Vigiladas y con denuncia: El doble error del sistema con los asesinatos machistas de Eva, Katia y Warda

Se llamaban Warda, Katia y Eva. Son tres de las 43 asesinadas en este 2021 por sus parejas o exparejas. Todos los casos son terribles y dejan un profundo dolor social. Pero hay veces que se encienden todas las alarmas porque las mujeres pidieron protección y no fueron protegidas, como les pasó a ellas. Warda Ouchen, que tenía 28 años y estaba embarazada de tres meses, había denunciado en dos ocasiones y llegó a tener una orden de alejamiento que ya no estaba en vigor. Fue asesinada junto a su hijo de siete años en Sa Pobla (Mallorca) el 17 de mayo. La orden de Katia Carolina, de 35 años, sí estaba vigente. Pero su expareja la mató en la madrugada del 23 de mayo en Zaragoza. Eva Jaular y su bebé de 11 meses también contaban con una orden de alejamiento en vigor que debía protegerles de la violencia de su ex. Él se la saltó y ella llamó a la Guardia Civil. Los agentes acudieron al domicilio en Liaño de Villaescusa (Cantabria) pero no detuvieron al agresor, según apuntan fuentes del caso. La mujer y la bebé fueron asesinadas el 17 de diciembre.

Tras casi dos años de pandemia, y después de un 2020 que dejó la tasa más baja de asesinadas hasta la fecha, 2021 repite como el año con menos asesinatos machistas de la serie histórica, una reducción para la que los expertos piden margen para poder analizar y explicar.

Desde 2003 han sido asesinadas 1.125 mujeres por sus parejas o exparejas. Los hijos e hijas también son víctimas: desde 2013, 336 se han quedado huérfanos y han perdido la vida 46 menores, la última una niña de tres años a la que mató presuntamente su padre en Madrid este jueves 30 de diciembre para después suicidarse. Fue la madre de la niña y exmujer del hombre la que dio la voz de alarma porque no se la devolvió. Es lo que se conoce como violencia vicaria dentro del maltrato machista: atacar a alguien por persona interpuesta. En el caso más extremo, se consuma matando a los niños para hacer el mayor daño posible a la madre. El término violencia vicaria se ha popularizado en este segundo año pandémico tras el caso de Anna y Olivia, las niñas a las que mató su padre en Tenerife. El cuerpo de la mayor fue hallado en una bolsa de deporte en el fondo del mar por el buque que llevaba semanas rastreando el océano. El cuerpo de Anna, la pequeña, no ha sido encontrado.

Las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y los niños y niñas asesinados en ese contexto son los casos que se contabilizan oficialmente hasta ahora. En 2022, entrarán en la estadística también el resto de feminicidios, los que se producen más allá de una relación sentimental, como cuando una mujer es asesinada tras ser violada o cuando un maltratador mata a su suegra además de a su esposa.

El análisis de los datos actuales muestra dos variables que los especialistas siguen analizando para buscar soluciones. ¿Por qué la mayoría de las asesinadas no habían denunciado? El 79% no lo hizo en 2021, un porcentaje similar al de años anteriores. Y, sobre todo, ¿por qué el sistema es incapaz en algunas ocasiones de proteger a las que sí lo hicieron y estaban bajo el radar de jueces y policías?

“Evidentemente, es un fallo del sistema que tenemos que analizar no solo el poder ejecutivo, también el poder judicial”, admitió recientemente la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, sobre el caso de Cantabria, en el que la Guardia Civil ha abierto una investigación para saber por qué los agentes no se llevaron detenido al presunto asesino cuando la mujer avisó. Nueve de las asesinadas habían denunciado en 2021. A siete se les habían decretado medidas de protección. Cinco tenían esas medidas en vigor cuando las mataron, según datos oficiales. Ahí es donde está el doble error de las instituciones: algo falla cuando no las ven, pero es aún más grave cuando las tienen delante porque ellas han dado la voz de alarma y aun así las matan.

Denuncias “tras muchos años de violencia”

“Las mujeres que se acercan al sistema no pueden ser invisibilizadas por él”, resume Miguel Lorente, forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. “Sobre todo sabiendo que lo hacen después de muchos años de violencia [la media supera los ocho años antes de denunciar], con muchos miedos, inseguridades y culpabilizaciones”. Todo el sistema edificado durante años para conseguir proteger a las mujeres ―una ley de 2004, un sistema policial y judicial especializado, recursos sociales, cribado sanitario― va incorporando cambios y mejoras que, en muchos casos, recaen sobre las espaldas de las víctimas.

Se sabe que la separación es un factor de riesgo porque el análisis judicial de las sentencias de asesinatos machistas detectó que ocurre en un amplio porcentaje de los casos. Se incluyeron preguntas específicas sobre los menores en los cuestionarios policiales después de que las hijas de Itziar Prats, Nerea y Martina, fueran asesinadas en 2018 por su padre, también por violencia vicaria, pese a que ella lo denunció. Cuando Prats acudió a comisaría, el protocolo policial no incluía preguntas sobre el peligro que podían estar corriendo sus hijas. El Estado le acaba de dar la razón y ha admitido un “fallo en cadena” de policías, fiscales y jueces.

“Es importante poner el foco en la falta de credibilidad que tienen muchas veces las mujeres y en la baja percepción del riesgo”, alerta Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. “Si la Guardia Civil va a una casa donde una mujer denuncia un peligro, se marcha sin hacer detenciones y después se produce un asesinato, está claro que alguien no se ha creído ese riesgo”.

¿Se valora bien el riesgo?

“Debemos plantearnos si estamos valorando adecuadamente el riesgo”, coincide Teresa Peramato, fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer. Peramato prefiere no valorar de forma específica ningún caso concreto, pero sí resalta que, cuando hay una orden de protección en vigor y se produce un quebrantamiento ―como supuestamente ocurrió en el caso de Cantabria antes de que Eva y su hija fueran asesinadas―, la experiencia demuestra que existe “un riesgo mayor que debe alertar a los profesionales” y que se deben tomar medidas más contundentes.

Esas medidas pueden ser, por ejemplo, las pulseras telemáticas que se colocan a los maltratadores. En España la llevan 2.556 hombres por decisión judicial. El dispositivo pita cuando el agresor se acerca a su víctima a menos de la distancia decretada, lanza un mensaje por la pantalla ―“Agresor cerca”― y alerta tanto a la policía como al servicio que las gestiona, Cometa. Ninguna mujer con este dispositivo ha sido asesinada. Aunque 2021 es un año con récord de pulseras, existen aún dispositivos sin poner (hay unas 3.000 y la previsión es llegar a 8.000 en 2023). Se decreta su uso en apenas uno de cada nueve casos con órdenes de alejamiento. Los jueces no siempre las ponen y los fiscales y abogados no siempre las piden.

Peramato insiste en dos reclamaciones. Pide “el auxilio de los expertos”, que se elaboren informes periciales en los juzgados por parte de forenses y psicólogos que permitan conocer con más detalle el riesgo real de cada caso. “Si no contamos con esos informes corremos el peligro de equivocarnos”, lamenta. España solo dispone de 24 unidades de valoración forense, que dan cobertura a 8,3 millones de habitantes, según recoge el Ministerio de Justicia en un informe publicado en 2020.

Existen múltiples trabajos e informes que analizan la violencia machista. Lorente reclama uno específico sobre estos casos en los que las instituciones fallaron tras la denuncia de las mujeres: “A lo mejor nos muestran elementos comunes útiles para quienes puedan tomar medidas; para ser eficaces en la prevención debes conocer muy bien el problema”. La fiscal comparte que disponer de un análisis cualitativo de estos casos daría más información a los profesionales para determinar “los factores precipitantes de riesgo y tener un porcentaje de aciertos mayor”.

¿Y qué se puede hacer cuando no denuncian?

Respecto a las mujeres que son asesinadas y que nunca denunciaron, los tres especialistas consultados subrayan un aspecto que es objeto de estudio y vigilancia por parte de las instituciones desde hace años: existen más formas de detectar el riesgo y llegar hasta ellas. “La experiencia nos dice que esas mujeres han debido sufrir algún episodio que puede servir de pista”, subraya Soleto.

Una visita al médico con un cuadro de ansiedad o alguna herida, algún comportamiento que haya llamado la atención en el centro escolar de sus hijos, alguna petición en servicios sociales… o el aviso de sus allegados.

Un informe presentado recientemente por el Instituto Andaluz de la Mujer recoge que seis de cada 10 andaluces conocen en su entorno familiar o amistoso a alguna víctima de violencia machista. Pero las denuncias que llegan desde el entorno no suponen ni el 2% del total.

Lorente reclama mayor conciencia social: “Si entendiéramos que la violencia de género no es solo un tema judicial y policial, la gente se implicaría más”. Y añade: “La disquisición no es si denunciar o no denunciar, también se puede hablar con servicios sociales, dirigirse a ella, decirlo a su familia, hacer algo distinto a la pasividad absoluta”.

Peramato insiste, no obstante, en que las denuncias deben de ser siempre el objetivo final: “Nadie puede ponerle límites a un agresor más que la justicia”, recuerda. Aunque se cometan fallos en algunos casos, solo si los agresores son denunciados “se podrá proteger a las víctimas al máximo de sus posibilidades y se podrán hacer labores de prevención para evitar que vuelva a cometer esos hechos. Es importante que todos los agresores sepan que la justicia tiene efectos. Es un aviso a navegantes: Cuando se condena a un agresor estamos diciendo a la sociedad que no toleramos”.