Un juzgado condena a la Generalitat Valenciana a indemnizar a los sanitarios por no darles medios de protección en la primera ola de la pandemia

El Juzgado de lo Social número 5 de Alicante considera que la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana puso en “grave riesgo” la seguridad y la salud “de todos los trabajadores sanitarios” al no dotarles con las suficientes “medidas y medios de protección” durante la primera oleada de la pandemia de covid, “desde el conocimiento que se tenía” de la expansión del virus y, especialmente, “desde la declaración del estado de alarma” el 14 de marzo de 2020, hasta el mes de mayo del mismo año. Por esta desprotección, en una sentencia firmada el pasado 7 de enero, el juez condena al gabinete autonómico a indemnizar con cuantías que van desde los 5.000 hasta los 49.180 euros a los 150 demandantes, todos ellos médicos. Es el primer fallo que fija indemnizaciones económicas en España.

El magistrado señala en su escrito que “durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020″, el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, “solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios”, incluida “la atención de pacientes infectados por coronavirus”. Añade que “las mascarillas de que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables” de cada centro. De esta forma, continúa el juez, los trabajadores “se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables” que “se enviaban a esterilización para su reutilización en la prestación de sus servicios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus”. La consejería tampoco “les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas”. Solo a partir del mes de junio de 2020, con la primera oleada contenida, “fue cuando empezaron a tener mayor abastecimiento”, dice la sentencia.

La resolución judicial, que no es firme y está sujeta a recurso, estima “parcialmente la demanda de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y reclamación de cantidad” solicitada por el sindicato médico CESM. Declara también que los facultativos “tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales por la Consejería de Sanidad de la Generalidad Valenciana”, por lo que condena al departamento que preside la consejera Ana Barceló a pagar 5.000 euros a cada uno de los trabajadores que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados, mientras que los que tuvieron que aislarse por contacto con afectados de covid deberán percibir 15.000 euros. Los sanitarios que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario deberán ser indemnizados con 35.000 euros, mientras que los que sí fueron hospitalizados tras infectarse recibirán 49.180 euros.

Además, el juez condena a Sanidad a “la adopción inexcusable de las medidas de protección” que dicten los servicios de prevención correspondientes y a la dotación de “medios de transporte y protección individual” a los sanitarios que efectúen labores de atención domiciliaria. Por último, el gabinete autonómico valenciano deberá “dotar al personal de los equipos de protección compuestos, al menos, por soluciones hidroalcohólicas, batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección, calzas específicas, guantes y contenedores grandes de residuos”.

Para el sindicato médico CESM, impulsor de la demanda, el fallo “reconoce que la consejería fue negligente y no dotó de medios de prevención” a los médicos y al resto del personal sanitario, “por lo que muchos de nosotros acabamos contagiados”, declara el secretario general del sindicato en la Comunidad Valenciana, Víctor Pedrera. Las tres provincias valencianas “batieron el récord de contagios entre el personal sanitario de toda Europa”, sostiene Pedrera, quien celebra que la sentencia obligue a Sanidad “a corregir y a evitar” que suceda lo mismo en el caso de que se produzca una situación similar.

Pedrera avanza que esta es la primera resolución judicial con sentencia dictada de las cinco que han presentado en total, en Alicante, Benidorm, Elche, Valencia y Castellón. En total, suman cerca de 1.000 demandantes con lo que, si todas las sentencias fueran favorables y establecieran las mismas indemnizaciones Sanidad podría enfrentarse a “una cifra total estimada, por lo bajo, en unos 25 millones de euros”, calcula el líder sindical. También recuerda Pedrera que acaba de admitirse a trámite una querella contra la consejería por los mismos motivos, que fue devuelta inicialmente por el Tribunal Superior de Justicia “porque incluía a la consejera, que es aforada”. Una vez retirada Barceló de la querella, esta sigue su curso judicial.

Por su parte, la Consejería de Sanidad ha asegurado a EL PAÍS que presentará un recurso de suplicación contra la sentencia.