El Gobierno y las autonomías blindan el Pacto de Estado contra la violencia de género

En la conferencia sectorial extraordinaria de Igualdad, comunidades y ministerio han acordado de forma unánime hacer permanente ese acuerdo histórico y buscar una financiación estable y adecuada

Victoria Rosell, a la izquierda, Irene Montero y Ángela Rodríguez en la reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Igualdad en el Senado, el 31 de marzo de 2022.
Victoria Rosell, a la izquierda, Irene Montero y Ángela Rodríguez en la reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Igualdad en el Senado, el 31 de marzo de 2022.Eduardo Parra (Europa Press)

La idea era blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género —cuya vigencia vencía este año— y apuntalar el frente común que se supone tienen las autonomías en este ámbito. La conferencia sectorial extraordinaria de la mañana de este jueves en el Senado convocada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado 17 de marzo, tenía un objetivo práctico y tangible, llegar a un acuerdo en los proyectos concernientes al pacto, y otro de fondo ideológico: marcar la línea roja frente a los discursos negacionistas o ambiguos en torno a la violencia machista que se han producido en el último mes en las declaraciones de varios dirigentes del Partido Popular. Después de poco más de tres horas, esa idea ha acabado finalmente sobre papel con el acuerdo de que el Pacto sea permanente a través de un grupo de trabajo que estará configurado para el verano y que permitirá a Gobierno y autonomías trabajar de manera conjunta e ininterrumpida. Sin desmarques, por unanimidad de todas las comunidades autónomas.

“Una isla”, así es como ha definido la conferencia la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión: “Es una isla en un mar de críticas a las políticas de igualdad. La sintonía ha sido máxima. Esta ha sido una habitación llena de mujeres feministas que han dejado a un lado sus partidos políticos, y esto es importantísimo en un contexto de creciente negacionismo, decir a las mujeres que esta es su casa, que es un lugar seguro y que las instituciones van a hacer políticas públicas que las puedan proteger”.

Se refería a lo ocurrido desde que el Partido Popular cerró con Vox en Castilla y León a principios de marzo el primer Gobierno de coalición en España que incluye a la extrema derecha. Entre los puntos de ese acuerdo está la creación de una ley de violencia intrafamiliar. Una semana después, fue otro cargo del PP, el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien aludió a esa posible normativa. Y después lo hizo Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia y candidato a la presidencia del PP, quien refiriéndose a las palabras de Aguirre negó la violencia vicaria, la que ejercen los padres sobre los hijos para hacer daño a las madres; y, aunque rectificó a las pocas horas en un tuit, ya lo había verbalizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de la Xunta de aquel día.

Y ha sido a Feijóo a quien ha querido hacer “un llamamiento” Rodríguez: “Galicia tiene una ley que reconoce la violencia vicaria como violencia machista, el llamamiento es para que tome las decisiones oportunas para luchar contra la violencia de género y deje de tontear con la posibilidad de hacerle el juego a las fuerzas antidemocráticas”. La secretaria de Estado ha insistido en que “la banalización de la violencia ayuda a normalizarla” y, si se continúa en ese discurso, “habrá niños y adolescentes que lo repitan”.

La reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Igualdad en el Senado de este jueves.
La reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Igualdad en el Senado de este jueves.Eduardo Parra (Europa Press)

Las representantes en la conferencia, ha añadido, “saben que es necesario un acuerdo” y “no ha habido ningún gobierno autonómico, ninguno, que se haya salido”. Eso permitirá cumplir con la renovación del Pacto de Estado, firmado el pasado 25 de noviembre por todas las fuerzas políticas excepto Vox, con un dictamen que buscaba blindar la financiación “pública, estable, suficiente y adecuada” de las medidas contra los crímenes machistas y comprometía una evaluación de su cumplimiento.

Y eso es lo que hoy se ha ratificado. Blindar de forma permanente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con la creación de un grupo de trabajo, conformado por las autonomías y el Gobierno, que entre abril y mayo analizará y hará una propuesta de los cambios administrativos y financieros que hacen falta para que así sea, por ejemplo, “sistemas de financiación que puedan ser plurianuales”, ha detallado Rodríguez. En junio, lo llevarán ante la comisión técnica y el Observatorio Estatal en este ámbito y, previsiblemente a principio de julio, esos cambios se aprobarán en la Conferencia Sectorial. Además, prepararán “un decálogo de buenas prácticas” en torno al pacto que presentarán en noviembre.

Rendición de cuentas y evaluación de los acuerdos

Sin cuestiones cerradas, porque será ahora cuando comience ese trabajo, la secretaria de Estado ha hecho referencia a algunos elementos que formarán parte de esas modificaciones, como un sistema de rendición de cuentas y evaluación de los acuerdos para que el pacto también se pueda tratar en este ámbito interinstitucional o el refuerzo de un sistema de cogobernanza que permita reaccionar ante situaciones de especial crisis, como la pandemia de covid o la invasión rusa en Ucrania.

También el refuerzo, prevención y detección precoz de todas las formas de violencia. “No solo las que hacen referencia al Convenio de Estambul, sino al de Varsovia”, ha apuntado Rodríguez, en referencia a que la trata sea de forma efectiva considerada violencia machista. El Real Decreto que se aprobó este martes en el Consejo de Ministros introdujo ese cambio por el que ya no hará falta que denuncien para ser consideradas víctimas. Esta desvinculación supone “facilitar el acceso a sus derechos y a recursos, como la acogida o el Ingreso Mínimo Vital”, ha explicado la secretaria.

Por último, ha añadido la mejora de “las actuaciones frente a todos los ámbitos de la violencia”, como la vicaria, la digital o la económica; o la que sufren “las mujeres que no han estado en el centro del foco, las mujeres de los ámbitos rurales, las jóvenes, las mayores, las que están en situación de calle, con problemas de adicción o salud mental, las racializadas o cualesquiera que tengan problemas por su etnia u origen nacional”.

Rodríguez cree que “hay que afinar los instrumentos” con los que se trabaja contra la violencia machista: “Hay que aprender a hablar para que se nos escuche y esto es la interseccionalidad. El sujeto de las políticas públicas no es solo una mujer blanca, de mediana edad con cierto estatus socioeconómico. Las estadísticas dicen que no llegamos a todas, la media para poner una denuncia son nueve años. Es evidente que estamos haciendo cosas mal, y hay que hacerlo para llegar a todos los lugares”.

Medidas relacionadas con la invasión rusa en Ucrania

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, Ángela Rodríguez, la secretaria de Igualdad, hizo referencia a otras medidas que se aprobaron el pasado martes en el Consejo de Ministras y Ministros a través de Real Decreto. Varias de ellas, relacionadas con la crisis de la invasión rusa en Ucrania.

Protocolos de detección precoz en la frontera para todas las formas de violencia machista, con especial énfasis en las víctimas de trata y explotación sexual, mujeres solas y niños y niñas no acompañados. Para esto, el Gobierno contará con la participación de las unidades de violencia de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Regulación del modelo de acreditación unificado para fortalecer la detección precoz de posibles víctimas de trata —por el mayor riesgo de captación que existe para las mujeres que huyen de conflictos armados—, para que puedan tener acceso a recursos como el Ingreso Mínimo Vital. “Asentando el modelo de acreditación que supone un nuevo enfoque para las víctimas tal y como está previsto en la Ley de Trata [todavía en trámite]”, explicaba la semana pasada el ministerio en una nota. 

Protocolos de detección secundaria de los casos de trata y explotación sexual para todas las administraciones públicas y las entidades especializadas, poniendo el foco también en los centros o lugares a los que se derive a las mujeres refugiadas y a sus hijas e hijos; “además del despliegue para que la acogida tenga muy presente la perspectiva de género y la atención a la infancia”, ha dicho la secretaria de Igualdad, Ángela Rodríguez. 

Flexibilización de los remanentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “Las CCAA podrán invertir el dinero no comprometido en el ejercicio anterior de los fondos del Pacto en establecer programas dirigidos a las mujeres ucranianas que sean víctimas de violencia”. 

Ampliación del Plan Corresponsables para que las mujeres ucranianas, “o las guardadoras de hecho de menores de hasta 16 años”, puedan acogerse como beneficiarias del mismo.

Ampliación del servicio telefónico 016 para que atienda a víctimas de trata y explotación sexual, ofreciendo asesoramiento jurídico y social y apoyo emocional. Este teléfono, el del Instituto de las Mujeres y el de atención a víctimas de discriminación racial ofrecerán servicio en ucraniano. Por ejemplo, “una mujer que esté en un puticlub podrá llamar y saber cuáles son los recursos con los que cuenta y empezar el proceso de reparación”, ha especificado Rodríguez. 

Elaboración de guías en ucraniano con los derechos con los que cuentan.

 






Sobre la firma

Isabel Valdés

Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS