Navarra blinda por ley los contratos del profesorado de Religión

El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la proposición de ley que garantiza el mantenimiento de los puestos y de las condiciones laborales del profesorado de Religión en los centros públicos, pese a que la reducción horaria de la asignatura ―a una hora semanal― dejará sin carga lectiva a 56 de los 145 profesionales que la imparten, es decir, a un 30%. La norma garantiza los puestos de trabajo de estos docentes pese a que no son funcionarios y es el obispado quien los designa “para ejercer esta enseñanza” en función del Concordato de España con la Santa Sede de 1979.

La norma ha concitado el rechazo de parte del Gobierno foral y cuenta con un dictamen en contra del Consejo de Navarra, el órgano consultivo de la comunidad. La ley ha sido aprobada con los votos de Geroa Bai, socio del Ejecutivo que preside la socialista María Chivite, y la formación opositora Navarra Suma, integrada por UPN, PP y Ciudadanos. Establece que los cambios horarios en la asignatura de Religión no pueden suponer para el colectivo de profesores con contrato indefinido “una pérdida de su puesto de trabajo ni una merma de los porcentajes de sus contratos”.

Navarra Suma y Geroa Bai han añadido a través de una enmienda verbal un apunte que refuerza la “facultad de la Administración educativa para organizar la actividad docente de este profesorado en cuanto a sus actuales puestos de trabajo y destino”. De esta forma, la nueva ley garantiza los contratos del profesorado y sus horarios actuales aunque la carga lectiva de Religión vaya a reducirse a la mitad en los dos próximos cursos escolares y cuatro de cada diez profesionales se quedarán sin clases que dar.

El dictamen del Consejo de Navarra considera que el texto aprobado no se ajusta a la legalidad vigente porque incumple la Lomloe y el Real Decreto 696/2007 por el que estos trabajadores pasaron a ser considerados indefinidos. La legislación estatal establece que la jornada del profesorado “corresponderá a las Administraciones educativas competentes”, sin perjuicio de los cambios que “por razón de la planificación educativa deban producirse”. Este dictamen no es de obligado cumplimiento y tampoco ha sido unánime, pues ha contado con el voto particular de 2 de sus 5 componentes, que se han manifestado a favor de la propuesta.

El departamento de Educación deberá garantizar las condiciones de este profesorado. Al no tener carga lectiva suficiente, tendrá que buscarles funciones complementarias como, por ejemplo, actuar como responsables de convivencia. Está previsto que se genere así un sobrecoste importante en las arcas forales, puesto que las horas de Religión serán destinadas a otra asignatura y será preciso contratar más docentes. En su momento, el Gobierno foral emitió un informe desfavorable sobre esta proposición y cifró en 2,5 millones de euros anuales el sobrecoste.

Tras la aprobación de la norma, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha avanzado en una entrevista en SER Navarra que “esta ley va a generar dificultades pedagógicas, económicas y organizativas” porque “permite modificar la ubicación del profesorado, pero no la reducción de la jornada”. Gimeno señala la posibilidad de que la norma sea recurrida puesto que ya hay sentencias que no permiten que este profesorado imparta otra asignatura que no sea la de Religión. La idoneidad que les concede el obispado para ocupar sus puestos, esgrime, se limita a su ejercicio como docentes de esta materia.

La Plataforma Navarra Religión en la Escuela se muestra satisfecha con la aprobación de la ley. Considera que “determinadas políticas ideológicas” han generado un “debate que no existía previamente”, no solo sobre este grupo de docentes sino también sobre la propia asignatura de Religión. El colectivo asegura que seguirá apostando por una presencia “digna” de la asignatura de Religión en las aulas, con un mínimo de dos sesiones semanales.

Los sindicatos representados en la Mesa de Educación han reiterado su disconformidad con esta norma porque consideran que supone un agravio comparativo respecto al resto del profesorado, que sí ha realizado una oposición para acceder a su puesto. Lamentan el daño que pueda producir al propio profesorado de Religión, pues creen que esta ley foral terminará siendo recurrida, lo que les dejará en una situación de incertidumbre. Entre las soluciones aportadas hasta ahora por las organizaciones sindicales están la petición de que Gobierno y docentes afectados negocien una solución colectiva o, incluso, que se diseñen itinerancias para que un mismo profesional pueda completar su jornada dando clases en varios centros.

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