fuera detenido. Será el juez quien determine si esa declaración se sostiene una vez que finalice la vista oral. Está previsto que el caso quede visto para sentencia este jueves.