Un asentamiento chabolista para desahuciados de la pandemia en el corazón turístico canario

La avenida principal del asentamiento de El Pajar (barrio del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria) se extiende en silencio bajo el implacable sol del sur de la isla. En poco más de un año, la zona ha pasado de ser un simple descampado rodeado de plataneras y chalets a convertirse en un poblado de calles formado por varios centenares de chabolas desplegadas con cierto orden, en las que malviven dos centenares de personas y que, según denuncia la familia propietaria del terreno, también es usado como vivienda vacacional por algunos de sus residentes. La situación, en manos de los tribunales, es una de las últimas muestras de los efectos de la pandemia sobre una de las comunidades autónomas más empobrecidas de España.

El censo llevado a cabo por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cifra en unas 120 las personas que residen en este poblado levantado a escasos 7,5 kilómetros de la playa de Puerto Rico y a 12 de la de Maspalomas, si bien la cifra de chabolas no baja del centenar. El asentamiento carece de aceras, asfalto, planes urbanísticos. Tampoco hay servicios básicos como luz, agua, saneamiento o alumbrado en este antiguo camping, cerrado en 2018.

Lo que sí hay de sobra son palabras de queja hacia las administraciones. “Esto es una desgracia, vivimos como perros”, explica airadamente Jordán, un albañil de 38 años, separado y padre de tres hijos. Tras la llegada de la covid, la constructora en la que trabajaba rescindió su contrato y ahora lo emplea por obras, con lo que sus ingresos se han reducido hasta los 900 euros mensuales. “La covid ha hundido a todo el mundo, lo sé”, cuenta subido a una moto eléctrica que, explica, le ha prestado un amigo, “pero soy yo el que vive sobre cuatro palés y quien no tiene ni para alimentar a sus hijas. Necesitamos ayuda”. Y lanza una advertencia: “Si nos pretenden echar de aquí, esto va a ser la guerra. Que me den una habitación de hotel, como a los inmigrantes”.

También confiesa estar en una situación ahogada un argentino en la cincuentena, quien rehúsa dar su nombre. Llega a su chabola en bicicleta, cargado con cervezas y una bolsa de churros recién hechos. Llegó a Canarias hace 19 años, trabajaba de técnico en eventos, y ahora asegura sobrevivir gracias a 225 euros de paro mensuales y a 100 euros en una tarjeta para alimentos que le proporciona cada tres meses el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. “No tengo dinero para pagarme un techo y, además, soy perfil de riesgo”. El futuro le preocupa lo justo. “Soy argentino”, dice, “estoy acostumbrado a las crisis”. Cerca de ahí, Antonio Manuel entra al volante de un todoterreno Toyota. Se detiene y asegura que vive aquí porque no puede pagarse un apartamento en el sur para poder ir a su trabajo diario de camarero en playa del Inglés. “He conservado el trabajo con la pandemia, pero mi sueldo no da para nada...”.

La economía de Canarias depende del turismo en un 35% de forma directa. El cierre de los países de procedencia (sobre todo Reino Unido y Alemania) ha dejado a las islas con una tasa de paro del 25,4%, datos solo superados por los de la ciudad autónoma de Ceuta (28,52%). Es la tercera región europea con mayor tasa de desempleo, según Eurostat. El 35% de la población canaria vivía a finales de 2019 en riesgo de pobreza o de exclusión social, según los datos de El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2019, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN por sus siglas en inglés). La ONG Oxfam informa de que la tasa de pobreza en las islas ha crecido más de dos puntos porcentuales tras el confinamiento. Los que tienen empleo tampoco están a salvo de caer en la indigencia. El salario medio en las islas es el más bajo de toda España, solo superado por Extremadura, según los datos de la Encuesta de Población Activa.

Una de estas personas es Luna (49 años, nombre ficticio). Comparte una infravivienda, que muestra orgullosa, con su madre de 74 años y su hija de ocho. Trabajaba en una empresa de mantenimiento. La pandemia la llevó a engrosar las listas del paro y sufrir una depresión severa, por lo que percibe una pensión no contributiva de 190 euros. “Estoy mejor ahora gracias a la medicación”, explica, por encima del ruido del generador. Vive de la beneficencia y de lo que cobra su madre de pensión. El agua se la regala Torrente, un hombre que, según los habitantes del poblado, la vende a quien pueda pagarla y a quien no, la regala. Juana, su madre, asegura atravesar también por otra depresión. Ella, en cambio, posee una vivienda en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria. Pero asegura preferir vivir aquí junto a su hija. “No puedo subir las escaleras con mi rodilla”, y muestra sus numerosos vendajes.

“Hay muchos casos de personas con bajos recursos”, explica Mercedes Díaz, concejala de Política Social de San Bartolomé de Tirajana, “y nosotros no tenemos viviendas sociales donde alojarlos”. La edil subraya que el Consistorio ha tratado de empadronar a los residentes para que puedan recibir ayudas municipales. “Solo hemos recibido 10 peticiones”, asegura. Con todo, el equipo de Gobierno ha solicitado ayuda al Gobierno de Canarias para hacer frente a la situación. Díaz también apunta una salvedad: “Hay bastantes personas que han aprovechad la situación y se han montado aquí su vivienda de fin de semana”.

La propietaria del terreno es la familia Del Castillo, uno de los apellidos más ilustres de la isla (ostentan el condado de la Vega Grande, uno de los escasos títulos nobiliarios en el archipiélago) y promotores del turismo en las islas en los años sesenta (las actuales playa del Inglés y Maspalomas eran de su propiedad). Pedro del Castillo, portavoz de la familia, ha visto cómo han proliferado las infraviviendas desde junio de 2020, y admite que hay personas que se han alojado ahí al quedarse sin hogar por los estragos causados por la covid. Pese a ello, ha llevado el caso al Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, que es el que tramita el desahucio. “Nosotros pagamos muchos impuestos al año, cumplimos con nuestras obligaciones, y no es de recibo que la gente pueda instalarse donde le venga en gana. Si hay gente necesitada, tendrá que ser el Gobierno de Canarias o el Ayuntamiento quienes se ocupen de ellos”, defiende. La familia coincide con la concejala y denuncia que muchos de los que se han instalado en el terreno “lo usan como vivienda vacacional de fin de semana”.

Dos potentes quads entran derrapando por una de las calles y rompen el silencio de la tarde. Sus propietarios rehúsan dar explicaciones. Sí habla Gabriel Santana, cantante de 23 años en un dúo de flamenco que actuaba por bares del sur hasta el confinamiento. La suya no es una chabola al uso. La construyó con la ayuda de su padre albañil: 50 metros cuadrados, cama de matrimonio, paredes de cemento, suelo de cerámica, paneles solares y una piscina desmontable. En ella vive con su pareja y su niña de un año y medio. “Con la pandemia nos tuvimos que ir de nuestro apartamento en Arguineguín”, relata ella. “Ahora bien, te digo que si me tengo que ir, me voy, pero me iré con toda la pena de mi corazón. Aquí estoy mejor”.