La nueva ley impedirá que un sanitario esté más de tres años trabajando sin ser funcionario

El Gobierno, con un decreto pactado con las comunidades, hará fijos a 67.000 trabajadores y además garantizará que no se vuelva a acumular una bolsa de precarios en el futuro

Manifestación de sanitarios contra la precariedad, el pasado mayo en Madrid.
Manifestación de sanitarios contra la precariedad, el pasado mayo en Madrid.KIKE PARA

El Consejo de Ministros dará forma legal este martes, a través de un real decreto ley, a un cambio radical de la situación laboral de la sanidad en España, tal como avanzó en EL PAÍS el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los detalles demuestran hasta qué punto la decisión tiene relevancia política, económica y sanitaria. El Ejecutivo no solo hará fijos con un acuerdo con las comunidades, que son quienes los contratan y los que los tenían en precario, a más de 67.300 trabajadores que ahora mismo tienen contratos temporales, algunos encadenados durante toda su vida laboral, según los cálculos del Ejecutivo elaborados con los datos de las autonomías. Además, garantizará por ley que nunca más se pueda acumular una bolsa de temporales similar, porque quedará absolutamente prohibido que un sanitario esté más de tres años encadenando contratos temporales, salvo algunos casos de sustitución.

El real decreto ley que llevará la ministra Carolina Darias al consejo, según fuentes del Gobierno, establecerá los tipos de nombramientos temporales que se pueden hacer con esas limitaciones de tres años y también fijará las causas por las que se pueden hacer contratos temporales, mucho más tasadas que antes. Se llega con esto al final de un lento proceso en el que los sanitarios se han ido consolidando como una de las grandes bolsas de temporalidad de la economía española. Las autonomías estarán así obligadas a sacar plazas a concurso y no podrán eternizar los contratos temporales como hacían hasta ahora. El decreto está acordado con ellas y negociado con los principales sindicatos del sector, según el Ejecutivo.

El Gobierno ha desarrollado varias políticas para acabar con la temporalidad en España, uno de los países de Europa que más la sufre. La principal es la reforma laboral, una de las medidas estrella del Ejecutivo, que a solo seis meses de su arranque ya está logrando efectos muy visibles: los contratos temporales han pasado de ser el 90% de los que se hacían cada mes al 50%, y siguen bajando.

Esta era una reclamación histórica de los sanitarios, pero también se sumó a ella la Unión Europea, que reprochó a España la temporalidad que tenían en el empleo público, lo que llevó a una profunda reforma para reducir los interinos, una ley que promovió el entonces ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta. El Gobierno, de forma negociada con la Comisión Europea, incluyó la reducción de la temporalidad del empleo público en el Plan de Recuperación con el que se explican las reformas previstas para poder recibir los fondos del gran plan de recuperación europeo, que empezaron a llegar en 2021. El compromiso con Bruselas se sustanció en la aprobación de un real decreto específico para reducir la temporalidad en el empleo público, el 14/21, que después tramitó el Congreso y dio lugar a una ley. Desde ese momento, poco a poco, la temporalidad se va reduciendo en todos los sectores de la Administración. Y ahora llega el turno de los sanitarios, uno de los más sensibles y que precisamente en pandemia se ha visto como más imprescindible.

El acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas ha hecho que todas ellas hayan publicado antes del 1 de julio las ofertas de empleo que tienen que ver con esta transformación de temporales a fijos. Y antes del 31 de diciembre de 2022 tendrán que hacer las convocatorias, cuyas bases y baremos se pactarán ahora para buscar criterios similares en todas las autonomías. Es un proceso complejo que quedará resuelto antes del 31 de diciembre de 2024, según el Gobierno.

Ahora vendrán dos tipos de soluciones para estos temporales, en función de su antigüedad. Las plazas “que hayan estado ocupadas con carácter temporal e ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016″, según el Ejecutivo, saldrán a concurso de méritos. Las que “hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020″ saldrán a concurso-oposición. “Esta situación incluirá las plazas de naturaleza estructural, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas administraciones y que estén dotadas presupuestariamente”, señalan las fuentes de Sanidad consultadas. Todo este proceso tiene un momento clave este martes con la aprobación del decreto ley que establece el marco normativo que garantizará permanentemente la estabilidad de las plantillas sanitarias.

Reclamación de los trabajadores

Solucionar el problema de la interinidad era una de las grandes reclamaciones de trabajadores y colegios profesionales de la sanidad española que, más allá de la pandemia, tiene un problema estructural de falta de personal que se arrastra desde hace años. Hay una mezcla de factores que lo propician: el recorte de las convocatorias de médicos internos residentes (MIR) en la década pasada ha impulsado que no se estén incorporando suficientes médicos para cubrir las plazas. El lugar más crítico es la atención primaria, donde hoy trabajan más de un millar de médicos menos que en 2018. Además, las condiciones de trabajo hacen que muchos se marchen a la sanidad privada o al extranjero.

El principal sindicato de enfermería, Satse, considera el anuncio de Sánchez “un paso importante” en este sentido y reclama tanto al Gobierno central como a los autonómicos “culminar cuanto antes el proceso iniciado” para solventar este asunto. “La temporalidad afecta especialmente al sector sanitario y a profesionales, como las enfermeras, que encadenan durante muchos años contratos de días, semanas y meses, lo que repercute muy negativamente en su situación personal y en la atención y cuidados que se prestan a los más de 47 millones de personas de nuestro país”, señala un portavoz del sindicato.

“Tras su aprobación en Consejo de Ministros, se tiene que abrir en el plazo de tres meses un nuevo proceso de negociación con las organizaciones representadas en el ámbito de negociación, para su actualización y mejora”, añade el representante sindical, que explica que van a plantear mecanismos para “controlar” si la tasa de temporalidad se reduce de forma efectiva.

Más escéptico es el CSIF, el mayor sindicato de funcionarios de España. Para Fernando Hontangas, responsable de Sanidad, la contratación de 67.000 profesionales no resuelve “el problema estructural” de la sanidad. “No es ni más ni menos que dar cumplimiento a una ley para dejar de precarizar a 67.000 compañeros que han estado en una situación de esclavitud laboral, pero no soluciona el déficit estructural [de sanitarios] que tenemos”.

El Gobierno, por el contrario, está convencido de que esta decisión que se aprueba el martes supone un giro radical a la situación de la sanidad española, devorada por la precariedad, y sobre todo garantiza que no solo se resuelve la enorme bolsa que hay ahora, sino que se dejan sentadas las bases para que nunca más vuelva a suceder nada parecido.

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