Un profesor destituido por acoso apela a la ley de datos para conocer la identidad de las estudiantes que lo denunciaron

De acosador a víctima. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha solicitado a la asociación Acoso en la U que revele los datos personales de las víctimas que hablaron públicamente sobre casos de acoso y hostigamiento sexual cometidos supuestamente por el denunciante en el Tecnológico de Monterrey en 2017. Mediante una solicitud de acceso a la información, el demandante, Felipe Montes, busca conocer el nombre de las estudiantes que hace cuatro años presentaron sus testimonios a través de una página web. Montes no ha respondido a las solicitudes de entrevista hasta el momento.

El documento, que se le hizo llegar a la organización a finales de diciembre de 2020 y al que EL PAÍS tuvo acceso, detalla que el demandante –en este caso, el profesor acusado de hostigamiento–, apela a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares por un supuesto trato indebido de su información. “Nosotros no dimos a conocer más información que su nombre junto con los testimonios”, detalla Priscila Palomares, representante legal de esta agrupación universitaria.

La asociación universitaria, constituida como una asociación civil, ha buscado el amparo legal de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), para que el INAI no revele los nombres e información de las estudiantes. “Es muy preocupante que los señalados de acoso o de violación acudan a mecanismos institucionales para continuar con el acoso, ya no sexual, pero que somete a procesos que generan costos y desgaste emocional”, dice Agneris Sampieri, abogada de R3D.

En noviembre de 2017, el Tec de Monterrey decidió suspender a Montes y posteriormente publicó protocolos de actuación ante casos de acoso y violencia de género dentro de la universidad. Felipe Montes fue académico de Literatura en el Tecnológico de Monterrey desde 1986 a nivel preparatoria, maestría y doctorado y fueron cinco mujeres quienes hicieron públicas sus denuncias.

Este es el primer caso que se haya documentado en México, donde la persona acusada de hostigamiento sexual apele a la Ley de Protección de Datos Personales para conocer la identidad de las denunciantes. “Nos preocupa que el INAI se preste a este tipo de procedimientos, ya que se trata de mujeres que por sus propias razones no deciden iniciar un procedimiento penal, sino solo hacerlo público para detener el hostigamiento”, dice Sampieri.

Montes ha negado en numerosas ocasiones estos señalamientos y ha acusado a una expareja y a otros miembros de Acoso en la U de inventar testimonios falsos en su contra. “El Tec, como ustedes ya saben, jamás permitió que yo ejerciera mi derecho de réplica; me negó ese derecho, entre otros”, ha publicado el también escritor en su cuenta de Facebook y argumenta que no existen denuncias formales en su contra, sino que solo se han realizado procesos dentro de la universidad.

De acuerdo con un análisis de la UNAM, las denuncias por acoso y hostigamiento sexual al interior de las instituciones de educación media superior y superior han crecido en los últimos años, en parte porque las víctimas encuentran foros o espacios donde pueden dar a conocer sus casos. “Es importante que quienes denuncian se sientan protegidas y que se mantenga su identidad resguardada”, dice Palomares.

Si el INAI decide fallar a favor de Montes, Acoso en la U deberá revelar la identidad de las denunciantes, además de retirar diversos contenidos de internet donde se le señale como acosador. “Se debe evitar que los procesos de protección de datos personales puedan ser usados en contra de las denunciantes y se dé una revictimización a nivel personal y con consecuencias para las víctimas”, indica la abogada de R3D. La organización de estudiantes iniciará una movilización el 10 de marzo en las oficinas del INAI para pedir que la institución no falle a favor del profesor.

Actualización:

Acoso en la U no tuvo que dar a conocer información de las denunciantes anónimas, según dio a conocer la abogada de R3D conforme a la resolución del INAI. Pero apunta que, “el inicio de un procedimiento de protección de datos generó una inhibición en las expresiones de Acoso en la U, quien ahora enfrenta un procedimiento de sanción a través del cuál el INAI puede imponer multas económicas por supuesto dolo o mala fe en contra de la organización; lo que pondría en riesgo la existencia de la misma”.

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