Condenada a 50 años de prisión una joven que perdió un embarazo en El Salvador

El caso Lesli ha vuelto a sacudir la lucha por los derechos de las mujeres en El Salvador. Un tribunal condenó a 50 años de prisión a la joven, de 21 años, que perdió un embarazo hace dos años. La sentencia, según anunció la Fiscalía General el pasado 29 de junio, fue por el delito de homicidio agravado “en perjuicio de su hija recién nacida”. Organizaciones feministas que han acompañado a Lesli aseguran que sufrió una emergencia obstétrica y reclaman que las autoridades continúen con la persecución y la criminalización de las mujeres que pierden embarazos. Señalan que se trata de la primera vez en la historia que se aplica la pena máxima desde que se penalizó por completo el aborto.

“Esta es la historia de una cadena de injusticias”, cuenta Morena Herrera, la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador. La pesadilla de Lesli comenzó el 17 de junio del 2020, en su casa en el cantón El Volcán de San Miguel, un área rural en la zona este de El Salvador. La joven es la tercera de siete hermanos de una familia que vive en situación de pobreza, sin agua potable o electricidad, y subsiste gracias al trabajo agropecuario. Lesli solo pudo estudiar hasta el séptimo grado, luego tuvo que hacerse cargo de cuidar a sus hermanos menores. “En la vida de ella y su familia el Estado siempre ha permanecido ausente”, señala la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la organización que ha acompañado el caso.

Con solo 19 años, tuvo que enfrentarse a una tragedia. La noche de aquel 17 de junio comenzó su malestar, su cuerpo había comenzado el trabajo de parto. Según el comunicado de la Agrupación Ciudadana, ella sentía ganas de defecar, por lo que fue a la letrina y expulsó la criatura en gestación. “Sentí que algo me salía”, contó Leslie. Era la primera vez que atravesaba un embarazo, no entendía bien lo que estaba sucediendo, y se asustó por lo que estaba pasando. Sus familiares, con la intención de ayudarla, llamaron a la policía y la llevaron a un hospital. El embarazo cursaba su quinto mes, según la Fiscalía, pero las organizaciones feministas aseguran que nunca se le hizo un peritaje a la mujer.

Apenas 10 días después, el 26 de junio de 2020, tuvo su primera audiencia. Pero no pudo asistir porque no se encontraba estable de salud. Había perdido mucha sangre y estaba con transfusiones en el momento. Aquel día el juez le dictó prisión preventiva. “El proceso jurídico contra Lesli estuvo lleno de irregularidades y prejuicios, en ese sentido la defensa solicitó anular la etapa de instrucción debido a que el juez no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia”, dice la asociación feminista. Entre los elementos que no admitieron, señala, están un peritaje “que evidencia la violencia de género a la que Lesli había sido sometida” y una solicitud para realizarle un estudio psiquiátrico.

“Con todos estos vacíos y dudas, el juez condenó a Lesli”, dice el comunicado, “basando su decisión en meros prejuicios de género”. De acuerdo con la asociación, el magistrado dio un discurso durante la lectura del fallo en el que revictimizaba a la joven: “Las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”, dijo el juez.

La decisión llega semanas después de que la Suprema Corte de Estados Unidos derogara el derecho al aborto. “Hay un envalentonamiento de las posiciones conservadoras a partir del fallo de la Tribunal Supremo de Estados Unidos”, afirma Herrera. El Salvador es uno de los países más restrictivos del mundo respecto al aborto. En el país rige una ley desde 1997 que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo bajo todas circunstancias. Y muchas de las mujeres ni siquiera son juzgadas por el delito de aborto, sino por homicidio, como el caso de Lesli.

Ese punitivismo ha llevado a un escenario de persecución a aquellas mujeres que pierden sus embarazados en circunstancias de emergencia sanitaria. Un caso similar, conocido como caso Manuela, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar el papel de las autoridades de El Salvador. El pasado mes de noviembre, el tribunal americano falló contra el Estado salvadoreño, y le acusó de haber violado la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, el derecho a la vida y a la integridad personal de la mujer.

“Me duele el corazón porque hemos tratado de cerrar la página de la triste historia de El Salvador que condena injustamente a mujeres empobrecidas por emergencias obstétricas, pero el Estado salvadoreño, una vez más, continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derechos ni condiciones para defenderse”, ha señalado Herrera. La organización ha anunciado que apelará el “desproporcionado” fallo.

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