El Me Too de las estudiantes colombianas

Las niñas colombianas dicen “yo también”. También han sido víctimas de violencia sexual. Son estudiantes que han sido acosadas en el colegio por sus profesores. Niñas de 13 o 15 años han dicho ‘Me too’, primero en grupos de WhatsApp, luego en público. El 8 de marzo, cuando en Colombia las calles estaban repletas de mujeres exigiendo igualdad, la cancha del colegio femenino CEFA, en Medellín, se llenó de niñas. Hicieron un círculo y cantaron Sin miedo, el himno feminista de la mexicana Vivir Quintana: Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Era el canto de unas niñas vestidas con uniformes de colegio que denunciaban a su profesor de educación física por acoso sexual. No era la primera vez que decían que eran víctimas de su maestro, pero sí fue la primera vez que sus reclamos se hicieron virales, que por fin las escuchaban. El video de la protesta circuló en redes sociales y terminó en medios. También se hicieron virales las imágenes de la policía antimotines que intentó frenar la manifestación, pero la denuncia ya estaba hecha. El profesor llevaba trabajando 17 años en la institución a pesar de las quejas en su contra. Esa era una de las injusticias que señalaban.

Luego fue en Bogotá. Alumnas del colegio Venecia denunciaron no a uno, sino a varios docentes también por acoso. “Venimos a estudiar, no a ser tocadas”, era una de las consignas en la protesta que se vivió en esta institución la segunda semana de marzo. Las estudiantes acusaban a varios profesores de haberlas tocado. El pasado martes, la secretaría de Educación de la ciudad le entregó a la Fiscalía información sobre 163 casos documentados de violencia sexual en instituciones públicas. La entidad aseguró que investigarán y “habrá justicia”, pero la ley colombiana protege a los maestros de escuelas que no son privadas bajo el fuero de funcionarios públicos y no se les puede despedir si no hay una condena. Si el colegio quiere, los suspenden, pero siguen pagándoles mes a mes o incluso años, lo que dure el proceso penal. Esa es otra de las injusticias que las jóvenes señalan. Los docentes tienen un régimen especial que los ampara laboralmente hasta que las investigaciones en su contra terminen.

De 2018 a febrero de 2022, se registraron en todo el país 876 casos de abusos a estudiantes, según el Ministerio de Educación. De estos, más de 684 siguen en etapa de indagación, 65 fueron sancionados y 127 han sido archivados. “En los colegios distritales, los docentes son servidores públicos y, según la ley, tiene que haber una condena para que sean despedidos. Muchos terminan renunciando, pero los que no lo hacen se van a sus casas y siguen recibiendo salario hasta que las investigaciones culminan”, explica la abogada Viviana Bohórquez. “También ocurre que las instituciones no suspenden a los denunciados a la espera de que la justicia actúe y las víctimas son obligadas a verlos todos los días, siguen siendo sus alumnas”, señala la abogada. Las investigaciones por violencia sexual en Colombia suelen ser lentas y exigen demasiadas pruebas. Y el esquema suele repetirse en muchos casos: la palabra de una niña contra la de un profesor, la revictimización y, de nuevo, la injusticia.

Con las protestas que se han hecho visibles en las redes sociales se han conocido casos en los que las estudiantes son expulsadas y obligadas a buscar otro colegio porque sus denuncias no son por violaciones y la justicia desestima los comportamientos que no incluyen penetración. Que los profesores las toquen, las inviten a salir o las persigan en redes sociales y les llenen sus buzones de mensajes con palabras que no son propias de un profesor a una alumna no son suficientes para que pierdan su lugar en la institución. “El abuso sexual en el colegio además de impactar sus vidas, tiene un efecto negativo en sus desempeños académicos. Se genera un ambiente de desánimo, de miedo. Muchas niñas decididen no volver a clases”, dice Bohórquez. Conseguir un cupo en un colegio público en Colombia no es fácil y tener que abandonarlo e interrumpir sus ciclos escolares por denuncias que son ignoradas es otra de las injusticias.

Las protestas de las últimas semanas y de las que vendrán -en Medellín ya han anunciado más plantones- han alertado a las autoridades sobre una violencia que exige medidas, más allá de llevar los casos a la Fiscalía. “Es un problema institucional, no es de ahora, es de siempre, y su solución no debe dejarse solo en manos de la Fiscalía porque hay actos que no están configurados penalmente”, explica la concejala de Medellín, Dora Saldarriaga, del movimiento político Estamos Listas. Los procesos judiciales, que difícilmente se resuelven rápidamente, no han sido efectivos para frenar el abuso de los docentes hacia sus alumnas. Las autoridades lo saben. Esta semana, la concejala Saldarriaga socializó ante el pleno del Concejo de su ciudad un proyecto para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual en esa ciudad. El documento enumera los comportamientos de docentes -normalizados casi siempre- que son violencia sexual, así muchos no estén escritos en el código penal. Señala el acercamiento corporal sin consentimiento de manera espontánea y permanente, el uso de expresiones, orales o escritas, de naturaleza sexual, los favores sexuales a cambio de un trato preferencial.

La iniciativa pide que los reclamos de las menores se traten con perspectiva de género, que se analice contextualmente la situación de las mujeres y no se olviden las jerarquías culturales naturalizadas entre hombres y mujeres. Saldarriga, que además es abogada, ha estudiado la situación en su ciudad. A ella acuden las jóvenes que quieren romper el silencio. “A los docentes o los suspenden o los trasladan. Hemos evidenciado que muchos casos [en Medellín] estaban archivados”, cuenta. “Es muy grave que las mujeres confíen más en las redes sociales que en la institucionalidad. No ha habido voluntad política para intervenir cuando se hacen este tipo de denuncias”, asegura Saldarriaga, que ha pedido un debate de control político en Medellín sobre las rutas de atención para el acoso en la ciudad. En Bogotá, las autoridades también están trabajando en un proyecto de ley para atender la demanda de justicia de las estudiantes. La iniciativa contempla la terminación del contrato por parte de las instituciones con el docente señalado, pero si hay más de una queja. En el caso de Medellín eran más de 200 estudiantes que decían ser víctimas de su profesor de deportes y nunca haber sido escuchadas. Sus reclamos en público han obligado a las autoridades a atender un problema del que hasta ahora no se hablaba en Colombia.

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