La crisis del coronavirus

Termina el estado de alarma dejando a ocho millones de españoles con medidas provisionales

Cinco comunidades necesitan todavía el aval de la justicia a las limitaciones de derechos fundamentales

El fin del estado de alarma este domingo deja un mapa de medidas heterogéneas y dispares en cada comunidad. En algunas, no son ni siquiera definitivas. Es necesario que los tribunales superiores de justicia avalen limitaciones en cinco autonomías (Canarias, Galicia, Murcia, Navarra y Extremadura), en las que viven ocho millones de personas. En ellas, restricciones como los límites de reunión o los toques de queda pueden durar solo unos días si los jueces consideran que no se ajustan a derecho.

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Hasta ahora, los tribunales están ratificando mayoritariamente las propuestas de los gobiernos autonómicos. Lo han hecho con el cierre de zonas básicas de salud en Madrid, la limitación de reuniones a un máximo de seis personas en Baleares y Cataluña, y a 10 en la Comunidad Valenciana; y los toques de queda, tanto en esta autonomía como en el archipiélago balear. A la única a la que le han tumbado sus propuestas es al País Vasco, donde el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad se negó a avalar limitaciones similares, además del cierre perimetral que solicitó el Gobierno.

Tres comunidades han decidido no mantener ninguna de las limitaciones de derechos fundamentales que amparaba el estado de alarma. Son Asturias, Cantabria, Castilla y León. Y otras tres no las toman en principio, pero pedirán a los tribunales amparo si tienen que hacerlo en municipios que pasen de cierto umbral de casos. Así lo han anunciado Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha.

Hay un caso único, el de Aragón, que aunque sí limita el derecho de reunión y mantiene cierres en municipios de alta incidencia, lo hace amparado por una ley autonómica. Es al menos lo que defiende su Gobierno. Su presidente, el socialista Javier Lambán, se enorgullecía este sábado de su normativa: “Esta ley nos va a permitir en este momento hacerle frente a la situación que se genera después de suspensión del estado de alarma con más instrumentos jurídicos y más seguridad jurídica que la que van a tener el resto de comunidades. Hay quienes claman sin aportar ninguna solución y se dedican sistemáticamente a descalificar las opciones que aportamos los demás”.

Las cinco comunidades que están a la espera de resoluciones judiciales han solicitado medidas dispares. Canarias pidió el aval de su tribunal superior para limitar las reuniones sociales a un máximo de seis personas y establecer toque de queda desde las 23.00 en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y Lanzarote y desde las 00.00 para el resto. Murcia solo para la limitación de reuniones, también a seis, y lo hará para cerrar localidades cuya incidencia acumulada pase de 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Ambas lo solicitaron el viernes, y la resolución debería llegar como muy tarde el lunes.

Una terraza en Murcia a finales de abril.
Una terraza en Murcia a finales de abril. JAVIER CARRIÓN/EUROPA PRESS / Europa Press

Caso distinto es el de Galicia, Navarra y Extremadura, que todavía no han solicitado el permiso. Han aprobado sus medidas, las pondrán en marcha y pedirán el aval a posteriori. Navarra restringe a seis las reuniones y establece toque de queda de 23.00 a 6.00, mientras Extremadura se limita a establecer un número máximo para los encuentros públicos o privados de 15 personas. La Xunta gallega, por su parte, ha prohibido las reuniones de no convivientes entre la 1.00 y las 6.00, y se reserva el cierre de municipios con altas incidencias.

Esta situación de medidas provisionales a falta del aval de los tribunales se produce seis meses después de que se marcase la fecha para el fin del estado de alarma. Estaba previsto para el 9 de mayo y el Gobierno decidió no prorrogarlo. Tampoco adoptó ninguna medida alternativa hasta el pasado miércoles, cuando aprobó un decreto ley que agilizaba el trámite judicial para que los Tribunales Superiores de Justicia y el Supremo evaluaran las medidas que pudieran tomar las comunidades para restringir libertades básicas.

Desde entonces, hubo un goteo de decisiones autonómicas de solicitar o no estos avales. Algunas llegaron en seguida, caso de Baleares, que fue la primera a la que la justicia permitió mantener algunas limitaciones. La mayoría, sin embargo, esperaron al pasado viernes. Los Superiores de Justicia tienen 72 horas para pronunciarse. Mientras, ocho millones de ciudadanos viven con limitaciones provisionales.

Con información de Eva Saiz, Guillermo Vega, Bernat Coll, Elisa Tasca, Lucía Bohórquez, Lucía Tolosa, Isabel Valdés, Juan Navarro, Sonia Vizoso, Silvia R. Pontevedra, Cristina Vázquez, Pedro Gorospe y Nacho Catalán.

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