Las denuncias por acoso y violencia sexual acorralan a la universidad pública más grande del norte de México

Las alumnas de la universidad pública más grande del norte de México estudian con miedo. Ni siquiera en donde van a clases se sienten a salvo de la violencia de género que azota al país. La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) está en el centro de la polémica por el acoso y las agresiones sexuales que las estudiantes llevan años denunciando. Por lo menos un centenar de casos han salido a la luz en redes sociales y foros creados por las estudiantes. Una nueva ola de acusaciones, encabezadas por las más jóvenes que estudian preparatoria, ha hecho saltar las alarmas y ha puesto contra las cuerdas a la institución.

“No quiero a un pedófilo de maestro”, exclamaba un letrero colgado en la Preparatoria 1. “La UANL encubre a acosadores”, señalaba otro. En los baños de mujeres de la Preparatoria 2, las adolescentes escribían los nombres de los profesores y alumnos que las han violentado. Lo mismo pasaba en las facultades. “En la Facultad de Ciencias Biológicas cuidan a sus acosadores y no a sus alumnas”, advertía otro mensaje pegado en el plantel. A los lados, más nombres de agresores con los que las estudiantes comparten las aulas.

Como un grito de auxilio frente al silencio a su alrededor, las alumnas llenaron los muros de varias preparatorias y facultades con sus denuncias al calor de las manifestaciones del 8M. Desde casos de violencia sexual hasta amenazas de feminicidio, fueron expuestos en las paredes de al menos 28 planteles de nivel medio y superior, según confirmaron las alumnas del colectivo Tendedero de Agresores UANL. Las actividades de denuncia fueron organizadas para “exponer el acoso y abuso, tanto de alumnos, como docentes y otros puestos administrativos”, afirman las representantes del colectivo, en entrevista con este diario.

Entre las reacciones machistas a los señalamientos de las chicas comenzó una campaña de amenazas en redes sociales. Una cuenta de Facebook advertía de un supuesto tiroteo en la Preparatoria 22 Juárez, mientras que mensajes reenviados una y otra vez por Whatsapp avisaban del ingreso de armas en varios planteles, y de agresiones físicas y sexuales contra quienes colocaran letreros o portaran cualquier prenda morada. “En las preparatorias donde se presentaron mayor cantidad de amenazas, las mismas alumnas tenían planeado armar sus propios tendederos”, advierte el colectivo.

La respuesta de los docentes de varios planteles fue desechar las quejas. Algunos arrancaron los carteles y los tiraron a la basura, según se observa en fotografías y videos compartidos por las estudiantes. “Nosotros no podemos despedir a un empleado nada más porque ustedes pegaron un cartelón o porque están exigiendo que lo corran, porque nos vamos a quedar sin maestros y nos van a llover demandas”, le dijo el tutor de la Preparatoria 1 a un grupo de alumnas que protestaban por el menosprecio a las denuncias. Grabado con un móvil, el sermón de ese profesor, que ha sido identificado como José Juan Miranda Torres, se volvió viral al tiempo que las amenazas aterrorizaron al estudiantado y provocaron la movilización de policías en al menos cinco preparatorias, según reportaron medios locales.

Las alumnas señalan que administrativos y profesores les han recomendado establecer una demanda legal contra los agresores expuestos, pero no les han ofrecido asesoría o acompañamiento para hacerlo. “¿Cómo una niña, dado que la mayoría son menores de edad, va a saber moverse en ese mundo?”, recalcan las estudiantes. “Especialmente si el mismo Secretario de Seguridad Estatal, Aldo Fasci Zuazua, menospreció de manera pública que no llegaron a atender un robo de un reloj en San Pedro [uno de los municipios más ricos de Latinoamérica] por andar viendo balaceras inexistentes en las prepas”, citan.

Para dar carpetazo al escándalo en la universidad financiada por el Estado, la Fiscalía estatal afirmó que las amenazas eran falsas y que provenían de “grupos radicales provenientes del centro del país”. El fiscal Aldo Fasci aseguró que ese mismo grupo fue el responsable de romper algunas cristaleras y prender fuego a la puerta del Palacio de Gobierno, después de la manifestación del 8 de marzo. “Detrás de eventos muy diferentes, como fueron los ataques al palacio y esta campaña para provocar miedo en la población y distraer a la autoridad, está un grupo radical”, dijo en una rueda de prensa.

El Frente Universitario Feminista UANL destaca que “la veracidad de las amenazas, independientemente de si no se llevaron a cabo dentro de las instalaciones en los días siguientes o anunciados, no disminuye la gravedad de los hechos y los actos en búsqueda de intimidación y censura”. “Es importantísimo hacer hincapié en que las amenazas las hicieron maestros y alumnos que estaban siendo denunciados para amedrentar a las denunciantes”, subraya el colectivo. Pese a todo lo ocurrido, la UANL negó que sus estudiantes estén en peligro, a través de un comunicado difundido en redes sociales. “No se ha presentado ninguna situación que represente algún riesgo en las instalaciones de las preparatorias”, dijo la casa de estudios.

La universidad ha informado que desde el 8 de marzo ha recibido cinco denuncias formales que están siendo atendidas por la Unidad de Género. “Además, se están observando las demandas que fueron pegadas en cartulinas para dar seguimiento a peticiones y denuncias”, indicó un vocero de la institución a EL PAÍS. Con más de 123.000 estudiantes, 50,1% de ellos mujeres, la UANL no cuenta con cifras públicas o indicadores publicados sobre los casos atendidos de acoso y abuso sexual. Según el portavoz, actualmente se prepara un informe al respecto “para tener plasmada la historia de la Uniigénero [Unidad de género de la universidad]”. Este periódico llamó en varias ocasiones al teléfono de atención de esa unidad que recibe las denuncias de violencia sexual, pero nadie atendió la llamada.

‘A mí me cambiaron de lugar, pero muchas niñas van a seguir llegando’

El problema del acoso en la UANL no es nuevo. Cuando Ana —que prefiere no revelar su identidad por protección— leyó lo que estaba pasando en su alma máter, no pudo evitar revivir el trauma de ser acosada 10 años atrás por un profesor de matemáticas de la Preparatoria 1. Tenía 17 cuando el maestro de unos 50 le ofreció aprobar la materia a cambio de “un masaje de pies a cabeza”, cuenta a EL PAÍS la ahora egresada de la carrera de relaciones internacionales por la UANL. “Me sentí demasiado incómoda, la verdad me quedé en shock”, narra. “El maestro me dijo: ‘mira, ya no pasa nada, te voy a pasar, pero tienes mi número para cuando te sientas sola”, recuerda.

El acoso no se detuvo. El primer día de clases del cuarto semestre, el mismo maestro se acercó a su banco y comenzó a hacerle insinuaciones frente a toda la clase. Ella abandonó el salón al borde del llanto y se refugió con sus amigos, pero, a la salida, el hombre la estaba esperando en las escaleras e insistía en preguntarle cómo se iría a casa. Ana se armó de valor y al día siguiente fue con su madre a la dirección para denunciar lo que estaba pasando.

“Mi mamá estaba a mi lado y la secretaria nos dijo que ese maestro ya tenía muchas denuncias, pero que lo único que podían hacer era cambiarme de salón y levantar el reporte”, asegura. Una década después, la exalumna lamenta que la respuesta de la UANL siga siendo la misma. “A mí me cambiaron de lugar, pero hay muchas niñas que van a seguir llegando”, advierte. “Así como me pasó a mí, que era muy chica, me imagino de tantas situaciones que suceden y no se vale que respalden a los acosadores”, recalca.

Cuando Ana estudiaba la preparatoria, no existía el protocolo institucional para atender el acoso y la violencia sexual, ni la Unidad de Género encargada de recibir y acompañar las denuncias en la UANL. Estos mecanismos fueron creados en 2018 a raíz del primer estallido de denuncias que sacudieron las universidades de Nuevo León con el impulso del #MeToo y obligan a investigar de oficio cualquier denuncia de alumnas menores de edad. Los primeros casos fueron expuestos un año antes en una página web que sumó cientos de acusaciones, pero también amenazas e intentos de hackeo.

La cofundadora del colectivo Acoso en la U, Priscila Palomares, recuerda que pese a que las denuncias en la UANL eran más de un centenar, la institución no tomó acción hasta un año después. “No había dónde denunciar porque no tenían protocolos”, señala. “Ahora, no hay transparencia en el protocolo, no me parece que haya una debida atención”, expone. “Es más, yo creo que aquí vale la pena preguntarnos ese protocolo de la UANL para quién es, ¿para qué la institución quede bien o para atender a las personas?”, cuestiona.

El fracaso del protocolo ha hecho que se mantengan las protestas, como los tendederos que han puesto las alumnas. En menos de una semana, solo las redes sociales del Tendedero de Agresores UANL han recibido cerca de 40 acusaciones, algunas de ellas hechas por alumnas menores de edad. Entre los señalados hay docentes, alumnos y egresados. “Sabemos, tanto por experiencias propias como ajenas, que no se nos da el seguimiento debido como víctimas. Muchos casos se quedan congelados, muchos más, ni siquiera los toman”, alertan las estudiantes del colectivo.

Las denuncias en Nuevo León no son un hecho aislado. Las alumnas de otras universidades en el país han alzado la voz para poner freno a la violencia que viven. Como por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guerrero, la Universidad de Sonora y la Universidad de Guadalajara, entre otras. En muchas de ellas, el movimiento de mujeres forzó la creación de mecanismos de atención, seguimiento y sanción del acoso y el abuso. Como respuesta algunas de esas universidades han llegado a expulsar a varios de los agresores, entre los que hay profesores, alumnos y personal técnico. “Las universidades, las preparatorias y la secundarias deben ser espacios a los que las mujeres podamos acceder sin correr el riesgo de que nos violen, nos agredan, nos amenacen o nos maten”, reclama Palomares.

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