Sean Ryan, el juez que dirigió la investigación de la pederastia en Irlanda: “Si la Iglesia española se niega a colaborar, el bochorno puede ser mayúsculo”

El magistrado señala que el Defensor del Pueblo debe buscar una forma para llamar a declarar a los responsables de haber permitido los abusos en el clero y añade que su trabajo será “complicado” al no tener “el poder de la ley y de los tribunales”

Sean Ryan, el juez que presidió la investigación de los abusos de la Iglesia en Irlanda, el martes en Pamplona.
Sean Ryan, el juez que presidió la investigación de los abusos de la Iglesia en Irlanda, el martes en Pamplona.PABLO LASAOSA

El juez irlandés Sean Ryan (Dublín, 74 años) acude a la cita puntual. Es elegante y serio, una imagen inicial que no tarda en dejar paso a un humor ácido y peculiar. Ryan lideró la comisión de investigación independiente impulsada por el Gobierno irlandés que, tras 10 años de averiguaciones, documentó en mayo de 2009 que miles de menores, fundamentalmente niños, habían sido vulnerados sexual, psicológica y físicamente en centros religiosos de Irlanda desde 1936. La investigación, además, concluyó que la Iglesia irlandesa había tratado de esconder el escándalo. Esta comisión ha servido como modelo para otros países. Ryan, presidente de la Corte de Apelaciones de la República de Irlanda (desde 2014 hasta 2018) y juez del Tribunal Supremo entre 2003 y 2014, reconoce que hoy en día es más difícil que la Iglesia se niegue a colaborar por el cambio social que se ha producido y reconoce que el Defensor del Pueblo español lo va a tener complicado porque no tiene “el poder de la ley y de los tribunales”.

Pregunta. Han pasado 13 años desde la publicación del conocido como Informe Ryan. ¿Qué impacto ha tenido dentro y fuera de Irlanda?

Respuesta. Si le soy sincero, el día en que publicamos el informe, me quedé muy sorprendido al ver tantas televisiones y periodistas. Nos dimos cuenta de que [el problema de los abusos] iba a ser algo muy relevante, pero en aquel momento no fuimos conscientes de cuánto.

P. En España ha habido discrepancias con el modo de realizar esta investigación. ¿Ocurrió lo mismo en Irlanda?

R. En Irlanda ocurrieron dos cosas. Por un lado, el Gobierno decidió responder a los supervivientes de abusos y, por otro, la ciudadanía empezó a denunciar al Estado. Entonces, la Administración se dio cuenta de que los tribunales podían terminar bloqueados durante años, así que crearon una comisión liderada por un juez para que fallara a favor de uno u otro. La idea fue bien acogida, la mayoría se mostró satisfecha. Nadie cuestionó el sistema elegido. Siempre contó con recursos y presupuesto.

P. Al ser una investigación liderada por un juez, tenía potestad para llamar a testificar a congregaciones y otros responsables. En España, será el Defensor del Pueblo el que encabezará la comisión. ¿La Iglesia accederá a ser interrogada?

R. Al tener el poder de la ley y los tribunales, tuvimos dos cosas importantes: potestad para llamar a testigos y solicitar documentos. Es complicado si no dispones de esa opción, así que supongo que el defensor tendrá que buscar una forma para llamar a declarar a los responsables de los abusos en el clero. Si un testigo da un paso al frente y cuenta su historia, y la persona acusada de cometer esos abusos responde que no es verdad, alguien tendrá que decidir. Ahí es donde entraba yo o el jurado.

P. ¿Prevé entonces muchas dificultades con una comisión liderada por el Defensor del Pueblo?

R. Sí, creo que es complicado.

P. ¿Cómo debería llevarse a cabo?

R. No quiero decirle a nadie cómo debe hacer su trabajo, pero sí avisarle de que todo aquel que emprende una investigación de este tipo se enfrenta a, al menos, dos problemas. El primero son los números, el elevado número de personas denunciantes. Hay que preguntarse, ¿puedo escuchar cada uno de los casos? Nosotros decidimos que íbamos a escuchar a todos. Eso, en los tribunales es imposible de realizar. Así que empezamos por reunirnos con todas las partes para conocer sus propuestas y luego convocamos una reunión pública en un hotel. Había cientos de personas allí fuera. Les explicamos cuáles eran los problemas a los que nos enfrentábamos y la propuesta que teníamos. Decidimos escoger a personas representativas de cada institución y de la década en la que estuvieron estudiando allí. Es decir, no todos comparecieron ante el comité de investigación, aunque sí ante alguno de los abogados. Si este detectaba algo inusual, ese testigo también comparecería ante la comisión.

Todas las congregaciones guardan registros, informes, sobre lo que sucede en los centros, incluyendo las medidas disciplinarias a los menores”

P. ¿Y el segundo problema?

R. La segunda gran pregunta fue: ¿nombramos a los agresores? Nuestra legislación no lo permitía y les terminamos dando pseudónimos a todos, teníamos centenares de nombres aleatorios. También anunciamos esta decisión públicamente. Las víctimas querían que se dieran a conocer los nombres, pero las personas acusadas tienen derecho a defenderse, a exigir pruebas. Además, debe existir un equilibrio entre la necesidad de escuchar a todos y encontrar una forma de analizar los casos y elaborar un informe. Todo esto, sabiendo que no hay investigación perfecta, hay que aprender a vivir con ello. Sí, soy pragmático [se ríe]. Nosotros nombramos todo lo que ocurrió. Lo único que no hicimos fue nombrar a los agresores de forma individual, pero sí que avisamos de que, si eso se lo habían hecho a un superviviente, era probable que se lo hubieran hecho a otro.

P. Hubo quien le acusó de pactar con la Iglesia, en concreto con la congregación de Hermanos Cristianos, para no hacer públicos los nombres.

R. Durante la primera fase de las audiencias, la congregación de Hermanos Cristianos anunció que habían descubierto documentos relativos al caso y que iban a presentarlos a la comisión. Algunos opinaron que solo lo habían hecho porque la comisión había acordado no mencionar los nombres de los agresores, que habíamos hecho alguna especie de pacto. No lo hice. En cualquier caso, esos documentos reflejaron muchísimos abusos. Desvelaron que había más personas que sabían lo que había ocurrido y que existían los conocidos como “libros de castigo” donde se registraban las medidas disciplinarias. Se creía que cada institución tenía un libro, pero nadie sabe qué ha sido de ellos. Encontramos uno o dos que terminaron convirtiéndose en una importante prueba porque reflejaron abusos muy severos.

Ryan, durante la entrevista con EL PAÍS.
Ryan, durante la entrevista con EL PAÍS. PABLO LASAOSA

P. ¿Cómo se investigó cada caso?

R. Todas las congregaciones guardan registros, informes, sobre lo que sucede en los centros, incluyendo las medidas disciplinarias a los menores. En uno de ellos, digamos que se menciona que un tal hermano Sean lo ha vuelto a hacer y que su traslado de un centro a otro no ha dado resultado. Así que seguimos el rastro. A menos que tengamos evidencia de que ha dejado de hacerlo, se asume que el religioso sigue actuando igual. Preguntamos entonces a los denunciantes: confirman la información, vale. Sin embargo, la congregación alega que no hay pruebas reales de lo ocurrido. Vale, acepto que no hay un vídeo del hermano vulnerando a un menor, pero tenemos al hombre, el informe y los testimonios. Así que concluimos que este hombre cometió determinados abusos.

P. Su investigación duró cerca de 10 años. ¿Considera necesario fijar un tiempo máximo para la realización de la española?

R. No puedes limitar el tiempo porque dependiendo del número de denunciantes, no va a funcionar. Además, hay que tener en cuenta que, si se decide nombrar a los agresores, tienes que garantizar su derecho a defensa. Es el cuento de nunca acabar. Por otra parte, tendrías muchísimos veredictos no culpables porque los denunciantes pueden cometer errores al recordar lo sucedido. Por ejemplo, en fechas o localizaciones.

P. ¿Cree que la investigación llevada a cabo por EL PAÍS y su base de datos será clave para la del Defensor del Pueblo o deberá obtenerlos directamente de la Iglesia?

R. No puedo decirle al Defensor cómo hacer su trabajo, pero si yo fuera él, lo primero que haría es ir a la congregación y preguntarle: ¿Puedo tener acceso a tus registros? ¿No? Vale, pues voy al Vaticano. De nuevo, ¿pueden darme acceso a esos archivos? Y si se niegan porque es una institución no gubernamental, denunciar públicamente que se está encubriendo un delito, más si cabe cuando el Papa ya ha manifestado que las diócesis deben ayudar a esclarecer estos delitos. Además, si se publica en algún medio, la negativa de la Iglesia a colaborar, será cada vez más vergonzoso para la institución. En estos momentos es ya muy difícil que se nieguen, tanto la Iglesia como otras grandes organizaciones o congregaciones por el cambio social que se ha generado. Si la Iglesia se niega a colaborar y el Defensor del Pueblo se rodea de buenos abogados y periodistas, el bochorno puede ser mayúsculo.

P. ¿Cómo debe lidiar el Defensor del Pueblo con la Iglesia?

R. Estamos pensando en una situación en la que un obispo te puede plantear, oye, ¿por qué te centras en un abuso cometido por curas, monjas o laicos cuando el abuso está tan extendido en la sociedad? Bueno, pues le diría, punto uno, mi trabajo es investigar el abuso cometido en el seno de la iglesia, no el resto. Punto dos, ¿estás defendiendo el abuso?, ¿cómo puede alguien negarse a colaborar en el esclarecimiento de un abuso que sabe que ocurrió? Al final, aunque es difícil, habrá una grieta en el sistema, un pequeño agujero, y se encontrará algo. Siempre aflora alguna historia porque es difícil suprimirlas todas completamente.

Si conoce un caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos a abusos@elpais.es

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