La Fiscalía General del Estado pide información sobre las causas por las muertes en residencias tras las críticas de inacción

La Fiscalía General del Estado ha pedido información a las Fiscalías de la Comunidad de Madrid, de Barcelona y de Castilla-La Mancha sobre todos los procedimientos penales abiertos con motivo de las muertes de usuarios de residencias durante la pandemia de covid-19. El escrito llega después de meses de quejas de las asociaciones de familiares, que se sienten abandonadas ante el archivo de diligencias y causas judiciales, y tras el duro reproche que esta misma semana emitía Amnistía Internacional, tras analizar casos en Madrid y Cataluña. La ONG concluyó en un informe que el Ministerio Público no está actuando de acuerdo a los estándares internacionales y está incumpliendo sus obligaciones, y criticó que casi el 90% de las investigaciones penales abiertas a hogares de mayores han sido archivadas: 451 de 517. Ahora Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, reclama a los fiscales señalados que, en el plazo de 30 días, informen sobre todos los procedimientos, tanto los iniciados directamente en Fiscalía como en los juzgados tras las denuncias de los familiares. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se considera preciso adquirir un “conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual de los procedimientos penales”, lo cual supondrá “proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar”.

Durante los últimos meses ha ido creciendo la indignación de los familiares y se han multiplicado sus reproches a la Fiscalía por su labor a lo largo de la pandemia. Especialmente después de que la Fiscal Superior madrileña, Almudena Lastra, declarara a la prensa que el sistema de triaje que creó la Comunidad de Madrid en la primera ola “no evitó derivaciones” y “era meramente orientativo”. Una afirmación que contradice lo asegurado por familiares de fallecidos, por directores de residencias y por patronales. Las asociaciones de familiares consideran que no ha habido una investigación real de lo ocurrido en las residencias en España, ni tampoco del proceso por el cual, durante la primera oleada, se restringió el ingreso hospitalario de mayores que vivían en estos centros en las comunidades autónomas más saturadas.

Al inicio de la pandemia, la Fiscalía General del Estado solicitó a todos los fiscales superiores de las comunidades autónomas que realizaran un especial seguimiento de las residencias, que fueron uno de los grandes focos en la primavera de 2020. Estos fueron remitiendo diariamente información de las incidencias en cada comunidad, tanto sobre personas fallecidas y contagiadas como de las medidas de la Administración que limitaran la libertad u otro derecho fundamental, así como de las “resoluciones judiciales sobre esta cuestión emitidas por los juzgados de guardia o de lo contencioso-administrativo”, según se lee en el escrito, firmado por el fiscal jefe de la secretaría técnica y fechado este miércoles. Es decir, que se fue elaborando, “en la medida en que las circunstancias sanitarias lo permitieron”, un “compendio diario de datos” con información sobre la situación de las residencias que fue centralizando la Fiscalía General del Estado.

Hasta ahora ha trascendido que entre 2020 y 2021 las fiscalías iniciaron 1.040 diligencias preprocesales civiles, en el marco de su papel protector, por actuaciones como por ejemplo la existencia de brotes en los centros, y 517 investigaciones penales, la mayoría por homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro. Sin embargo, puede haber casos que no estén recogidos en estas cifras, procedentes de denuncias interpuestas directamente en los juzgados.

Ahora se amplía la información que se solicita sobre las regiones señaladas. En el escrito se expone que, por orden de Delgado, las fiscalías deben remitir información sobre el número de diligencias de investigación abiertas por el ministerio fiscal desde el inicio de la pandemia; el número de denuncias interpuestas ante los juzgados directamente y copia de las mismas; el número de decretos de archivo de las diligencias de investigación y copia de esos documentos; el número de autos de sobreseimiento de los procedimientos judiciales, y el número de procedimientos penales actualmente en tramitación y el estado en que se encuentran.

En el escrito se afirma que “la ingente información recopilada” a lo largo de la pandemia dio lugar a “múltiples documentos normativos y regulatorios”, pero que “se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad acerca de los procedimientos penales incoados en las fiscalías territoriales y órganos judiciales de todo el Estado, que por su indudable importancia y trascendencia deben ser puestos en conocimiento” de la fiscal general. Por ello, es preciso adquirir un “conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual de los procedimientos penales incoados” en relación con las muertes de mayores que vivían en residencias.

En el texto se menciona concretamente a la Comunidad de Madrid y a Cataluña, donde según la última información publicada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, las muertes de ancianos que vivían en residencias ascienden desde el inicio de la pandemia a 6.479 y a 5.744, respectivamente. Datos “especialmente relevantes”, según se lee. Estas dos autonomías acumulan más de un tercio de todos los decesos del país en estos centros. La Fiscalía considera “igualmente destacable” el fallecimiento de 75 mayores en una residencia de Tomelloso (Ciudad Real), de ahí que también se solicite información a Castilla-La Mancha, donde los decesos ascienden a 2.959. A finales del año pasado, ocho familiares de mayores que vivían en esta residencia denunciaron que el director no apareció por el centro durante los primeros días del brote y que los trabajadores quedaron a su suerte, sin protocolo ni material de protección. El procedimiento ha sido archivado y los familiares lo han recurrido. El periódico Infolibre publicó que la fiscal del caso no acudió a la declaración del director porque estaba de vacaciones y reconstruyó las nueve horas de declaraciones de los testigos que constataban el caos vivido en la residencia durante aquellos días.