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Navarra registra una pionera ley antipederastia con consenso político y el apoyo de las víctimas

Todos los partidos salvo Navarra Suma se suman a esta propuesta en una comunidad en la que se han contabilizado 71 denuncias de casos de abusos sexuales de la Iglesia

Amaia Otazu
Rueda de prensa tras el registro en el Parlamento de Navarra de su proposición de Ley de reconocimiento a las víctimas de abusos.
Rueda de prensa tras el registro en el Parlamento de Navarra de su proposición de Ley de reconocimiento a las víctimas de abusos.Villar López (EFE)

Todos los grupos políticos del Parlamento foral, a excepción de Navarra Suma ―UPN, PP y Ciudadanos― han registrado una proposición de ley pionera en España para reconocer a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica que, si bien todavía tiene que superar el trámite parlamentario, cuenta con los votos para ello. De hecho, esta norma destaca a nivel nacional por varios motivos. Por un lado, no sigue el ejemplo del Congreso y ha optado por constituir una comisión de expertos para investigar los abusos. Por otro, cuenta con el respaldo de las asociaciones de víctimas, que se muestran satisfechas porque les va a permitir lograr el “ansiado” reconocimiento social. El único grupo político que no la ha firmado, Navarra Suma, ha aseverado que su decisión no se debe al contenido de la propuesta, que deben estudiar ahora.

A diferencia de lo planteado a nivel nacional, en Navarra no se ha llegado a tomar en serio la posibilidad de crear una comisión parlamentaria de investigación, tampoco una liderada por el Defensor del Pueblo. Se ha optado por constituir una comisión de expertos para que reconozca o no a los denunciantes como víctimas. En palabras de la portavoz del PSN, Virginia Magdaleno, “no queremos que esta comisión sea un espectáculo político y por eso hemos decidido que no debíamos participar en la misma”.

No obstante, los miembros de la comisión deberán presentar una memoria anual ante el Parlamento foral con el resultado de sus investigaciones, que se limitarán a los delitos cometidos en territorio navarro. Además, tal y como ha explicado el consejero de Justicia y Políticas Migratorias, Eduardo Santos, que ha participado en la presentación, la Iglesia católica ha sido invitada a participar en la comisión, aunque no se ha pronunciado sobre si acudirá o no: “Tienen que definir su participación. Desde luego, la posición aquí es de máxima colaboración, máximo respeto a la Iglesia como institución, pero también exigencia en términos de lo que está pidiendo las víctimas”.

Es decir, si la Iglesia quiere participar, se le exigirá que respete los términos de la norma, que habla de “colaboración institucional, apoyo a las víctimas y participación en el esclarecimiento de estos hechos”, ha precisado el consejero. Santos ha detallado que, en su mayoría, los denunciantes buscan un reconocimiento social. De hecho, es a lo máximo a lo que aspira esta ley, que no regula la reparación económica. En este sentido, el consejero ha explicado que apuestan porque el daño lo repare quien haya cometido el daño. “En otros países ha sido la Iglesia Católica la que ha llegado a acuerdos económicos o acuerdos de reparación en su integridad con el Estado. Creemos que este es un paso que en su caso debe dar la Iglesia católica”. En cualquier caso, las reparaciones económicas quedan todavía lejos en la lista de aspiraciones de las víctimas, que por ahora buscan que se reconozca el daño causado, aunque ya no tenga consecuencias jurídicas o penales porque la mayoría de estos delitos ya han prescrito.

Crear memoria colectiva

A diferencia de lo sucedido en otras regiones españolas, Marcos Leyún, de la Asociación de Víctimas de Pederastia en la Iglesia Navarra (AVIPIN) se ha mostrado “encantado” de que salga adelante esta iniciativa. Ha aprovechado para reivindicar la falta de movimiento de la comisión coordinada a nivel nacional por el Defensor del Pueblo: “Lleva más de dos meses y no se ha movido en absoluto. Ya es hora de que empecemos a saber qué hace esa comisión”. En esta línea, ha reconocido el trabajo de las instituciones navarras por “crear memoria colectiva” y reconocer públicamente “el derecho público de la condición de víctima”. Dentro de la asociación también está José Luis Pérez, que fue quien hace algo más de tres años dio un paso al frente y denunció en SER Navarra que había sufrido abusos sexuales en el colegio de los Reparadores, en el municipio de Tafalla. Pérez ha vuelto a lanzar un mensaje a todos aquellos que han sufrido abusos en su infancia y que todavía no han dado un paso al frente para que den su testimonio. Ha apuntado asimismo a la importancia de una reparación moral, porque es complicado obtener una compensación de otro tipo: “Este sello a fuego que tenemos grabado los que hemos sido abusados permanecerá siempre dentro de nosotros”.

Navarra ha sido además pionera en la elaboración de una radiografía de los casos de pederastia en la comunidad. Desde que se hizo público el informe, elaborado por la Universidad Pública de Navarra, este pasado febrero, se han recogido 71 denuncias oficiales. Leyún apunta que esa cifra puede “multiplicarse por tres o por cinco”. De hecho, las conclusiones de este informe apuntan hacia la misma dirección, puesto que señalan la existencia de al menos 31 agresores sexuales en la Comunidad foral, la mayoría de los cuales abusaron de más de un menor.

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