La Eurocámara propone que se exima de pruebas y cuarentenas a los turistas vacunados

El certificado de vacunación europeo debería ser un verdadero salvoconducto, un documento suficiente para atravesar fronteras europeas evitando restricciones adicionales a los turistas, como cuarentenas o pruebas PCR. Así lo reclamaron el miércoles los principales grupos parlamentarios de la Eurocámara en el debate en el que debían fijar su posición sobre el llamado pasaporte covid, de cara a la próxima negociación con el Consejo Europeo (que representa a los Gobiernos europeos). El resultado de la votación parlamentaria celebrada este miércoles, y cuyo abrumador apoyo (540 votos a favor, 119 en contra y 31 abstenciones) se ha conocido este jueves, indica que este será el principal escollo en las discusiones con el Consejo, que pretende precisamente lo contrario: que los 27 Estados miembros se reserven la posibilidad de imponer restricciones y cuarentenas a los viajeros, incluso a los que lleguen provistos de un documento que acredite haber recibido una vacuna contra la covid-19.

El Parlamento, además, reclama que las pruebas PCR sean gratuitas y accesibles a todos los ciudadanos a los que se les exija para viajar, para evitar que el certificado resulte discriminatorio entre quienes han tenido la posibilidad de vacunarse o cuentan con anticuerpos naturales y quienes no. De lo contrario, por ejemplo, un joven de 20 años que no haya pasado la covid ni haya sido vacunado, al no entrar aún en los planes de inmunización, se vería obligado a asumir los costes de varias PCR para viajar, si así lo exigieran los países de destino; una persona vacunada, en cambio, no tendría que asumir ningún coste.

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Como suele suceder en Bruselas, se huele ya la batalla entre el Consejo y el Parlamento a cuenta del documento llamado a relanzar los viajes, el turismo y la economía este verano. Será una contienda corta, pero intensa: las negociaciones entre ambos órganos colegisladores para pulir las diferencias sobre el reglamento arrancarán en principio la semana que viene y las partes confían en llegar a un acuerdo en junio, justo a tiempo de salvar la campaña estival.

La Eurocámara busca acabar “con la situación caótica” vivida en los últimos tiempos, según ha expuesto ante sus colegas del hemiciclo el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, encargado de coordinar las negociaciones. Frente a una UE dividida, con cada país imponiendo medidas por su cuenta, el certificado debería ser “homogéneo, unitario, válido en todos los Estados miembros”, según ha reclamado el político canario y presidente de la Comisión de Justicia y Libertades Civiles; el título debería servir para poner fin a la “cacofonía de medidas” existentes, que disuaden a las personas de iniciar sus viajes por “temor a estar expuestos a medidas restrictivas adicionales además del certificado”. En definitiva, la principal batalla del Parlamento frente al criterio de los Veintisiete es sencilla: “Los Estados no deben imponer medidas restrictivas adicionales; el certificado debe bastar para volver a estimular la libre circulación”.

Los eurodiputados temen que la posición negociadora del Consejo, fijada a mediados de abril por los embajadores europeos, resulte en una versión descafeinada del certificado, convirtiéndolo en “una aplicación más, que añada burocracia”, pero carente de significado, según ha apuntado Jeroen Lenaers, del Partido Popular Europeo. El acuerdo al que llegaron los Veintisiete hace dos semanas propone, al contrario, que el reglamento del certificado “no debe abarcar las decisiones de los Estados miembros de imponer o eximir de restricciones a la libertad de movimiento”, guardándose el margen de maniobra de la discrecionalidad.

“¿Qué sentido tiene impulsar un programa europeo común si luego los Estados miembros pueden ignorar el certificado cuando les venga en gana e imponer restricciones adicionales?”, ha planteado la eurodiputada Sophia in ‘t Veld, del grupo liberal Renew, que ha zanjado: “El Parlamento se opone a ello”. Los ciudadanos, ha recordado esta política holandesa al Consejo, “quieren sus derechos, sus libertades, quieren viajar”.

La Eurocámara también ha lanzado un mensaje duro al Consejo sobre la discriminación en la que incurriría un pasaporte vacunal que exigiera pruebas costosas, pero solo a algunas personas: aquellas que no hubieran tenido posibilidad de vacunarse o que no posean anticuerpos naturales por haber superado la enfermedad. “El certificado tiene que ser gratuito y los test también porque son prohibitivos en algunos Estados miembros”, ha incidido López Aguilar durante su intervención. “No puede ser que tenga un precio prohibitivo y discriminatorio un test que es obligatorio”. El socialista ya advirtió el lunes, en un seminario sobre el certificado: “Si el Consejo no se aviene a negociar nuestra posición no habrá legislación [del certificado de vacunación] y eso sería un gran fracaso”.

Didier Reynders, comisario europeo de Justicia y responsable del proyecto de reglamento sobre el pasaporte, ha pedido durante el debate no atascarse “en argumentos sobre si hay que eliminar las restricciones para los que disponen de este certificado”. De lo contrario, “no podremos resolverlo con el tiempo disponible”, ha alertado. “Tenemos que garantizar que se pueda desplegar antes del verano”. Sobre el elevado coste de las PCR, Reynders ha argumentado que queda fuera de las atribuciones de la UE: “El reembolso de este gasto es una competencia de los Estados miembros”, ha dicho.

Ana Paula Zacarías, secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, cuyo país asume este semestre la presidencia rotatoria del Consejo, ha asegurado que tanto este órgano como los Veintisiete “son muy conscientes” de la importancia de reducir los costes de estas pruebas, pero ha propuesto acudir a mecanismos que ya existen para abaratarlos, como la reducción o supresión del IVA o la compra masiva de test a través de una contratación conjunta a nivel europeo.

El Parlamento ha dejado claro este miércoles que plantará cara de manera firme desde la primera línea del proyecto legislativo. Ni siquiera le gusta el nombre que propuso la Comisión en su iniciativa: certificado verde digital, como lo denominó el Ejecutivo comunitario, tratando de evitar el uso cada vez más generalizado de la palabra pasaporte. “Este certificado nunca ha sido verde, solo en la parte digital”, ha rebatido el popular Lenaers, que ha asegurado no haber recibido una respuesta convincente sobre el nombre propuesto por la Comisión. La Eurocámara, en cambio, prefiere llamarlo certificado covid-19 de la UE.

La Eurocamára, según ha indicado López Aguilar, también se bregará para defender el pleno respeto a los derechos fundamentales de privacidad y confidencialidad de los ciudadanos, asegurándose de que los datos que queden ligados al certificado no puedan ser almacenados por ninguna Administración central europea ni usados a ningún otro efecto, ni siquiera explotados internamente por los Estados miembros.

Apoyo de los ciudadanos españoles

España, donde la economía se la juega en la campaña turística de verano, se encuentra entre los países europeos más a favor del pasaporte de vacunación, según un reciente estudio de Ipsos elaborado para el Foro Económico Mundial, en el que se incluye un panel de países del mundo, pero no la UE al completo. El 75% de los encuestados en España cree que con ese certificado sería seguro viajar y acceder a eventos masivos (por detrás de Italia, con un 76%) e incluso un 55% (en Italia un 60%) estarían de acuerdo en que este documento fuera un requisito para entrar en restaurantes, tiendas y oficinas.

España prevé tener listo a finales de junio su propio certificado, que permitirá a los ciudadanos europeos que lo tengan entrar a España sin necesidad de pasar cuarentenas ni hacerse pruebas diagnósticas. El Ministerio de Sanidad no ha concretado cómo avanza el desarrollo logístico de este pase ni si contempla otorgar a los portadores del documento más privilegios que el evitar cuarentenas y pruebas a las personas que llegan a España.

En cualquier caso, tampoco hay consenso entre las comunidades sobre las posibles atribuciones de un pasaporte vacunal. Así, si bien el País Vasco, por ejemplo, pide que se use “con fines exclusivamente sanitarios y no turísticos”, Andalucía quiere ir un paso más allá. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha reclamado que se tramite un certificado común en toda España que permita la movilidad de las personas completamente inmunizadas de una comunidad autónoma a otra.

Andalucía, de hecho, ya dispone de un código QR propio que pueden descargarse las personas vacunadas y, aunque el Gobierno regional quiere que se use para facilitar la movilidad entre comunidades y la asistencia a eventos culturales, todavía no se han concretado sus funciones. Galicia, por su parte, exige que el certificado de vacunación que emite el Servicio Gallego de Salud a las personas inmunizadas sirva para viajar o acceder a sitios que exijan una PCR reciente. Otras autonomías, como Asturias o Castilla y León, emplazan a discutir y adoptar una decisión conjunta sobre los usos del certificado en el seno del Consejo Interterritorial de Salud.

Con información de Jessica Mouzo, Sonia Vizoso, Juan Navarro, Mikel Ormazabal y Eva Saiz.