Las píldoras, nuevo frente en la guerra contra el aborto en Estados Unidos

El secretario de Salud presenta un plan para blindar de los ataques prohibicionistas este método al que ya se recurría en el 50% de los casos antes de la polémica sentencia del Supremo

Un grupo de mujeres muestra la píldora abortiva en señal de apoyo al aborto libre frente a la sede del Tribunal Supremo, en Washington (EEUU), en diciembre de 2021.
Un grupo de mujeres muestra la píldora abortiva en señal de apoyo al aborto libre frente a la sede del Tribunal Supremo, en Washington (EEUU), en diciembre de 2021.Chip Somodevilla (Getty Images)

En el paisaje que deja tras de sí la decisión del Supremo de derogar el precedente de Roe contra Wade, sentencia que dio en 1973 rango constitucional al derecho al aborto en Estados Unidos, las dos irreconciliables mitades en las que ha quedado partido el país se han citado en un nuevo frente de su encarnizada batalla: el control de los medicamentos que permiten interrumpir el embarazo sin intervención quirúrgica. Antes de la polémica sentencia del alto tribunal del viernes pasado, ya se recurría a las píldoras en más del 50% de los casos. En la América pos Roe, los expertos en salud reproductiva esperan que ese porcentaje aumente considerablemente.

Subidos al carro de sus conquistas, los Estados (al menos 26 de 50) que piensan restringir la salud reproductiva de las 36 millones de mujeres que viven en ellos están estudiando la manera de perseguir también el recurso a esas píldoras. Se prevé que el resto, que preparan mecanismos para asegurar la protección de la libertad de decidir de las mujeres, proteja también su consumo. Xavier Becerra, secretario de Salud, ha presentado este martes el plan con el que el Gobierno piensa blindar su uso de los ataques prohibicionistas. “Son tratamientos seguros para los pacientes”, ha declarado Becerra en un comunicado. “El fallo del Supremo incrementará el riesgo para la salud y hasta provocará la muerte de algunas pacientes. Trabajar para aumentar el acceso a esos medicamentos es un imperativo nacional y de interés público. Colaboraremos con el fiscal general y el Departamento de Justicia para garantizar que los Estados no los prohíban”.

Estos tratamientos son legales desde principios de siglo. El equivalente a la agencia del medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) permite combinar dos pastillas (mifepristona y misoprostol), en tomas separadas por 24 o 48 horas, durante las 10 primeras semanas. El primero bloquea la progesterona. El segundo provoca contracciones similares a las de un aborto natural y pone fin al embarazo. “La FDA aprobó ese límite basándose en las investigaciones de la época”, se puede leer en un estudio del Instituto Guttmacher, agencia independiente de referencia en asuntos de salud reproductiva en Estados Unidos, que fijó en un 54% los abortos por este procedimiento en 2020 (frente al 39% en 2017). “Investigaciones más recientes demuestran que tomarlas después de ese punto es seguro y efectivo, y por eso algunos proveedores las administran”, dice el informe del Guttmacher.

Muchas mujeres prefieren esa alternativa a la intervención quirúrgica, que es más costosa y físicamente más onerosa. Las pastillas también garantizan una mayor intimidad; se recetan tras una breve consulta en persona, por videollamada, tras rellenar un cuestionario online o por teléfono, casos en los que las pacientes se ahorran la visita a la clínica, donde normalmente las esperan grupos de antiabortistas que las asedian para intentar que cambien de idea. La pandemia disparó su uso: durante el confinamiento, muchas mujeres preferían evitar la visita a un centro médico por temor a resultar infectadas de covid.

Esas consultas remotas deben hacerse desde un Estado en el que las píldoras sean legales, según confirma Yamelsie Rodriguez, consejera delegada de la organización sin ánimo de lucro Planned Parenthood para la Región de San Luis y el Sudoeste de Misuri, Estado que tardó exactamente 20 minutos en prohibir el aborto el viernes, después de que se conociera la sentencia. Eso lleva a algunas pacientes a cruzar la frontera para, una vez del otro lado, llamar o hacer la consulta en línea desde una IP (algo así como el carné de identidad de un ordenador) cuya localización convierta el procedimiento en legal.

Ya hay 19 Estados cuyas leyes prohíben esas consultas remotas, y requieren acudir al médico, pese a que la FDA no lo exige (tampoco lo considera necesario el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos). Y Texas está buscando la manera de criminalizar, cuando entre en vigor en un mes la ley gatillo que prohibirá cualquier clase de interrupción del embarazo, el envío por correo de esas medicinas (su parlamento aprobó en septiembre una norma, ya célebre, conocida como la ley del latido, que fijaba el límite para abortar en seis semanas, que es cuando se empiezan a detectar las constantes vitales del feto). No está claro que puedan lograrlo.

Tras conocerse la resolución del Supremo, Joe Biden se apresuró a asegurar que no permitirá que eso suceda. La argumentación jurídica es la siguiente: si la mifepristona está permitida por la FDA, una autoridad federal, no está en la mano de las estatales perseguir su uso. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, fue aún más lejos: “Los Estados no pueden prohibir la mifepristona en contra del criterio experto de la FDA sobre su seguridad y eficacia”.

Hay empresas en lugares donde el aborto no está amenazado que se han especializado en mandar esos medicamentos a pacientes de Estados que sí restringen el acceso. Algunas compañías, como la austriaca Aid Access, los envía desde el extranjero a quienes las soliciten independientemente de su lugar de residencia. La pega es que lo hacen desde India, lo que lleva hasta tres semanas, y eso, dependiendo de la urgencia que haya, puede ser un problema.

A Gabriela Benazar Acosta, portavoz de Planned Parenthood, organización sin ánimo de lucro que tiene clínicas en 40 ciudades del país, le preocupa que todas esas trabas obliguen a muchas mujeres a buscar esos medicamentos “fuera del sistema sanitario”. “Es peligroso en la medida en que puede que no surtan el efecto deseado; además, una paciente que las tome por su cuenta puede no saber en qué semana de la gestación se encuentra”, aclara.

Una de las estrategias de los grupos antiabortistas es intentar hacer pasar esas píldoras por amenazas para la salud. “La mifepristona es increíblemente segura, con un récord de seguridad de más de 99%”, argumentó Alejandra Soto, directora de la división latina de Planned Parenthood, en un estudio reciente. “Múltiples análisis han confirmado que menos del 1% de los pacientes experimenta complicaciones serias con el aborto con medicamentos, un porcentaje considerablemente menor que el de las complicaciones con el parto”.

Por otra parte, grandes cadenas farmacéuticas, como CVS o Rite Aid, han decidido limitar el número de las llamadas píldoras del día después que se pueden comprar en sus establecimientos a tres cajas, en vista de la extraordinaria demanda registrada desde que se conoció la sentencia.

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Sobre la firma

Iker Seisdedos

Es corresponsal de EL PAÍS en Washington. Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y máster de Periodismo UAM / EL PAÍS, trabaja en el diario desde 2004, casi siempre vinculado al área cultural. Tras su paso por las secciones El Viajero, Tentaciones y El País Semanal, ha sido redactor jefe de Domingo, Ideas, Cultura y Babelia.

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