Los invisibles para el sistema: ¿cuándo se vacunan los que no tienen tarjeta sanitaria?

La estrategia nacional de vacunación no discrimina a nadie, pero aún no está claro cómo las comunidades autónomas lograrán localizar y vacunar a colectivos que son invisibles para el sistema. Inmigrantes en situación irregular, ancianos reagrupados legalmente por familiares que residen en España -que no tienen acceso a tarjeta sanitaria-, y las personas sin hogar corren el riesgo de ser excluidos de las campañas de vacunación, según han denunciado este jueves más de 40 organizaciones.

¿Cómo y cuándo se va a vacunar a inmigrantes en situación regular pero que no tienen derecho a la sanidad, como los padres mayores de residentes en España? ¿Cómo se va a localizar e inmunizar a los temporeros, de los que no hay rastro en los centros de salud? ¿Y a las cuidadoras migrantes que no pueden demostrar que son parte del colectivo sociosanitario porque no tienen contrato? Algunas comunidades ya han empezado a pensar en cómo llegar a todos aquellos que están fuera del sistema, pero ni las medidas son homogéneas, ni necesariamente eficaces. La falta de un plan común en todos los territorios tiene un impacto pequeño en la etapa actual de vacunación, cuando solo se está pinchando a mayores de 60 años, pero según se amplíen los tramos de edad se impondrá el desafío de informar, encontrar y vacunar a decenas de miles de personas.

Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España y uno de los miembros de la ponencia de vacunas que asesora al Gobierno en su estrategia, explica que todas las personas a las que les toque por edad deberían ser vacunadas, independientemente de su procedencia o de si tienen tarjeta sanitaria, tal y como dice el plan. “Pero la gran mayoría de inmigrantes en situación irregular son más jóvenes y todavía no es su turno”, explica. “Después de varios debates, decidimos no primar a grupos concretos en la estrategia, ya que por intentar vacunar primero a los más vulnerables o más expuestos, el plan puede ser logísticamente más complicado e ir más lento que si se hace por grupos etarios, tal y como se decidió”, señala. Los problemas, como dice, pueden venir más bien por la parte práctica: las personas que no tienen tarjeta tienen más complicado el acceso al sistema, a que un centro de salud se haga cargo de su caso, e incluso a enterarse de dónde tienen que ir para que los vacunen.

En general, las comunidades han adoptado tres sistemas para localizar a los invisibles. Algunas, como Galicia, han habilitado líneas de teléfono para que las personas sin tarjeta sanitaria puedan informarse sobre la vacunación. Este servicio en Galicia, sin embargo, “o no responde o no da ninguna orientación fiable”, según denuncia Médicos del Mundo. En Asturias o Aragón, por ejemplo, los centros de salud tienen la instrucción de incluir a las personas sin tarjeta en listados ad hoc con solo presentar un documento que les identifique, pero en Madrid el empadronamiento es un requisito obligatorio. Otras autonomías, como Castilla y León y Castilla-La Mancha, han pedido a las ONG que faciliten los nombres de las personas que atienden y que estén dispuestas a facilitar sus datos para ser vacunadas. En la Comunidad Valenciana, cualquier persona que quiera vacunarse puede pedirlo en un centro de salud o a través de ONG.

Las organizaciones denunciantes, representadas por Amnistía Internacional, el Colectivo de Afectadas por el INSS y REDER, una plataforma contra la exclusión sanitaria, reclaman al Ministerio de Sanidad “directrices vinculantes” para garantizar que ninguna persona sin tarjeta sanitaria se quede sin vacuna. Sanidad no ha respondido a EL PAÍS si se plantea armonizar los criterios para garantizar la inmunización a estos colectivos, pero insiste en que el Sistema Nacional de Salud “no discrimina a nadie” y recuerda que son las comunidades las encargadas de hacer la vacunación efectiva.

Ancianos inmigrantes

Los primeros excluidos de la vacunación, los mayores inmigrantes reagrupados legalmente por familiares que residen en España, ya comienzan a denunciar sus casos. Joshlin Pérez, 55, española de origen venezolano, lleva desde marzo acudiendo cada día a su centro de salud en Arroyomolinos, un municipio de Madrid, para vacunar a sus padres. La madre, con 79 años, ha sufrido dos ictus, tiene la parte izquierda del cuerpo paralizada y está en tratamiento psiquiátrico. El padre, de 81, es diabético y asmático. En España ya se ha completado la primera dosis para los mayores de 80 y así como para la práctica totalidad de las personas de 79 años, pero a pesar de la insistencia de Pérez, la respuesta es la misma: “No están en el listado”. Los padres, aunque se reagruparon legalmente con su hija en 2019, no tienen tarjeta sanitaria. El Real Decreto Ley impulsado por Pedro Sánchez en 2018 que pretendía recuperar la sanidad universal sigue manteniéndolos fuera del sistema. “Nadie me da una solución y yo siento intranquilidad, impotencia y mucho dolor. Tengo miedo de sacarles a pasear y que se me contagien y que acaben en una UCI y se puedan morir”, lamenta Pérez.

Según Médicos del Mundo, que está haciendo un seguimiento de la vacunación de colectivos vulnerables en 14 de las 17 comunidades autónomas, la estrategia con estas personas también varía según la comunidad. En Comunidad Valenciana se identifica a los familiares extranjeros reagrupados y a las personas sin hogar gracias a la ONG; en Extremadura intentan movilizarlos a través de una campaña en medios y redes sociales; en Castilla-La Mancha, la organización ha entregado un listado al sistema de salud y ya se les ha empezado a llamar.

“Consideramos muy positivo el enfoque de la estrategia de vacunación, que incluye a las personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica —tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud—, pero estas intenciones no se han hecho realidad”, denuncian las organizaciones. En el fondo del asunto hay una reivindicación mayor: que se adopte de manera urgente el anteproyecto de ley —ya anunciado por el Gobierno— para asegurar la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud.