Notarios voluntarios al rescate burocrático de los afectados por el volcán de La Palma

El volcán de La Palma no solo ha enterrado a decenas de metros de profundidad los proyectos de vida de centenares de familias y empresarios. Su lava, paradójicamente, también ha destapado un caos administrativo acumulado tras generaciones de herencias mal redactadas, donaciones y cesiones de terrenos cerradas en documentos privados que nunca llegaron a entrar en registro alguno, cultivos o explotaciones ganaderas sin dueño por escrito; contratos de arras, precontratos o hipotecas fulminadas por el magma. O construcciones irregulares levantadas con toda la ternura y calidez del amor, pero sin la necesaria frialdad y aridez de la burocracia.

“Nada más llegar me di cuenta de la situación”, recuerda Francisco Cantos, decano del Colegio Notarial de Valencia. “Aquí no sucede como en otros puntos de España, donde todo está debidamente registrado. En La Palma hay mucho construido sin permiso, fuera de ordenación...”. Cantos es uno de los tres decanos que el Consejo General del Notariado ha destinado a la isla. Su labor es abrir una notaría de emergencia en el municipio de El Paso. La del decano del Colegio de Canarias, Alfonso Cavallé, pasa por ocuparse de la de Los Llanos de Aridane; y la del de Cataluña, José Alberto Marín, hace lo propio en Tazacorte. Los tres comparten misión: guiar y asesorar a los damnificados para que consigan las pruebas documentales necesarias que les permitan acreditar sus derechos para acceder a las ayudas, indemnizaciones o justiprecios. De forma gratuita.

Mari Carmen Medina es una de esas personas que necesita asesoramiento legal. Es mediodía en la plaza de España de Los Llanos de Aridane, y sale de las dependencias notariales con un nudo en la garganta. “Lo hemos perdido todo en Todoque: mi casa, la de mi hijo, las casas de mis hermanos...”, explica sin poder evitar que broten las lágrimas. Las escrituras de su casa y su terreno, asegura, están en regla, y aprieta contra el pecho una carpeta de cartón. “La casa la recibí como donación hace unos años”, rememora. En situación distinta se encuentra la casa de su hijo, explica esta ama de casa. “Yo tenía una huertita, y mi hijo me pidió construirse una casita en el terreno... ¿Qué iba a hacer yo si él no tenía dinero?”. Su hijo “trabajó mucho” en esa casa. “Pero nunca la registró”, admite Medina.

“Nos encontramos con muchos casos distintos”, explica Cavallé en su improvisado despacho. “Hay gente que no tiene escrituras, o que las tiene, pero no las ha actualizado tras haber hecho reformas”. “La idea”, completa Cantos, “es que quede constancia en documentos de la situación que había cuando llegó la lava y poder tener claro qué personas ostentaban qué derechos”.

El Valle de Aridane ocupa buena parte del oeste de la isla, partida en dos por la cordillera de Cumbre Vieja en la que ha explotado el volcán. El occidental es un territorio eminentemente agrario, a diferencia del oriental, donde se ubica la capital, Santa Cruz de La Palma, en el que predominan los empleos administrativos. No en vano, estos últimos han calificado tradicionalmente a los primeros como magos (canarismo que viene a significar persona que vive y trabaja en el campo). Los habitantes del valle, por cierto, se refieren a los santacruceros como portugueses.

A su muerte, estos propietarios de fincas las reparten entre su descendencia. Y lo común ha sido hacerlo a través de hijuelas, un documento privado que los herederos firman y por el que se reconocen entre ellos las respectivas propiedades. “Esos documentos ni han pasado por Hacienda ni por el Registro”, asegura Cantos. Aparecen, eso sí, en el Catastro. “Pero el Catastro no te dice quién es el dueño, sino quién es el sujeto pasivo”.

Es el caso de Delia González, una auxiliar de enfermería con dos hijos de 22 y 27 años que anda “regular de ánimos”. Perdió su casa en la localidad de La Laguna, en la que los tres estaban empadronados. Hace años, su padre repartió sus propiedades entre sus 14 hijos. “Nos dejó un trocito a cada hijo, con una hijuela a cada uno. Luego mi hermano me vendió a mí, otros se fueron...”. Y lo que más le preocupa: “No tengo las escrituras, y las ayudas tardan en llegar... Apenas he recibido 380 euros”.

Esta es una de las tareas que han de acometer los notarios de las tres oficinas: atestiguar que las personas residían donde dicen residir. Facturas, testigos, edictos... “Ahora el trabajo es guiar a los palmeros para que recopilen toda la información que puedan”, resume Cavallé. “Después de eso es cuando tendremos que ponernos manos a la obra para que podamos levantar un acta notarial”. Y todo ello, apoyado en todo momento por los datos del Catastro. “Uno de los mejores del mundo”, a juicio de Cantos.

Muchos de los palmeros han aprovechado la ocasión para poner en orden sus papeles, como Yeray González, residente en Las Manchas que se apura para asegurar su vivienda por si finalmente cae a merced del magma. O como otros muchos, que tratan de empadronarse en casas que, sencillamente, ya no existen, según expone Cantos. “Algo que dudo mucho que pueda hacerse legalmente”.

Cuando acaben las dos semanas que comenzaron el 2 de noviembre empezarán los turnos rotatorios entre notarios de toda España. “Al final”, coinciden tanto Cavallé como Cantos, “la solución más sencilla será la expropiación de los terrenos arrasados, pagarlos a precios de mercado y permitir vía legislación la construcción en zonas aledañas”, aseguran. “Pero esto es una decisión política”, matiza Cantos.

Y mientras tanto, será tarea de notarios poner en orden el caos administrativo que ha destapado el volcán. “Al final”, reflexiona el notario, “la lava lo ha legalizado todo”.